Mucho ha avanzado el país en materia de planificación familiar y salud reproductiva en el último cuarto de siglo, pero el reconocimiento de lo alcanzado no debe llevarnos a olvidar los gravísimos problemas que aún enfrentan importantes sectores de la población. Por una parte, las acciones de política de población y de control de natalidad han tenido impactos muy dispares en los grandes centros urbanos y en las zonas marginadas; en estas últimas, como lo reconoció ayer el secretario de Salud, Juan Ramón de la Fuente, es mucho lo que falta por hacer. Por la otra, el aborto clandestino sigue siendo un factor de enfermedad y muerte para cientos de miles de mujeres que se ven obligadas a interrumpir el embarazo en pésimas condiciones de higiene, seguridad y atención. Otros renglones deficitarios en estas materias son las campañas de prevención del sida --cuya cobertura es insuficiente-- y la atención a los seropositivos.

Uno de los mayores obstáculos para avanzar en la solución de estos problemas es la insuficiencia presupuestal que enfrenta el sector salud en conjunto. Ningún rubro del gasto público debería tener más prioridad que el destinado a preservar, restaurar y mantener la salud de la población nacional, no sólo por consideraciones humanitarias y éticas elementales, sino incluso por razones pragmáticas: la gente es la riqueza principal del país, y no hay mayor signo de debilidad nacional que una población enferma o propensa a enfermarse.

Es pertinente atender los señalamientos del director del Banco Mundial, Olivier Lafourcade, sobre la necesidad de realizar mayores esfuerzos para proteger la salud de las mujeres, pero también la réplica a ese funcionario, por parte de un grupo de mujeres, acerca de la insuficiencia de los recursos aportados para este renglón por las instituciones financieras internacionales.

Sin embargo, en el ámbito de la planificación familiar y la salud reproductiva los problemas presupuestales no son los únicos. Existen obstáculos de índole cultural --como los prejuicios morales y religosos de importantes estratos de la población-- que frenan y minimizan los esfuerzos de las autoridades, y que deben atacarse en el terreno de la educación. Más grave aún es el hecho de que sectores ultraconservadores, casi siempre vinculados a la jerarquía eclesiástica, diseñan y emprenden con regularidad contracampañas orientadas a sabotear, en nombre de una moralina obsoleta y desfasada, las acciones de instituciones públicas, sociales y privadas en favor de la planificación familiar y de la prevención de enfermedades de transmisión sexual.

Por suerte, estos sectores no han logrado cumplir a plenitud sus propósitos. No obstante, por lo que se refiere a la necesidad de despenalizar el aborto, el chantaje conservador ha conseguido inmovilizar a la clase política nacional, a pesar de las alarmantes cifras de muertes de mujeres por abortos clandestinos y el insultante lucro de quienes medran con la ilegalidad de este procedimiento médico.

Por ello ha de insistirse en que las disquisiciones éticas, científicas o religiosas acerca del momento preciso en que se inicia la existencia de la persona humana no deben impedir la solución de un problema acuciante de salud pública. Las leyes deben permitir que cada mujer actúe de acuerdo con sus convicciones, valores y circunstancias personales.

Finalmente, cabe esperar que la Legislatura que se conformará tras las elecciones del 6 de julio tenga la capacidad y la resolución para abordar el tema y, en general, propiciar la participación ciudadana en el análisis, el reforzamiento y la extensión de las actividades y campañas de las autoridades sanitarias del país en materia de control natal, prevención y salud reproductiva.