Desaloja la policía en Chihuahua un plantón indígena ante la PGR

De la corresponsalía, Chihuahua, Chih., 22 de mayo Ť Por lo menos 20 indígenas heridos, 11 hospitalizados y 50 detenidos fue el resultado de un desalojo violento efectuado hoy por agentes de las policías Judicial del Estado, Antimotines y municipales, en contra de 100 campesinos indígenas del ejido Monterde, situado en los municipios de Guazaparez y Urique, en la zona serrana. Niños que acompañaban a sus padres en la protesta fueron retenidos en las instalaciones de la Procuraduría General de la República.

Las autoridades de Gobernación dieron a conocer que como consecuencia del enfrentamiento hay ocho policías lesionados --uno con fractura de cráneo-- y destrozos en algunos comercios.

Los campesinos llegaron a la capital del estado el lunes pasado; pretendían solicitar una audiencia con el gobernador Francisco Barrio, para pedirle que intercediera ante la PGR a fin de dar celeridad a una denuncia que formularon desde el 6 de enero en contra del ``cacique'' del pueblo, Antonio Alcocer, a quien acusan de fraude y despojo en contra de los ejidatarios.

Ante la falta de respuesta del Ejecutivo estatal, desde el miércoles por la tarde los campesinos se plantaron frente a la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) exigiendo a su titular, Hernán Rivera, agilizar las investigaciones. Este día, el jefe de Gobernación del estado, José Luis Franco Carrillo, ordenó el desalojo ``porque por un momento se rompió la gobernabilidad y había que recuperarla''.

En protesta por lo que consideró una ``brutal represión y un exceso de violencia'' contra los indígenas, el diputado local del PRD Dagoberto González se encarceló junto con los detenidos, mientras que el priísta Miguel Angel González advirtió que haría lo mismo en caso de que no se decretara la liberación inmediata de los detenidos.

El enfrentamiento en el que fueron desalojados los campesinos duró aproximadamente una hora, en razón de que bloqueaban una cuadra de la avenida Universidad, donde se encuentran las instalaciones de la PRG, que es considerada una de las arterias más transitadas de la capital del estado. Los policías gasearon y se enfrentaron a los manifestantes, quienes se defendieron con piedras.

Durante el encontronazo fueron detenidos dirigentes de organizaciones sociales como Luz Estela Castro, del Barzón, y Pavel Aguilar, de Odeppaffa, que en ese momento apoyaban la manifestación. La dirigente barzonista se encontraba detenida hasta anoche, mientras que el líder del grupo de indígenas, Saúl Carrasco, fue aprehendido y golpeado por 10 policías.

El titular del Departamento de Gobernación del estado, José Luis Franco Carrillo, señaló en rueda de prensa que ``por un momento se rompió la gobernabilidad'' y se debió actuar en consecuencia para recuperarla.

Justificó la represión del movimiento en la existencia de una ``fuerte presión ciudadana inconforme con los bloqueos de las principales avenidas de la ciudad'' y asumió la responsabilidad total de la orden dada al cuerpo antimotines.

El funcionario aseguró que el gobernador Francisco Barrio y el secretario de Gobierno, Eduardo Romero, no tuvieron conocimiento previo de la acción; sin embargo, extraoficialmente trascendió que dos horas antes del desalojo, efectuado a las 15:30 horas, hubo una reunión a puerta cerrada entre el mandatario panista y sus dos colaboradores.

Interrogado por integrantes de organizaciones no gubernamentales, frente a los medios de comunicación, el titular de Gobernación aseguró que los policías actuaron en legítima defensa contra la agresión de los indígenas y advirtió que de ahora en adelante el gobierno estatal actuará con firmeza para restablecer el orden, cuando éste sea violentado por manifestaciones intransigentes.

A las 20:00 horas de hoy, alrededor de 300 activistas de organismos campesinos, de derechos humanos, de desaparecidos políticos, entre otros, marcharon por las principales avenidas hasta llegar a la sede del Departamento de Averiguaciones Previas, para exigir la liberación de los indígenas, muchos de los cuales no hablan español.

Los dirigentes estatales del PRI y del PRD, Oscar Villanueva Chávez y Víctor Orozco, condenaron el exceso de violencia de las autoridades estatales e indicaron que hacía más de 20 años que no se presentaba este tipo de acontecimientos en el estado de Chihuahua.