Acepta México a 6 agentes del FBI con inmunidad diplomática
David Aponte y Triunfo Elizalde Ť El gobierno de México acreditó a seis agentes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) con inmunidad diplomática, para operar en territorio nacional en labores de intercambio de información en materia de lucha contra las drogas, crimen organizado, extradiciones, trasiego de armas y lavado de dinero.
Por primera vez, la autoridad mexicana acepta la presencia de este número de oficiales estadunidenses pertenecientes al FBI, quienes estarán adscritos a la embajada de Estados Unidos en el país, según reportes de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
Durante las próximas semanas, la cancillería mexicana y el Departamento de Estado estadunidense intercambiarán las respectivas notas diplomáticas, para formalizar la estancia aquí de los agentes del FBI, situación que obedece a cuestiones de carácter ``técnico'' y no a una ``negociación política'', de acuerdo con la información recabada en la SRE.
Las consultas entre México y Estados Unidos para la acreditación de entre 21 y 23 agentes de la Agencia Antinarcóticos (DEA) que trabajarán en la zona fronteriza y los seis oficiales del FBI, llevaron casi un año. De manera recíproca, la parte mexicana enviará el mismo número de personal de la Procuraduría General de la República y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional a la sede diplomática en Washington y a la frontera, indica.
Por el momento, las partes definen las tareas que desempeñarán los agentes del FBI. Sin embargo, las labores estarán vinculadas a la asistencia jurídica mutua, casos de extradición, rogatorias para lograr las declaraciones de personas en procesos judiciales, intercambio de información en materia de lucha contra el narcotráfico, trasiego de armas y lavado de dinero, indica la dependencia.
Con los nuevos elementos policiacos de los dos países, los gobiernos de México y Estados Unidos buscan elevar y mejorar el flujo de información e inteligencia, y tener un mayor nivel de efectividad en contra de las mafias organizadas del narcotráfico, las cuales operan en ambos lados de la frontera, menciona.
La información recogida en la SRE precisa también que las autoridades pretenden coordinar los esfuerzos de las diferentes corporaciones policiacas y aliviar la carga de trabajo de los actuales agentes adscritos en ambos territorios.
Los nuevos agentes del FBI tendrán las mismas prerrogativas diplomáticas establecidas en la Convención de Viena de 1963: inmunidad en las jurisdicciones civil, administrativa y penal, exactamente las mismas que los oficiales de la DEA, de acuerdo con datos de la cancillería.
Sobre las formas de protección al personal de la DEA que opera en territorio mexicano, funcionarios de la SRE propusieron a sus contrapartes el cambio de las rutas, de los esquemas de enlace, de las líneas telefónicas, de los movimientos de la residencia de los elementos y la sustitución de los agentes en casos de amenaza fundada.
Desde octubre de 1992, el personal de la DEA está distribuido en el Distrito Federal y cinco estados del país. A partir de esa fecha, la agencia estadunidense acreditó a 39 agentes y 12 técnicos y administrativos en territorio mexicano.
Actualmente, el personal de la agencia antinarcóticos estadunidense está adscrito de la siguiente forma: tres en función de directivos en la embajada de Estados Unidos; 14 en la ciudad de México; cuatro en Guadalajara, Jalisco; tres en Mérida, Yucatán; cinco en Hermosillo, Sonora; cinco en Mazatlán, Sinaloa, y cinco en Monterrey, Nuevo León.
Los 12 técnicos y administrativos pueden cambiar su residencia en esas plazas.
A partir de los consultas bilaterales, la DEA incorporará entre 21 y 23 elementos más en la zona fronteriza, en grupos de tres o cuatro, según las necesidades de la lucha contra el narcotráfico.
Los agentes tendrán su residencia en Estados Unidos, pero podrán cruzar a territorio nacional. Los seis oficiales del FBI se sumarán al personal acreditado en la embajada estadunidense.
México busca homologar sus leyes con Estados Unidos
``¡Qué grave!'', expresó Rafael Alvarez, secretario técnico jurídico del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, al comentar la acreditación de seis agentes de la Oficina Federal de Investigaciones estadunidense en México para investigar asuntos relacionados con lavado de dinero, narcotráfico, extradición y tráfico de armas.
``Sobre este asunto me gustaría saber qué piensa el Ejército Mexicano al respecto, sobre todo cuando también las fuerzas armadas que están precisamente para impedir que esas tareas estén en manos de extranjeros''.
Y se preguntó si ``no es más importante esto que el estar persiguiendo a campesinos e indígenas por simples sospechas de colaborar con el Ejército Popular Revolucionario (EPR)''.
Es de preocupar, dijo, que se dé entrada a ese tipo de agentes policiacos estadunidenses, a raíz de la visita del presidente Bill Clinton a México, pues ``tal parece que con las reformas a la Constitución, lo que se está haciendo es homologar nuestras leyes a las estadunidenses para que elementos del FBI o de la DEA operen aquí sin mayores problemas''.