Paulina Fernández
Participación ciudadana

Para que la ``participación ciudadana'' no sea solamente un recurso de campaña, para que deje de ser un ingrediente del discurso de los candidatos cuya concreción está sujeta al resultado electoral, tendría que haber empezado a organizarse la población desde hace tiempo. No obstante, como la inquietud de participar políticamente prevalece en muchos ciudadanos que no pertenecen ni quieren formar parte de un partido, todavía es tiempo para una reflexión sobre el tema.

Una de las grandes tergiversaciones que el gobierno ha logrado hacer creer y aceptar como verdad, no sólo entre ciudadanos comunes sino hasta en dirigentes de partidos políticos, es que la participación política se reduce única y exclusivamente a la participación electoral, o más precisamente, a la emisión del voto individual cada tres o seis años.

Una falacia complementaria, frecuentemente repetida, es la que sostiene que participar en procesos electorales es participar en procesos democráticos, lo cual lleva lógicamente al absurdo de inferir que en México existe la democracia sólo porque se organizan elecciones periódicamente.

Otra falsedad igualmente difundida es la que justifica las decisiones autoritarias recurriendo al expediente de que la política es una actividad que sólo concierne a dirigentes y gobernantes, o que, según los seguidores de la corriente angloamericana, el problema de la democracia es, en realidad, la selección de entre las masas, de las élites que compiten entre sí para controlar el gobierno.

En la misma lógica y al amparo de la teoría de la democracia representativa, se asegura que no hay otra forma de organización política ni otro ámbito de participación ciudadana en los asuntos del poder, distinto a los partidos políticos. En el caso de México, se ha llegado al exceso de establecer que sólo pueden llamarse ``partidos políticos nacionales'' aquellos que cuentan con un registro legal, que en términos prácticos significa contar con la venia gubernamental. Desde 1946 quedó legalmente establecido que sólo pueden postular candidatos a puestos de elección popular los partidos políticos que previamente hayan obtenido su registro, disposición con la que se eliminó la posibilidad de que grupos de 50 ciudadanos de un distrito postularan ``candidatos no dependientes de partidos políticos'', como estaba previsto en la ley desde 1918.

Ante este conjunto de posiciones que forman parte de la cultura política dominante pareciera que a los ciudadanos, a la sociedad civil en general, no le queda más alternativa que participar a través de los partidos políticos y votar por los candidatos registrados por éstos, o quedar marginada de toda participación política.

Con base en este contexto político y jurídico, es necesario imaginar la participación ciudadana, independientemente del gobierno y los partidos. Se puede pensar en la conformación de grupos populares, de comités ciudadanos, o de comités civiles, o como se les quiera llamar, que se reúnan para analizar la realidad del medio en que se vive o se trabaja; empezar por saber cuáles son los principales problemas económicos y sociales del distrito electoral, del municipio o delegación, de la entidad federativa y del país. Las posibilidades de la participación ciudadana dependen en gran medida del conocimiento que se tenga de las funciones, facultades, obligaciones y derechos, de las autoridades y legisladores que se van a elegir en cada entidad federativa. No menos importante y más escaso es el conocimiento que tienen los ciudadanos de sus propios derechos y que, por ignorarlos, generalmente se dejan de ejercer.

Organizarse para conocer la realidad del medio en el que se vive o se trabaja, para comprometer a los candidatos y a sus partidos con la resolución de los problemas más urgentes y las necesidades generales, y una vez pasada la elección, vigilar el cumplimiento de las ofertas, de las promesas, pero sobre todo, de los deberes de las autoridades y legisladores, según el cargo respectivo, y si no cumplen con los ciudadanos, éstos tendrían derecho a exigir su renuncia, a promover su destitución, sin importar el partido político que los haya postulado.