Liberan a 24 indígenas de la localidad, pero les exigen firmar un acuerdo de reconciliación para retirar cargos
Angeles Mariscal, corresponsal, Tuxtla Gutiérrez, Chis., 17 de mayo Ť El gobierno del estado acordó la liberación de los 24 indígenas de la comunidad San Pedro Nixtalucum, municipio de El Bosque. Sin embargo, para desistirse de los cargos que se les imputan demanda que las partes en conflicto firmen un acuerdo de reconciliación.
Representantes de las 80 familias de indígenas tzotziles de San Pedro dieron a conocer que el pasado viernes se acordó con el director general de Gobierno, Mario Arturo Coutiño Farrera, el desistimiento de los cargos de homicidio, privación ilegal de la libertad, daños y asociación delictuosa, que pesan sobre 24 compañeros suyos recluidos en el penal de Cerro Hueco.
Los 24 indígenas fueron detenidos el pasado 24 de marzo, a raíz de un enfrentamiento suscitado entre diferentes cuerpos policiacos y pobladores de San Pedro.
En la refriega, siete policías resultaron heridos y cuatro indígenas muertos, y los campesinos acusados alcanzaron el desistimiento luego que se comprobó que se les estaba imputanto el asesinato de sus propios compañeros y que como única prueba en su contra estaba el testimonio de las autoridades priístas de su localidad, con quienes habían tenido una disputa verbal poco antes de que intervinieran en el conflicto los cuerpos policiacos.
Juez y presos esperan que se firme el convenio
Si bien el acuerdo para su liberación se dio desde el pasado viernes, las autoridades del gobierno estatal impusieron como condición para su salida la firma de un acuerdo de no agresión entre los más de 350 desplazados y la población priísta que permanece en El Bosque, mismo que permitiría el regreso de los desplazados.
Por ello, desde temprana hora las autoridades de gobierno y los representantes de los grupos en conflicto se reunieron con el fin de poner las bases del acuerdo.
Mientras tanto, los indígenas presos y el juez segundo del ramo penal, Manuel Martínez Antonio Alvarez, esperan la firma del acuerdo y el desistimiento que deberá signar la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) para poder girar la orden de liberación absolutoria.