Para la ciudadanía hoy es más fuerte la preocupación sobre la efectiva transición de los poderes de gobierno a un partido de oposición triunfante (sobre todo si está a la izquierda) que sobre la transición democrática formal (transparencia de las elecciones y respeto del voto, suficiente vigilancia sobre el proceso electoral, etcétera).

La inquietud no parece fuera de lugar. Un partido que ha estado en el poder durante más de siete décadas es lógico que no lo ceda fácilmente, que se resista a entregarlo y, en la desesperación, que utilice recursos turbios para seguir gozando de prebendas que de pronto, sin saber cómo ni porqué ni cuándo, se le escapan de la mano.

Se dirá que la experiencia tiene antecedentes en los estados gobernados por el PAN. Es verdad, pero también es cierto que el significado de entregar el poder en el Distrito Federal, sede de los poderes federales, tiene un alcance de otra dimensión. El gobierno del Distrito Federal siempre se consideró uno de los altos puestos en la pirámide presidencial que vivimos.

Pero hay muchos síntomas de que será así, de que después del 6 de julio el PRI y su gobierno deberán entregar esta plaza fuerte a la oposición, por mandato de la ciudadanía en las urnas. Los poderes que ha tenido el PRI en el Distrito Federal, sus poderes ``naturales'', gracias al presidencialismo omnipotente, están a punto de terminar. Pasan ya a la historia y son cosa de tiempos idos.

Pero es comprensible la preocupación ciudadana de que el partido y el gobierno de los 70 años, con sus complicidades y conductas ``reflejas'', se resistan a hacerlo. Se percibe la dificultad cuando en la publicidad del PRI, sin exceptuar la campaña del Distrito Federal (las grotescas referencias al antisemitismo y a la intolerancia de Cárdenas, a los ``violentos'' del PRD, etcétera, recursos baratos que se revierten en contra del candidato Del Mazo), aparecen amenazas de caos y desorden, en el supuesto de que las oposiciones obtengan la mayoría.

Son claros estos síntomas cuando el jefe del Estado, militante del PRI, argumenta agresivamente que las oposiciones mienten al decir que se mejorará el país con el cambio. En él también --sobre todo en él-- se expresa el síndrome de que sólo quienes tienen el poder y la palabra son poseedores de la verdad: una seguridad postiza y la mistificación mesiánica que sólo descubre la verdad y la exclusiva razón en el propio espejo (distorsionado). A estas alturas la ciudadanía sabe bien que el desastre ha venido del gobierno, no de otro lugar, disponiéndose a expresar mayoritariamente su voluntad de buscar otras alternativas de las que ofrece el gobierno y el partido anquilosados.

(Con todas las diferencias del caso, se prueba a nivel planetario que el péndulo está de regreso y que se aleja de las ``verdades últimas'' que sostienen nuestros actuales gobernantes: hace unas semanas Gran Bretaña dijo basta a la tradición tatcherista; esta semana Francia regresa a una política que privilegiará la creación de empleos, la producción y la atención social y que no se conformará con el control dogmático de la inflación y los ajustes.)

Según la nueva legislación electoral en México y la nueva vigilancia sobre las elecciones, ¿podrá darse un fraude de magnitud sin precedentes, como el que no descartamos aquí? Los expertos piensan que sería casi imposible, aun cuando no lo excluyen absolutamente. ¿El Ejército avalaría una violencia de tal magnitud a la ciudadanía? Resultaría muy difícil.

En todo caso, intentos de ese orden plantearían al interior del país una situación de ruptura de tal dimensión que nos colocaríamos al borde de la guerra civil, o de enfrentamientos internos de gran alcance. Es obvio que una intentona así tendría costos nacionales e internacionales para el PRI y para el gobierno de un alcance prohibitivo.

Remota la posibilidad, es cierto, pero no descartada. Esto significa que la ciudadanía, ante el 6 de julio que se aproxima, además del ejercicio de sus derechos políticos deberá ejercer sus derechos ciudadanos redoblando la vigilancia y efectuando las denuncias y señalamientos que dispone la ley. El 6 de julio cobra un significado especial: no sólo la fecha de la primera elección en 70 años de un gobernador del Distrito Federal y el inicio de una nueva alternativa histórica para México, sino la posibilidad de que por primera vez el PRI no tenga una mayoría automática y disciplinada al Ejecutivo.

Fecha significativa porque tales metas democráticas están al alcance de una ciudadanía que muestra ya su decisión de cambio y la voluntad de hacer respetar su libertad política tal como se exprese en las urnas.