Pablo Gómez
Cambiar el IFE

La reforma electoral a paso de tortuga --penosa y triste-- ha llevado a un organismo electoral demasiado costoso, copado por el gobierno en sus estructuras operativas y notablemente lento.

El Instituto Federal Electoral fue una respuesta tibia al reclamo nacional de comicios limpios. Primero, el gobierno ideó un organismo presidido por el secretario de Gobernación y absolutamente subordinado al Presidente de la República. El PAN aceptó aquel cambio cosmético, mientras se acusaba al PRD de intransigente por rechazar tan burdo engaño. Después, sobre la marcha y cuando el gobierno calculaba ganar la elección presidencial, se hizo una reforma para introducir en el IFE a unos nuevos consejeros ciudadanos que le otorgaran legitimidad a la elección de 1994. Finalmente, el gobierno dejó de presidir al Instituto y fueron cambiados los consejeros y algunas funciones de éstos, pero se mantuvo gran parte del anterior aparato operativo de militancia priísta.

De Fernando Gutiérrez Barrios a Jorge Carpizo, y de Emilio Chuayffet a Arturo Núñez, sólo el gobierno tomó las decisiones en el IFE. El actual secretario de Gobernación sostenía que él era completamente imparcial, a pesar de ser priísta, lo cual es imposible, pero no por ser militante político, sino por formar parte del partido oficial mexicano.

En el largo trayecto de construcción del organismo electoral, el gobierno fue trasladando paulatinamente el escenario del fraude. Ya no se podía hacer la defraudación al estilo de 1988 --prácticamente a los ojos de todos--, ni tampoco como se hizo en Michoacán en 1989, cuando se cambiaron burdamente los resultados electorales en las mesas de los órganos distritales electorales. Ahora se hacían necesarias nuevas formas para burlar el sufragio: la compra de votos, la presión del poder sobre el electorado, pero sin dejar el control del funcionariado electoral, válvula de seguridad del oficialismo.

En 1991, el gobierno compró votos por caudales; lo mismo hizo en 1994, mientras el IFE se hacía el disimulado y sólo servía de cortina de humo de la defraudación electoral.

Los nuevos consejeros ciudadanos del IFE, incluyendo a su presidente, deben tener muy buenas intenciones, pero no puede decirse lo mismo del secretario ejecutivo y de muchos vocales de juntas locales y distritales, priístas funcionales, es decir, parciales en el desempeño de su trabajo. Estos últimos ya estaban en el IFE cuando se realizó la más reciente reforma. Los legisladores priístas tuvieron buen cuidado de redactar la enmienda legal para asegurarse la permanencia de muchos funcionarios que fueron nombrados por las anteriores autoridades del Instituto.

Cada vez que se ha hecho una reforma del IFE, siempre se ha podido apreciar la maña con que se redactan las modificaciones legislativas.

Hoy ha sido superado el dogma priísta --aceptado y defendido inexplicablemente por el PAN-- de que el gobierno debería estar presente en el IFE para asegurar su buen funcionamiento. Pero existen aún muchas reformas que será necesario emprender.

Otro problema es el del enorme costo del organismo electoral, su absurda parafernalia --``la herradura de la democracia'' y otras ridiculeces--, que no le otorgan rapidez y efectividad al trabajo de preparar las elecciones, pero le cuestan al país innecesarias sumas de dinero.

En este estilo, el presidente y demás consejeros del IFE realizan toda clase de actos publicitarios, se la pasan haciendo declaraciones de prensa y discursos sin ton ni son, que no corresponden a la autoridad electoral casi en ningún país del mundo. Dar confianza a los electores y partidos sobre la conducción del proceso comicial se presenta como la justificación de todos esos gastos y actos superfluos. Pero, en la realidad, millones de mexicanos siguen desconfiando de las autoridades electorales y de las elecciones mismas, además de que persisten problemas para que la gente acepte concurrir a las casillas como miembros de sus mesas directivas, lo cual es aprovechado por los priístas para infiltrar a su gente.

No se advierte por ahora una gran operación fraudulenta a partir del IFE, pero eso no significa que éste marche muy bien y que deba ser defendido como una conquista democrática definitiva. Lo que ocurre es que casi cualquier cosa es mejor que lo de antes, sin que lo de ahora sea efectivamente el medio sencillo y natural de organizar las elecciones y procurar la igualdad legal de los participantes.

Si el IFE se encuentra ahora más alejado del gobierno, no se puede decir exactamente lo mismo del Tribunal Electoral, cuyas funciones pueden ser aún más importantes y decisorias que las del Instituto.

La reforma electoral sigue inconclusa en todos sus aspectos, incluyendo la conformación y funcionamiento del IFE en sus diversos niveles. De lo que se trata es de hacer tal reforma.