Los recientes actos de violencia cometidos por presuntos miembros del EPR en varias localidades del estado de Guerrero y la respuesta del Ejército Mexicano a tales acciones, han generado un preocupante estado de tensión y temor que introduce factores de inestabilidad e incertidumbre en los comicios a nivel nacional y pone en riesgo la realización del proceso electoral en curso en las localidades afectadas por esos enfrentamientos.

La respuesta gubernamental a las manifestaciones violentas de grupos armados no debe traducirse en actos de represión generalizada contra la población civil, como sucedió ayer en los municipios guerrerenses de Atoyac y Olinalá, ni ser motivo para la persecución y detención de luchadores sociales que desarrollan su actividad apegados a la legalidad y de manera pacífica.

Cabe señalar que el grave estado de tensión y descomposición social y política en diferentes estados del país, Guerrero, Oaxaca y Chiapas especialmente, es producto del cierre de canales institucionales para la solución de los conflictos, de la impunidad con que se desenvuelven caciques y guardias blancas y de la negligente actuación, en ocasiones de manera contraria al estado de derecho, de autoridades estatales y municipales. La militarización creciente y los actos represivos realizados contra las comunidades de las diversas zonas en que se han registrado conflictos --armados, agrarios, religiosos o políticos-- deben detenerse, pues tales acciones, además de ser a todas luces inaceptables y contrarias a la solución pacífica de las diferencias, soslayan las razones de fondo que han generado las inconformidades, generan abusos y violaciones a los derechos humanos por parte de efectivos de las agrupaciones policiales y militares, infunden temor y exacerban aún más las tensiones sociales.

En lo inmediato, resulta indispensable restaurar la paz y el estado de derecho en las localidades afectadas por la movilización militar y detener la persecución y la represión contra la población civil, a fin de garantizar la realización de los comicios del próximo 6 de julio de manera pacífica y evitar que tales enfrentamientos generen una tensión indeseable en el proceso electoral inminente.

Sin embargo, para ofrecer una solución efectiva a estos problemas cada vez más preocupantes, es necesario que las diversas instancias de gobierno, tanto locales como estatales y federales, pongan en práctica acciones concretas y eficaces, en los ámbitos político, jurídico, económico y social, para dar respuesta a las justas demandas populares --cese a la injusticia, la impunidad y la marginación, respeto a los derechos de indígenas y campesinos, solución a los rezagos económicos y de tenencia de la tierra-- y abran espacios institucionales para la participación política y pacífica de los grupos que actualmente se encuentran en conflicto.