No más abusos, piden pobladores de la zona de combates

Maribel Gutiérrez, corresponsal, El Quemado, Sierra de Atoyac, Gro., 31 de mayo Ť Los habitantes de esta población, a 5 kilómetros del lugar de los choques del martes pasado entre tropas del Ejército Mexicano y del Ejército Popular Revolucionario, demandaron que los militares estacionados aquí ``se abstengan de violar los derechos de los ciudadanos'', ante la detención de un campesino y de su hijo menor de edad, a quienes torturaron e interrogaron durante casi 24 horas.

En el cuartel de la 27 Zona Militar, con sede en la cabecera municipal de Atoyac, el general Alfredo Oropeza Garnica, quien resultó herido en el enfrentamiento, recibió a una comisión integrada por familiares del campesino --detenido el miércoles por soldados en El Cucuyachi-- Martín Barrientos Cortés, quien se encuentra desaparecido.

Les dijo que no tiene conocimiento de las aprehensiones hechas por militares en la sierra de Atoyac y en el municipio de Cuautepec, en la Costa Chica, y se comprometió a investigar los hechos denunciados, informó la diputada del PRD Leticia Burgos, quien acompañó a la comisión.

Perredistas se manifiestan contra la militarización
de la sierra, frente al palacio municipal de Atoyac,
Guerrero. Foto: Francisco Olvera

Oropeza se quitó la camisa para mostrar los vendajes en el brazo y hombro izquierdo, donde tiene dos heridas de bala, mostró fotografías de la escena del choque armado, dos fusiles AK-47, uno con las siglas del EPR, y dos granadas de fabricación casera, y afirmó que la decisión de los mandos del Ejército es ``ir con todo'' contra el EPR para devolver la tranquilidad a Guerrero.

Con esta visita se confirmó que el comandante de la 27 Zona Militar, que abarca las costas y sierra de Guerrero, viajaba en la camioneta Suburban matrícula 0127122 que encabezaba el convoy militar contra el que dispararon los eperristas en el primer choque del martes.

Cuatro detenciones más

Burgos criticó la falta de respuesta del general sobre las detenciones hechas por tropas que él comanda. Hasta el momento los perredistas han denunciado la aprehensión de Barrientos Cortés en El Cucuyachi, y en Coacoyulichán, Cuautepec, de los hermanos Alfonso, Eustaquio y Julián Carranco Francisco, y de Pascual Rodríguez María. Las cinco detenciones fueron hechas ante decenas de testigos por soldados que entraron el miércoles y jueves a esas comunidades.

En la plática con la comisión, Oropeza Garnica opinó sobre la situación política en Guerrero, y dijo que ``hay revoltosos que son pagados para desestabilizar las regiones, como los Lauros y los Güeros, que quemaron el palacio municipal de Tlacoachistlahuaca''. El jefe militar se refería al dirigente mixteco Lauro García Vázquez y a los integrantes del comité de apoyo a los pueblos indígenas de esa región, que participan en un movimiento que demanda el reconocimiento de un municipio indígena.

En el zócalo de Atoyac se reunieron dirigentes y militantes del PRD, así como familiares del campesino detenido en El Cucuyachi, para protestar por las violaciones a los derechos humanos y demandar el regreso de las tropas a sus cuarteles.

Pero la presencia militar en este municipio se reforzó hoy. Después de las 21 horas llegaron a Atoyac diez vehículos militares blindados tipo tanque, pero del tamaño de un camión, artillados con armamentos que no se habían visto en esta región, y subieron por uno de los caminos a la sierra. En tanto, en la entrada de la ciudad esta noche se estableció un nuevo retén con tanquetas.

En El Quemado, al mediodía se reunieron la mayoría de los ciudadanos, encabezados por el comisario Rubén Pino, con el presidente municipal, Javier Galeana Cadena, la diputada local perredista Guadalupe Galeana Marín y la ex presidenta municipal y candidata a diputada por el PRD, María de la Luz Núñez Ramos, a quienes expusieron la situación que se vive en este lugar a raíz del despliegue militar.

El comisario dio a conocer un documento en el que la comunidad manifiesta: ``Tememos sufrir represalias por parte del Ejército Mexicano, dado que el enfrentamiento fue a 5 kilómetros de nuestra población''.

Exponen que el día del enfrentamiento fueron detenidos por soldados el campesino Paulino Padilla, de 38 años, y su hijo Antonio Padilla Gatica, de 15, cuando regresaban de cortar leña. Ellos fueron golpeados y mantenidos incomunicados por los soldados durante 24 horas.

``No queremos correr el mismo riesgo, nuestro pueblo ya sufrió esas experiencias en 1972 (cuando se dio la represión a la guerrilla de Lucio Cabañas), y nos costó muchas vidas y la privación ilegal de la libertad de más de 80 personas''.

Por ese temor, informan: ``Desde el día del enfrentamiento nuestras parcelas y animales están abandonados y la producción de mango se está perdiendo, Nadie quiere ir a las huertas por temor a los soldados''.

El comisario pidió al alcalde que gestione ante el gobierno federal y estatal garantías para el respeto a los ciudadanos, y explicó que si no se dan estas garantías los campesinos no van a poder sembrar en esta temporada de lluvias y no tendrán manera de sobrevivir de sus cosechas en todo el año.

Paulino Padilla, el campesino detenido con su hijo Antonio, relató que el martes estaba en su parcela cuando se inició la balacera. Con su hijo se dirigió a su casa y, a unos 3 kilómetros del lugar del choque armado, fue alcanzado por soldados que los golpearon y los llevaron al lugar del enfrentamiento. Ahí los tuvieron amarrados y con los ojos vendados. En la noche fueron trasladados a un lugar cerrado, posiblemente el cuartel militar de Atoyac, donde fue interrogado sobre el EPR y unas cuevas donde supuestamente guardaban armas.

Los interrogatorios y las torturas duraron toda la noche, y al amanecer Paulino dijo a los soldados que conocía una cueva, cercana al lugar del enfrentamiento. Lo vistieron de soldado y le ordenaron que los llevara a esa cueva, a la que llegaron como a las 7 de la mañana. Inspeccionaron el lugar, pero sólo encontraron mucho guano de murciélago. Al salir los soldados dejaron a Paulino y a su hijo cerca de su casa, pero antes los obligaron a firmar un documento donde consta que no fueron torturados, a pesar de las lesiones que muestran y que ya fueron certificadas por un médico de los Servicios Estatales de Salud.

En tanto, el campesino Ignacio Martínez y su hijo, que habían sido reportados como desaparecidos, se encuentran en la comunidad. El campesino explicó que no estuvo detenido y que el reporte se dio porque cuando se inició el enfrentamiento se encontraban en su parcela, muy cerca del lugar donde se dio el choque armado, pero desde ahí pudieron regresar a su domicilio.