PRESUNTO DESVIO DE $20 MILLONES PARA EL RANCHO DE SILERIO EN DURANGO

Antonio Castellanos, enviado/ I, Durango, Dgo. Ť La presunta responsabilidad del gobernador Maximiliano Silerio Esparza en el desvío de recursos públicos para fines personales mantiene a la entidad inmersa en un escándalo político-administrativo. Se acusa al Ejecutivo estatal de malversación de fondos y de beneficiarse con dineros del Procampo.

La Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam) ya investiga el caso. Funcionarios de esta dependencia indagan el presunto desvío de 20 millones de pesos de recursos públicos que el gobernador habría destinado para pagar obras en su rancho Las Aguilas.

Mil 500 hectáreas, la superficie del
agostadero. Foto: Fabrizio León

Este monto es mil 800 por ciento superior al destinado al Programa de Desarrollo Económico del estado. En la Cuenta Pública de 1996, legisladores del PAN registraron también el desproporcionado gasto -aprobado por mayoriteo priísta- de 3 millones 349 mil 953 pesos, destinado a la ``jefatura de ayudantes'' del mandatario estatal, frente al millón 96 mil 642 pesos que se canalizó al programa referido.

Al presunto desvío de fondos públicos para financiar las obras privadas de Silerio Esparza se agrega que su familia fue incluida en los beneficios del Procampo para adquirir sementales, un tractor y desarrollar trabajos de instalaciones eléctricas y de conducción en Las Aguilas. Aunque la normatividad no lo prohíbe, los apoyos por más de 400 mil pesos hicieron evidente la injerencia del mandatario en la prestación de apoyos al agro y provocaron enojo entre los productores.

El rancho Las Aguilas se localiza a sólo 10 kilómetros de la capital de la entidad, y en un sobrevuelo que realizó La Jornada en una avioneta por las instalaciones, se observaron con claridad las vías de acceso a la propiedad de 260 hectáreas y el área de un agostadero (cuya superficie calculó el propio gobernador en mil 500 hectáreas) en el que pastan más de mil cabezas de ganado.

Originalmente Las Aguilas tenía una superficie de 44 hectáreas, señalaron fuentes gubernamentales. De manera paulatina, el gobernador compró terrenos aledaños hasta aumentar la propiedad a 260 hectáreas, pero nunca a 400 y 600, como se ha calculado la extensión del rancho.

Obras y aprehensiones

El dueño de la empresa Construcciones Avanzadas del Norte, Sociedad Anónima (CANSA), Abdón Alanís González, que ejecutó los trabajos de remodelación y ampliación del rancho Las Aguilas, se encuentra preso acusado por Banamex y Banco Mexicano de fraude y abuso.

Los trabajos que presuntamente se ejecutaron durante 1992, 1993, 1994 y principios de 1995 en los ranchos Las Aguilas, El Dorado, Las Gemelas y varios más, abarcaron la construcción de caminos aledaños de acceso a las propiedades, terracería y bordos. También canales de riego de concreto, trabajos para el casco del rancho y construcción de corrales para animales de engorda.

Se incluyeron establos, cercas perimetrales, entubado de 3 kilómetros en grandes diámetros, bodegas, casas, norias, nivelaciones agrícolas, andadores de can- tera, sistemas de drenaje, alumbrados, puentes y trabajo de infraestructura. Pero oficialmente sólo se conoce la ubicación de Las Aguilas. Los otros predios podrían corresponder a los que compró y sumó Silerio antes de ser gobernador. Las últimas 70 hectáreas las obtuvo a cambio de un predio urbano, en 1996.

El costo de todas las obras fue de 20 millones de pesos y a la constructora se le liquidaron sólo 8 millones, con recursos del gobierno del estado mediante la Secretaría de Finanzas y Obras Públicas, el Consejo de Planeación y Desarrollo del estado (Coplade) y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, según denunció el constructor.

La historia

Todo empezó cuando Alanís González, ya en el Centro de Rehabilitación Social acusado por los bancos citados, decidió hacer pública la deuda del gobernador de Durango con su empresa por obras ejecutadas en el rancho Las Aguilas. El débito insoluto derivó en la quiebra de CANSA, sostuvo el detenido.

Lo anterior provocó el disgusto de los dirigentes de los partidos PAN y PT, y a solicitud de los legisladores de Acción Nacional, encabezados por el diputado federal Rodolfo Elizondo Torres, la Secodam comenzó la investigación sobre el presunto desvío de recursos públicos para beneficio del gobernador.

Elizondo Torres reiteró que en la sociedad duranguense persiste un sentimiento de que en la actual administración gubernamental hay un gran número de actos vinculados con la corrupción, encubrimiento e impunidad. Por ello, se hace necesaria la investigación de la Secodam.

Se presume, agregó, la existencia de desvío de recursos públicos en favor del gobernador Silerio Esparza, y es preciso el esclarecimiento total del asunto para que, en caso de que exista alguna irregularidad, se proceda conforme a derecho y no sólo se aplique la sanción punitiva, sino que ``se proceda al aseguramiento de bienes de los posibles responsables''.

El dirigente del PAN en la entidad, Francisco Esparza Hernández, se sumó a la demanda de los legisladores y consideró que la explicaciones dadas por las dos partes son totalmente insuficientes y dejan en entredicho la verdad.

Alejandro González Yáñez, del PT, afirmó que la corrupción destroza la sociedad, pudre el servicio público y sólo genera pobreza. No podemos estar de acuerdo, dijo, con que en Durango haya ranchos ricos y ejidos pobres, y la coordinación de ese partido en el Congreso, encabezada por Gustavo Pedro Cortés, exigió una investigación a fondo.

El presidente del comité directivo del PRI, José R. Aispuro Torres, ratificó el apoyo de su partido al gobernador, porque éste ha respondido con hechos a la oposición, ``que sólo se dedica a descalificar a base de mentiras''.

La investigación

Es probable que esta misma semana la Secodam dé a conocer los resultados de la investigación y los diputados del PAN, encabezados por Rodolfo Elizondo Torres, expresaron su temor de que se exonere al gobernador por no encontrarse ``pruebas contundentes''.

Funcionarios de Secodam interrogaron al secretario de Comunicaciones y Obras Públicas (Secope), Héctor Ricalday Quiroga, sobre la relación de esa dependencia con el constructor Alanís González.

Obtuvieron información sobre la relación de trabajo, la forma en que le pagaron y cuándo concluyó la contratación. También se entrevistaron con funcionarios de Banobras, Coplade, Sedeso, en tanto la Secretaría de la Contraloría del gobierno estatal les entregó toda la documentación correspondiente.

Sobre este particular, la parte defensora solicitó la comparecencia en el juzgado quinto penal de los titulares de la Secope, del Coplade, de Finanzas del estado y del gerente de Banobras. El juez Jaime Plácido Rodríguez informó que los funcionarios deberán presentarse el 6 de junio y las preguntas sólo serán sobre los delitos que se le impuntan al constructor por difamación y calumnias contra el Ejecutivo.

Alfonso de los Ríos, Alberto Barrera y Eliezer González, abogados del empresario, expresaron que Banamex y Banco Mexicano ``habían ocurrido a un juicio de suspensión de pagos y de quiebra''. Son situaciones civiles y de ahí se deduce que ``hay mano negra''. La detención es ilegal, porque jurídicamente no hay un elemento que constituya delito, dijeron. De amigo del gobernador, Alanís pasó a enemigo y reo de su gobierno. ``Todas las situaciones con los bancos son meramente civiles.