La ciudad de México, como el país, está sumida en la crisis desde 1982; desde entonces la economía no ha crecido realmente. En 1996 y 1997 sólo se ha recuperado lo perdido en 1995 en términos de las variables macroeconómicas; la población no se ha beneficiado. La política neoliberal de Salinas-Zedillo ha fracasado en su objetivo de superar la crisis y asegurar el crecimiento económico. Lo que ha logrado es destruir la micro, pequeña y mediana empresa agraria, industrial y comercial que más empleo genera; desindustrializar el DF; contraer el mercado interno; elevar el desempleo; hacer proliferar el sector informal; engendrar millones de deudores de la banca; quebrar técnicamente la banca que sobrevive gracias al apoyo estatal; reducir el salario a un cuarto de su valor real de 1976; empobrecer a la mayoría de los mexicanos y alimentar así la protesta y la delincuencia.

Este costo social lo paga la mayoría de la población, mientras un puñado de empresarios y burócratas se enriquece exorbitantemente. Se nos ofreció entrar al primer mundo y estamos hundidos en el atraso y la miseria. EL PRI y el PAN son corresponsables de este desastre social. El gobierno del DF no fija la política económica. Sin embargo, desde el Congreso Federal, el PRD lucha por cambiarla para evitar que se siga golpeando la economía mexicana y destruyendo su capacidad productiva.

El continuismo eternizará la crisis estructural; el cambio democrático abrirá el camino a su superación; lo único que pueden perder los capitalinos con el gobierno del PRD son las cadenas de la pobreza.

Con base en este balance, Cuauhtémoc Cárdenas estructura su propuesta económica en la plataforma electoral Una ciudad para todos. Otra forma de gobierno, con acciones que moderen los efectos destructores del neoliberalismo e inicien la construcción de una economía con justicia social y equidad distributiva para el DF y el país.

Promover la inversión privada, autogestiva y pública corresponsable, sustentable y socialmente equitativa, para recuperar el crecimiento económico y mejorar la calidad de vida de toda la población, luchando integralmente contra la pobreza y el desempleo. Impulsar la actividad agropecuaria y forestal campesina, protegiendo sus tierras de la urbanización, garantizando el agua necesaria, apoyando un cambio tecnológico ambientalmente sustentable para elevar su productividad, dotándola de información de mercados y apoyándola con incentivos fiscales y financieros. Apoyar prioritariamente a la micro, pequeña y mediana empresa agrícola, industrial, comercial, turística y de servicios no contaminante, con simplificación administrativa, concertación de formas adecuadas de pago de la deuda bancaria, asesoría para el cambio tecnológico y elevación de la productividad, acceso a información sobre mercados y estímulos fiscales y financieros. Promover el pequeño y mediano turismo para sectores populares y medios.

Promover la articulación entre investigación universitaria y núcleos de micro, pequeña y mediana empresa, para formar tecnopolos, complejos productivos integrados de economía popular. Reformar la Ley de Fomento Económico del DF, para normar los derechos económicos de los capitalinos, garantizar el interés público en la materia, eliminar la discrecionalidad en el manejo de incentivos y subsidios, y someterlos a la planeación urbana, como instrumento de las políticas anteriores.

Concertar acciones con los trabajadores informales para mejorar su actividad e impulsar su integración creciente a la economía y la vida urbana, sin desalojos ni represión, respetando el derecho al trabajo y las necesidades de los que laboran en la vía pública, al tiempo que se ataca la red de contrabandistas y distribuidores que controlan el sector. Promover procesos efectivos para la eliminación de los ``topes salariales'' y la recuperación del salario real de los trabajadores para elevar la calidad de vida y dimanizar el mercado interno y la producción. Simplificar la regulación estatal de la economía urbana, pero garantizando el interés colectivo de los ciudadanos y la defensa de usuarios y consumidores.

Renegociar la deuda interna y externa del DF, en forma pública y con participación de la Asamblea Legislativa. Revisar con criterios de equidad social y distributiva los impuestos y tarifas de servicios locales, para que pague más quien más consume y tiene, y los incrementos para los sectores populares no superen el aumento del salario mínimo.

Eliminar partidas secretas, discrecionalidad en el gasto público, remuneraciones ocultas a funcionarios y corrupción en el manejo del presupuesto. Establecer prioridades sociales al gasto público, orientándolo hacia la inversión pública y autogestionaria territorialmente integrada, en educación, vivienda, infraestructura y servicios de interés social, transporte público y medio ambiente, generadora de empleo e ingreso, incluyendo un programa emergente de empleo.