Los conflictos en la sierra guerrerense, por el rezago agrario, considera Sedeso

Matilde Pérez U., enviada /II, Atoyac, Gro., 28 de mayo Ť El gobierno federal aceptó, una vez más, que la sierra de Guerrero es un territorio estratégico para la estabilidad social de la entidad.

Para tratar de amortiguar el descontento

social, en noviembre del año pasado, el secretario de Desarrollo Social, Carlos Rojas Gutiérrez, presentó el Programa de Desarrollo de la Sierra de Guerrero (Prodesig) 1996-1999, en el cual admite que la atención a las comunidades ha sido coyuntural.

Esa ayuda ha estado marcada por los ``rasgos de asistencia y paternalismo, por eso el bienestar social es uno de los más bajos en el estado'', señala.

El 85 por ciento de la población económicamente activa siembra las 54 mil 430 hectáreas, de las cuales 47 mil 434 son destinadas al maíz de temporal de subsistencia; la producción promedio en las 5 mil 416 hectáreas cafetaleras es de 6 quintales por hectárea, cuatro abajo de la media nacional; mil 580 hectáreas son destinadas a la producción frutícola, con un rendimiento promedio de 1.5 toneladas por hectárea; la producción pecuaria --con un inventario de 76 mil 289 bovinos, 63 mil 961 porcinos, 33 mil 495 caprinos y 3 mil 319 ovinos-- no satisface en cantidad ni calidad el mercado regional.

En esta región se concentran las tres cuartas partes del potencial forestal estatal, cuya producción en rollo es adquirida por 33 empresas forestales. Sin embargo, el millón de hectáreas no es aprovechado por los 85 ejidos existentes: siete rentan sus bosques; 30 los explotan directamente, dos venden libre a bordo de brecha; sólo 13 cuentan con equipo de transporte para entregar madera libre a bordo de planta y 33 no aprovechan el bosque.

Durante casi 50 años los campesinos fueron marginados de las utilidades forestales: de 1940 a 1972 el 80 por ciento de la superficie forestal estuvo concesionada a las empresas madereras Chapa y Triplay, Industria Forestal Poniente, Silvicultura Industrial y Maderas Papanoa. A partir de 1972 y hasta 1987 la empresa paraestatal Forestal Vicente Guerrero fue la única autorizada para el aprovechamiento silvícola y para subcontratar el bosque con particulares.

A partir de 1988, tras la liquidación de la citada paraestatal, los ejidatarios organizados instalaron 12 aserraderos, cuya mayoría quebraron con la apertura comercial y la crisis financiera de 1994.

Para la Sedesol, el ambiente de violencia e inestabilidad se explican por ``los conflictos agrarios'', insuficiente impartición de justicia, delincuencia, narcotráfico, persistencia del caciquismo, marginación y pobreza; en ese orden. Por ello, es urgente ``reconstruir consensos'' y que se recobre la confianza en las instituciones para arribar a ``un nuevo pacto social''.

Para lograrlo, indica, se requiere terminar con la duplicidad de funciones y acciones intergubernamentales, la incorrecta aplicación de recursos y propiciar una mayor injerencia y control de las comunidades sobre el destino de los programas de inversión y asistencia técnica que se comprometan para la sierra.

Insiste en la urgencia de fortalecer la presencia institucional para ``generar un estado de tranquilidad que permita el establecimiento de una cultura de la tolerancia y de la solución de conflictos con base en las garantías individuales y sociales que preserva la Constitución''.

Los objetivos del Prodesig están dirigidos a superar los rezagos en educación, salud, caminos y tecnológicos para el campo, así como consolidar un ambiente de paz, seguridad pública y respeto a los derechos humanos. Reitera que los conflictos políticos se generan por el rezago agrario, una vez resueltos éstos, ``habrá un clima de seguridad''.

Pero ``los resultados no serán espectaculares'', habrá algunos que requieran más de los tres años planteados en el Prodesig, aclara el delegado de Sedesol en la entidad, Ramón Cárdenas Villarreal. También descarta que se frene por la presencia del EPR, narcotráfico o bien intereses de grupos caciquiles.

Este programa va a cumplir su objetivo de ayudar al bienestar de las familias, insiste. Precisa que la carretera de Filo Mayor concluirá el próximo año, la inversión total ascenderá a 30 millones de pesos, de los cuales 10 los aportará la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Las organizaciones sociales que integran el Consejo Regional de Desarrollo (Cresig) determinaron que 3 millones 200 mil pesos se destinaran a caminos troncales y 800 mil pesos para apoyar pequeños proyectos de viveros, ganaderos, siembra de frutales. Este año, agrega, seguirán los talleres de capacitación y de búsqueda de mercados para el potencial forestal y de mezcal.

Lo que se busca, indica, es convencer a los productores de que se organicen y participen en las decisiones del Prodesig. ``Este programa es uno de los mayores esfuerzos de las instituciones de los gobiernos federal y estatal, así como de los productores organizados'', acota.