Un aporte político de la actual campaña electoral ha sido, indiscutiblemente, la oportunidad de socializar los problemas de la ciudad. Los candidatos seguramente han enriquecido con sus contactos directos y giras, la versión general del DF que les fuera entregada al inicio de la campaña por la regencia capitalina. Con la contienda electoral, el conocimiento sobre los problemas ambientales dejan de ser exclusivos de especialistas y técnicos gubernamentales. Una ciudadanía que conoce un poco más de la capital y sus problemas, representa un significativo avance para encontrar mejores soluciones.
Uno de los más graves es la contaminación del agua en algunas zonas. Por su complejidad, el problema rebasa los estrechos periodos electorales; de ahí la importancia de que todos los partidos políticos lo aborden con mayor responsabilidad, más allá de los intereses inmediatos.
Un rosario de acontecimientos enmarcan el silencio y las burocracias gubernamentales. Suministros directos de agua con color y olor han sido denunciados, durante años, por vecinos del oriente de la ciudad. La explicación es muy sencilla. El programa de ejes viales de l978 convirtió al Valle de Chalco en la fosa séptica más grande del mundo. Ahí se asentaron los primeros pobladores expulsados de las viviendas destruidas por los ensanchamientos viales. Ahí se depositaron, en alrededor de 2 mil 500 hectáreas, los residuos órganicos de más de 400 mil personas por casi diez años. Cuando el drenaje del programa salinista Solidaridad llegó a Chalco, en l990, para recuperar el voto priísta perdido en l988, era demasiado tarde: los mantos freáticos superficiales se encontraban contaminados y fue necesario extraer el agua potable a 450 metros de profundidad. Sin embargo, el daño ambiental ya existía; en l98l algunos pozos superficiales de la región fueron clausurados al detectarse agua contaminada, pero el peligro continuó en otros pozos, incluyendo los domiciarios que aún se conservan en algunas zonas. El problema no es exclusivo del sur. En enero de l993, se registraron epidemias en Coatepec El Bajo, debido a la ingerencia de agua contaminada extraída de pozos domicilarios.
Otro rosario de acontecimientos son las denuncias sistemáticas de los habitantes afectados. La presión social, ejercida durante años y conocida hasta hoy por algunos candidatos al gobierno capitalino, ha obligado, por fin, a varias respuestas. Instituciones académicas como la UAM y la UNAM han realizado estudios que demuestran contaminación en el agua procedente directamente de las tomas domiciliarias, superior a los límites permisibles. La Comisión de Derechos Humanos del DF ha intervenido ya debido a las quejas que han hecho desde hace tiempo algunas organizaciones, incluyendo las del Partido Verde que adquiere hoy, lógicamente, un sentido electoral. El caso se encuentra abierto pues, a pesar de las evidencias, aún no se detectan las causas específicas de la contaminación por coliformes fecales, registrado en sitios localizados. De extenderse la contaminación de los mantos freáticos superficiales, de donde todavía se extrae parte del agua para la ciudad, se incrementarían los riesgos de afectar la salud pública.
Durante l996 el Fideicomiso CONSERVA, promovido por el DDF, financió 15 estudios ambientales, algunos se centraron en detectar contaminación de acuíferos y aguas superficiales; sus resultados, próximos a difundirse, nos aportarán algún conocimiento para enfrentar el problema y matizar así las simplistas respuestas de algunos candidatos que se afanan por atribuirse la solución con propuestas de largo alcance. Por ejemplo, la de traer más agua del Cutzamala, como única solución para disminuir la extracción de agua del subsuelo.
El asunto es delicado y merece mayor atención. Las políticas públicas sobre el agua deben ser analizadas como parte medular y no sólo del próximo debate entre candidatos al gobierno. La campaña electoral debiera aprovecharse para extender aún más el conocimiento sobre los problemas ambientales de la urbe. Los foros partidistas deberían convertirse en espacios de información y reflexión, pero con la participación de las autoridades responsables de dichas políticas.
Julia Carabias, titular de la Secretaría del Medio Ambiente, y otras autoridades del DDF han sugerido tal participación, manifestando que los partidos políticos no conocen con certeza los programas gubernamentales.
Hay que tomar la palabra y aprovechar los tiempos electorales para extender, por lo pronto, el debate público entre los responsables de las políticas hidráulicas y los futuros representantes legislativos y sus equipos técnicos; pues en pocos meses, muchos de ellos se incorporarán a las decisiones políticas de la ciudad. Convendría a todos, estar preparados no sólo para ganar la elección de la ciudad, sino para gobernarla con mayor conocimiento y responsabilidad.