Se encresparon los policías al ver que los indígenas resistían el ataque

De la corresponsalía, Chihuahua, Chih., 23 de mayo Ť La acción policiaca más represiva de que se tenga memoria en los últimos 20 años en la ciudad de Chihua- hua fue cuidadosamente preparada.

Tras la advertencia del jefe policiaco Heriberto Lachica: ``¡tienen cinco minutos para retirarse, ni uno más!'', tronaron las granadas de humo, sonaron tres disparos al aire y empezaron los macanazos, los descalabros, las patadas, las pedradas, los gritos, los rostros sangrantes.

El resultado de una hora de violencia: 36 indígenas heridos, tres de gravedad, y más de 50 detenidos. Del otro bando, en cifras oficiales: 44 policías golpeados.

Los 80 tepehuanes (de un grupo de 150 del ejido Monterde que había llegado de la región serrana de Guazaparez a demandar la acción de la justicia contra Antonio

Alcocer, el ex administrador a quien acusan de haberlos estafado) realizaban su tercer plantón consecutivo frente a la delegación de la PGR, bloqueando el tráfico en la avenida Universidad, una de las arterias más transitadas.

Los policías se lanzaron al ataque y los indígenas respondieron. Tenían a la espalda a sus mujeres y niños. Arrancaron adoquines de la calle, y lograron repeler a pedradas a los policías judiciales y anti- motines. Por unos minutos el desalojo se convirtió en enfrentamiento. Los policías se enardecieron al verse obligados a replegarse. Llegaron los refuerzos: 50 elementos armados con toletes.

Luz Estela Castro, dirigente de Usuarios de la Banca-El Barzón, arribó en ese momento, junto con dirigentes de diversas organizaciones, en apoyo de los campesinos.

La barzonista formó una cadena humana de mujeres indígenas tomadas de las manos, y se colocaron frente a los policías. ``¡Solución, no represión!'', gritaban temblando de miedo y coraje. Entonces, arremetieron contra ellas. A Luz Estela la subieron en vilo a una patrulla.

En rápido operativo, cuando ya eran 250 policías, entre municipales, judiciales y antimotines, lograron dividir en dos al grupo campesino.

Ahí se desató lo peor. Al que agarraban lo tupían a macanazos, patadas, bofetadas y puñetazos. ``¡Déjenlos, ya déjenlos, no los golpeen!'', gritaban los transeúntes indignados e impotentes ante la brutal golpiza que -no lo podían creer- estaban presenciando.

A cada indígena atrapado, le caían encima cinco policías. Nada los detuvo, aun derribados, sometidos, esposados, los seguían golpeando: golpes secos de las macanas contra el cráneo, las mentadas de madre, las patadas en las costillas, en todo el cuerpo. Se escuchaban gritos de dolor, en tepehúan-castellano.

Arrastrándolos y a empellones, metieron a los indígenas en las patrullas.

Una tepehuana, con los puños crispados de rabia, les gritaba que no golpearan más a sus hijos. Era Hermila Quezada, madre de Romualdo y Estanislao Aguirre Rojos, quien vio cómo, ensangrentados, los empujaron hacia dentro de las patrullas. Descalabrados todos -uno grave con traumatismo craneoncefálico, otro con un brazo quebrado, uno más con el rostro deforme por los golpes- escuchaban las preguntas que a gritos les hacían los reporteros. No podían responder. ``No hablan español'', explicó un policía.

-¿Quiénes son, qué les hicieron, cómo se llaman?

``Me pegaron la cara, me quebraron la mano. Soy Andrés Noriega Murillo'', dijo uno. ``Soy Aurelio Medina Palacios, tengo un brazo destrozado'', gritó otro. ``Soy Raúl Reyes Ramos. Soy Gregorio Quezada'', dijeron dificultosamente los que pudieron entender, mientras arrancaba la patrulla.

Unos 20 indígenas, en su mayoría mujeres y niños, lograron refugiarse en el edificio de la delegación de la PGR. Los judiciales intentaron entrar por ellos. En eso, dos agentes de la procuraduría, credenciales en mano, salieron a solicitar a los policías que ya no siguieran golpeando a la gente: ``Nosotros arreglamos todo. Nosotros hablamos con ellos para que se entreguen''. No fueron escuchados. Traían órdenes, dijeron, de detenerlos a todos, ``a como diera lugar''.

Pronto encontraron la forma, entraron por la parte trasera del edificio y, a macanazos, los obligaron a salir. Allí, en la salida principal, los esperaban los judiciales y los municipales. Salieron en fila y muchos de ellos fueron golpeados. Adentro se quedaron diez niños, aterrorizados. No quisieron que regresaran con sus padres, dijeron que los entregarían al DIF.

Para entonces, ya se habían llevado al dirigente, Saúl Carrasco, también gravemente lesionado. Diagnóstico médico: ``conmoción cerebral por golpe contuso''.

Eduardo Gómez, jefe de seguridad municipal, estaba pálido: ``Nosotros no fuimos, sólo venimos en apoyo. En la mañana nos llamaron de Gobernación del estado y nos habló Hermán Rivera, de la PGR, para que estuviéramos listos por si nos necesitaban''.

Las fotografías de los reporteros, las tomas de los camarógrafos, los testimonios de los periodistas, lo desmentían. Todos: judiciales, antimotines y municipales, participaron por igual.

Por la noche, el secretario general de Gobierno, Eduardo Romero Ramos, justificó la acción policiaca diciendo que ``ya se venía dando una escalada de este tipo de protestas, manipuladas por seudolíderes''. Aseguró que el gobierno quiere ``seguir teniendo un clima de tolerancia, de flexibilidad, de libertades'', pero no permitirá ``el libertinaje o el abuso del derecho'', advirtió.

``Esperamos que mañana reine la calma aquí en Chihuahua'', dijo el funcionario responsable de las relaciones políticas del gobierno panista.

Al día siguiente (ayer), las calles fueron tomadas por representantes de 30 organizaciones sociales y políticas, entre ellas El Barzón, el PRD, Cosyddhac, Odepafa-UCD y el Frente Democrático Campesino. Exigían castigo para quien ordenó la represión policiaca; la destitución del director de Gobernación, José Luis Franco Carrillo, y del director de la PJE, Heriberto Lachica; solución a la demanda de justicia del ejido Monterde e indemnización para los indígenas lesionados.