En Guerrero, maniobras para desactivar focos rojos en la sierra

Matilde Pérez U., enviada /I, Atoyac, Gro., 27 de mayo Ť En la sierra de Guerrero se dice en voz baja: ``estamos en guerra''.

A su manera, los habitantes hablan de esos signos: persecución, encarcelamiento y denuncias falsas en contra de los dirigentes sociales con arraigo; oleadas de asesinatos que pretenden explicarse como pugnas entre PRI y PRD; división interna --promovida por acciones gubernamentales-- de las organizaciones regionales con influencia política y agraria en las comunidades; surgimiento de grupos paramilitares y abandono colectivo de comunidades por los homicidios y amenazas de muerte.

Por su parte, algunos dirigentes regionales del PRD --que a partir de 1988 se ha mantenido como la segunda fuerza político electoral-- hacen severas autocríticas: ``no hemos podido desarrollar proyectos productivos a largo plazo para los campesinos. Hasta la fecha hemos sido los administradores de los programas oficiales''.

En esta región los indicadores de bienestar social han descendido dramáticamente como en el resto del estado, ya que de ocupar el lugar 29 en ingreso per cápita en 1970, pasó al sitio 31; la expectativa de vida es de 66.8 años, es decir 2.3 años por abajo de la expectativa nacional; la tasa de mortalidad está por encima del promedio nacional; ocupa los últimos lugares en servicios de agua potable, drenaje y alfabetización. En suma, Guerrero se compara al país más atrasado del mundo: Haití.

En la sierra de Guerrero, de acuerdo con datos oficiales, el 31 por ciento de los poco más de 77 mil habitantes son analfabetos; los niveles de nutrición de la población están por abajo de los mínimos recomendables por la Organización Mundial de Salud; existe un médico por cada 5 mil habitantes y el suministro de medicamentos es prácticamente inexistente; el 77 por ciento de las 479 localidades carece de energía eléctrica, 205 de éstas no tienen agua entubada y drenaje, y la mitad del año los pobladores están aislados por la temporalidad de los caminos.

Incremento y afianzamiento de los grupos de narcotraficantes, asaltos, secuestros y robos forman parte de este panorama de marginalidad. En abril, el coman- dante de la 27 Zona Militar, general Alfredo Oropeza Garnica, informó que el cultivo de amapola aumentó 26 por ciento en los primeros cuatro meses de este año, en comparación con el mismo periodo de 1996.

Desde la aparición del Ejército Popular Revolucionario (EPR), los patrullajes e instalación de retenes por parte del Ejército Mexicano se han vuelto constantes. En la colonia del Ticui --Atoyac-- quedará instalado un cuartel de la 27 Zona Militar y en el ejido Tepetixtla --Coyuca de Benítez-- la tropa ocupa siete parcelas desde finales de 1996.

A 30 años del surgimiento y extensión de los movimientos armados de Genaro Vázquez Rojas y Lucio Cabañas Barrientos --época en que se combinó la represión con importantes inversiones en infraestructura, orientadas a renovar la atrasada estructura económica mediante el llamado Plan Guerrero-- el gobierno federal vuelve otra vez su mirada a esta región y 1997 es declarado Año de Guerrero.

Ahora con el Programa de Desarrollo de la Sierra de Guerrero (Prodesig) --a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol)--, basado en un Consejo Regional de Desarrollo (Cresig), en el que participan los representantes de algunas organizaciones sociales, ejidos y comunidades, se pretende apagar el malestar social, económico y político de la población y mostrar que las decisiones brotan de la sociedad.

En el Cresig --presidido por el gobernador Angel Aguirre Rivero-- se decidirá el destino de los 145 millones de pesos de inversión inmediata para atender a la población de 479 localidades ubicadas en 18 mil 797 kilómetros cuadrados de los municipios de Chilpancingo, Coyuca de Benítez, Atoyac de Alvarez, Tecpan de Galeana, Petatlán, Teniente José Azueta, Coyuca de Catalán, General Heliodoro Castillo, Leonardo Bravo, San Miguel Totolapan, Ajuchitlán del Progreso, Coahuayutla de José María Izazaga y Eduardo Neri.

Sin embargo, el gobierno federal indicó que la mayor parte del presupuesto se canalizará a la construcción y rehabilitación de caminos rurales, a la conclusión de los 260 kilómetros del proyecto carretero de Filo Mayor --que cruza la sierra desde Puerto del Gallo, Atoyac, hasta Vallecitos de Zaragoza, José Azueta-- y a la dotación de 13 mil toneladas de fertilizantes y 34 mil desayunos escolares.

