La Jornada 24 de mayo de 1997

Liberan a 11 indígenas de El Bosque; 13, aún en Cerro Hueco

Angeles Mariscal, corresponsal, Tuxtla Gutiérrez, Chis., 23 de mayo Ť Por desistimiento de cargos, 11 indígenas de la comunidad San Pedro Nixtalucum, municipio de El Bosque, obtuvieron su libertad. Continúan bajo arresto en Cerro Hueco 13 personas más, pese a que la firma del acuerdo de no agresión entre las partes en conflicto de este lugar, se efectuó bajo la promesa de liberar al total de quienes habían sido aprehendidos luego del enfrentamiento con los policías de Seguridad Pública y Judicial del Estado.

Este viernes, alrededor de las 5 de la mañana, 11 de los 24 indígenas de la comunidad San Pedro fueron trasladados al municipio de Simojovel, donde el juez Bayardo Raúl Nájera Peña les informó que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) ``se desistió de la acción penal''.

Los liberados son: Domingo Ruiz González, Mariano Hernández Díaz, Manuel Pérez Sánchez, Mateo González González, Abraham López González, Manuel Díaz Pérez, Mariano Díaz López, Javier Gómez López, Mariano Méndez López, Manuel González González y Mateo Genaro González, a quienes se les inculpaba de los delitos de lesiones, privación ilegal de la libertad en la modalidad de plagio y secuestro, daños y asociación delictuosa.

Uriel Jarquín Gálvez, subsecretario de Gobierno, señaló que después de un proceso de negociación y reconciliación en la comunidad de San Pedro, las partes en conflicto firmaron dos convenios: uno de respeto y tolerancia para la comunidad, y otro con las autoridades priístas, con quienes los detenidos y más de 350 pobladores han tenido diversas fricciones, lo que permitió que el procurador del estado, Jorge Enrique Hernández Aguilar, firmara el desistimiento a favor de 11 de los 24 indígenas detenidos.

Sin embargo, 13 personas más quedaron detenidas, porque además de los delitos de privación ilegal de la libertad, lesiones, daños y asociación delictuosa, están acusadas del delito del homicidio de tres de sus propios compañeros. Entonces, añadió Jarquín, ``necesitan un tratamiento más amplio porque hay algunos ilícitos en los que no procede el desistimiento y debe seguirse la investigación correspondiente''.

En este sentido, Miguel Angel de los Santos, abogado de los indígenas, señaló que existe una total ausencia de elementos suficientes que demuestren la responsabilidad de los detenidos en el delito que les imputan; entre éstos destacan las declaraciones contradictorias de la parte acusatoria, el cargo de homicidio adjudicado a personas que habían sido detenidas antes que se dieran los hechos y el que el agente del Ministerio Público que integró la averiguación previa es hijo del juez que lleva la causa, convirtiéndose este último en juez y parte.

Finalmente informó que la defensa se desistió de los 888 careos que los detenidos llevarían con las personas que les imputan los ilícitos y las que intervinieron en su detención.