José del Val
Los pueblos indios y la modernidad

Las negociaciones de Chiapas anunciaban promisoriamente la defunción del indigenismo como política de Estado. El nunca más un México sin nosotros era y es una de las condiciones de nuevas relaciones entre los pueblos y los Estados nacionales, dando carta de nacionalidad a la diferencia y sus democratizadoras consecuencias.

En esta tarea se encuentran involucrados prácticamente todos los países de América. Vemos en la prensa adecuaciones constitucionales en todas nuestras naciones y vemos la entrega de tierras y territorios a los pobladores originarios; lo vemos en el Panamá de Pérez Valladares, en la Argentina, de Menem; lo vemos en la Bolivia de Sánchez de Lozada y Víctor Hugo Cárdenas, etcétera.

Vemos asimismo el avance en la ratificación del Convenio 169 de la OIT aun en países tradicionalmente reacios como Brasil. Vemos la ratificación acelerada por nuestros países del Fondo Indígena de Iberoamérica, vemos avanzar rápidamente los procesos para la adopción de la Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas. La reforma de la Carta de Pátzcuaro y, en consecuencia, del Instituto Indigenista Interamericano perfila ya nuevos instrumentos como el Foro Permanente de Pueblos Indígenas en el seno de la OEA que darán presencia política definitiva a los pueblos indios en el contexto de ``Las Américas''.

Frente a todos estos hechos de la mayor relevancia resulta incongruente que México, país locomotora en la cuestión indígena desde la década de los 40, se encuentre hoy estancado en una negociación que más que servir para restañar heridas y avanzar en la transformación nacional ha producido crispación, confusión y desánimo.

Avergüenza seguir escuchando el eco reiterado de aquel primer grito ``Basta'' que los indios pronunciaron hace 29 meses y hoy sigue reverberando en los muros del miedo y la incomprensión.

La responsabilidad de tal vergüenza patria no es sólo de los duros dentro del Estado mexicano, es responsabilidad de todos: ¿Por qué no hemos escuchado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación estos años, cuya responsabilidad sobre la Constitución es última e indeclinable? ¿Qué ha pasado con el Legislativo nacional y sus comisiones que no saben qué hacer con el poder que la Constitución les otorga? ¿Qué le sucedió a la ``sociedad civil'' que brotó como pozo descontrolado y hoy, después de los obligados zapatur's no son más que algunos manchones de chapopote?

Es verdad que fue tan poco eficaz la negociación que acorraló a las partes en un callejón sin salida, donde hoy lo único común es: la desconfianza.

Sorprende constatar que parecemos no darnos cuenta del riesgo acumulativo que estas dilaciones implican para la soberanía nacional. Si no somos capaces de negociar, no faltarán presiones y voluntarios externos que terminen por imponernos ``sus buenos oficios''.

Estamos obligados todos a volver al principio, y reencontrar el origen y sentido de la negociación: construir las vías jurídicas para la reconstitución de los pueblos indios de México. Este fue el consenso nacional, éste es el acuerdo básico y es el punto a partir del cual podemos avanzar.

Existe consenso también en el conjunto de derechos que dan libre vía a la diferencia. Existen leyes nacionales que definen ya esos derechos como es el Art. 169 de la OIT ratificado por nuestro Senado.

Debemos cuidarnos de los excesos de los juristas que sueñan con encapsular la vida cotidiana de los pueblos indígenas en un galimatías de leyes y reglamentos, y creen ver en la normatividad indígena y en los usos y costumbres un tratado de derecho alternativo.

Indudablemente tenemos que hacer adecuaciones; tenemos que redefinir consesuadamente el tamaño y estructura de los municipios en las regiones indígenas, para construir en el marco constitucional los espacios adecuados para que los pueblos indios inicien el arduo proceso de reconstitución.

Necesitamos hoy más municipios, muchos municipios a escala humana; municipios a partir de los cuales los pueblos indios puedan convertirse en sujetos políticos de derecho pleno. Municipios en los cuales puedan definir y redefinir sus usos y costumbres.

Municipios en los cuales la práctica de la identidad sea el marco normativo y la garantía de la autonomía y la autosugestión; municipios que paulatinamente se coordinen hasta alcanzar por consenso democrático el tamaño social de cada pueblo indígena y el espacio territorial; el territorio adecuado para garantizar su reproducción social y cultural.

Debemos responsablemente ahondar y acelerar la federalización: hay que devolver al municipio atribuciones conculcadas y recursos escamoteados, y esto no sólo para los municipios indígenas sino para todo el país.

Es esta lucidez la que subyace en el ``para todos todo, para nosotros nada''. Tenemos ejemplos parciales en el país: en Chiapas, en Oaxaca, en Tlaxcala. ¿Qué esperamos para darnos la patria que nos merecemos?

La fuerza y profundidad de la transformación nacional tiene como único límite la fuerza de los más desfavorecidos; los intentos de llevar dos velocidades y dos caminos han producido siempre mayor desigualdad y riesgos reales de fractura nacional. Nuestra historia nos ha demostrado reiteradamente que es en esa figura donde radica el peligro mayor de la soberanía nacional.