Arturo García, director general de la Red de Agricultores Sustentables Autogestivos, opina: ``es la nueva cara del paternalismo ejerciendo un control más refinado. El gobierno hace creer a los dirigentes sociales del Cresig que les da la oportunidad de administrar y decidir sobre los recursos, pero lo único que hacen es avalar lo ya etiquetado''.

El Cresig --al igual que otros programas-- no ``combate la pobreza, sólo atiende los focos rojos''. La intención real es crear un contrapeso para los grupos armados (EPR), frenar el descontento social y, por medio de esos líderes sociales, ``tener un mapa político e ideológico de cada una de las comunidades para ubicar a las más radicales y saber quiénes de sus habitantes las dirigen y forman opinión'', agrega.

Ex miembro fundador de la Coalición de Ejidos y Comunidades Cafetaleras de la Costa Grande y de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras, Arturo García es uno de los líderes sociales regionales a quienes se ha tratado de desarraigar y restar fuerza moral al señalarlo como presunto ``guerrillero salvadoreño'', y hasta como ``traficante de armas''.

Sus críticas también se extienden a las dirigencias de las organizaciones. ``Ya caducaron, han terminado viciadas y alejadas de sus bases. Ante la falta de alternativas se han convertido en intermediarios de la gestión frente al gobierno y obligados a pasar el filtro de la viabilidad política'' instaurado por las secretarías de Desarrollo Social y del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, la primera al frente del programa de la Sierra y la segunda del de la Montaña.

El gobierno está tratando de impactar con la parte monetaria para que la gente diga que sí ``está ayudando'', pero esos beneficios no llegan a los pobladores debido a los pleitos intersecretariales, los cuales siguen frenando los auténticos proyectos autogestivos y autónomos de los campesinos organizados, puntualiza.

Habla de las condiciones de marginalidad de los habitantes de la región: los ingresos de los campesinos son de 200 a 300 pesos mensuales; irregularidad en los servicios de los centros de salud, cuya mayoría está abandonada, mínima construcción de aulas escolares, otorgamiento selectivo de los mil 400 pesos para pie de vivienda, se han establecido ``programitas de producción agrícola'' y paulatinamente se están reviviendo las tiendas comunitarias.

Dice que las comunidades de la Sierra han cuestionado la construcción de la carretera de Filo Mayor, pues si este proyecto no está acompañado por un programa certero de manejo forestal, de agostaderos y agrícola, se convertirá en ``una autopista en los cielos'', ya que su trazo no va integrado con caminos que entronquen con las comunidades.

Para el dirigente de la cooperativa cafetalera La Pintada, Arturo Martínez Nateras, el Prodesig es parte de la política demagógica y populista que distribuye ``mendrugos para mantener la sobrevivencia del sistema'', cuyo objetivo oculto es separar a las comunidades de Filo Mayor de la Costa Grande. Por lo pronto, dice, ya lograron la división del Consejo Supremo de Pueblos de Filo Mayor.

Pero también señala las contradicciones que lleva consigo dicha política y como ejemplo inmediato menciona la detención de Pablo Cortés Barona (2 de mayo, acusado por judiciales estatales de portar 300 gramos de goma de opio) uno de los principales miembros del Cresig, y a quien conoce desde hace 30 años. ``Ha sido un dirigente sin tacha, con una trayectoria y rectitud, pero ello muestra que no se respeta ni siquiera a la gente que lleva la ilusión gubernamental para impulsar el desarrollo en la Sierra''.

Una semana antes de su aprehensión, Cortés Barona, en una reunión del Cresig en la comunidad El Durazno, municipio de Coyuca de Catalán, ante los titulares de Sedesol y Semarnap, y el gobernador de Guerrero, habló de la corrupción de los encargados del orden y la procuración de justicia y de las familias que en la Sierra se dedican a la siembra de amapola por ser única alternativa para su economía familiar.

Advirtió que la siembra de enervantes es un asunto que debe resolverse conjuntamente. ``Estamos seguros que si no le encontramos remedio, tal vez salgan sobrando tantos esfuerzos y recursos para lograr salir de este tremendo atraso en que nos encontramos'', dijo.

En esa reunión informó que ya se estaban integrando policías comunitarias --son ciudadanos honestos y honorables electos en asambleas comunitarias, que al incurrir en una falta son removidos-- y que se pretendía tener un grupo por cada cuenca o ruta de abastecimiento, para en un futuro inmediato tener un cuerpo de seguridad en todo Filo Mayor.

Para fortalecer a esos cuerpos de seguridad comunitarios, solicitó al gobernador capacitación técnica, uniformes, armamento y salarios dignos ``para que no se vean en la necesidad de robar''. También había propuesto una reunión del Cresig con el Ejército Mexicano, la Procuraduría General de la República y la Procuraduría del estado para coordinarse en el combate al narcotráfico y abordar ``el asunto de la impunidad''.