Investigará el Congreso de Chihuahua el desalojo; lo ``sobredimensionan'': Barrio

De la corresponsalía, Chihuahua, Chih., 27 de mayo Ť En una ríspida sesión, el Congreso del estado resolvió integrar una comisión investigadora que recabe toda la información necesaria sobre el desalojo violento de indígenas perpetrado por las corporaciones policiacas bajo el mando de la Procuraduría General de Justicia local, y determine las responsabilidades a que haya lugar, así como las sanciones a los funcionarios de la administración estatal que ordenaron y ejecutaron la acción contra los campesinos del ejido Monterde el 22 de mayo.

En rueda de prensa, el gobernador Francisco Barrio Terrazas criticó al Congreso del estado por ``sobredimensionar las cosas'' en torno a los hechos de violencia contra el grupo de campesinos, y descartó que ``por el momento'' se tenga considerado destituir al comandante de la Policía Judicial del estado, Alberto Lachica, o al jefe del Departamento de Gobernación estatal, José Luis Franco Carrillo, como lo exigen los campesinos y organizaciones que los apoyan.

Barrio negó que su gobierno influya sobre los medios de comunicación para mediatizar el manejo de la secuela que dejó la represión del movimiento, e indicó que ``hubo de parte del gobierno, el jueves y el viernes pasados, una comunicación muy directa con la prensa, tratando de aportarles elementos, buscando que toda la cobertura que se hiciera fuera completa, que no faltaran elementos que fueran importantes en el asunto''.

Ante los campesinos e indígenas que fueron reprimidos, las fracciones parlamentarias de PRI, PRD y PT -con la abstención de Acción Nacional- aprobaron además otra resolución que declaró la sesión de ayer un desagravio hacia el grupo de ejidatarios y miembros de la etnia tepehuán violentados en su integridad física y su derecho de manifestación en reclamo de justicia.

Ayer mismo, el secretario de Gobierno y una comisión de ejidatarios de Monterde -apoyados por miembros de la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, organismo no gubernamental- participaron en una mesa de negociaciones, sin que hubiera acuerdos finales para resolver los problemas que enfrentan los campesinos indígenas con el grupo caciquil que tiene embargados los bienes del ejido desde el año pasado.

Frente a los diputados de las cuatro fuerzas políticas representadas en el Congreso local, los indígenas rindieron testimonio directo sobre los añejos problemas de injusticia que afrontan en el ejido Monterde, situado en el municipio de Guazapárez, a más de 500 kilómetros de la capital del estado, adonde debieron trasladarse hace nueve días en demanda de atención a sus reclamos.

Portavoz del grupo de ejidatarios, la indígena Margarita Baqueteros negó las acusaciones de funcionarios de la administración estatal panista, en el sentido de que están siendo manipulados por ``pseudolíderes'' o por partidos políticos. Dijo que ellos bajaron de la sierra a la ciudad de Chihuahua en busca de soluciones, y que nos les interesa venir a presenciar pleitos entre partidos.

``Lo que queremos es que se atiendan nuestros problemas; nos duele mucho ver a nuestros compañeros golpeados y que se haya llegado a todo esto para formar una mesa de negociaciones'', subrayó la indígena tepehuán.

Y el reclamo de Margarita tenía razón. Frente a ella y sus compañeros, los legisladores del PRI, PAN y PRD escenificaron un debate hostil, con acusaciones mutuas y reproches.

En la misma línea que la versión oficial del gobierno estatal, los legisladores de Acción Nacional acusaron al presidente del Congreso, José Silveyra, del PRI, al legislador perredista Dagoberto González y a los diputados que representan distritos con población de indígena de medrar con sus conflictos y los problemas de marginación que enfrentan las cuatro etnias de la entidad.

El coordinador de la mayoría priísta, Miguel Etzel Maldonado, y el legislador del PRD criticaron al PAN por pretender desviar la atención sobre las acciones represivas del gobierno, e indicaron que la investigación sobre el desalojo del jueves incluye la participación que tuvo en los hechos la policía municipal, bajo la responsabilidad del alcalde panista Gustavo Ramos Becerra.