Ante la duda y la desinformación, algunas organizaciones obreras aclaran que en el supuesto de que sus representados hubieran celebrado contrato con alguna Afore, pueden recurrir al amparo en un juzgado de distrito o del fuero común.

La Comisión Nacional de Protección al Salario (Conampros) estima que a un mes de que entre en vigor la nueva ley del Seguro Social, alrededor de 7 por ciento de los trabajadores dados de alta en el IMSS se han inscrito en alguna administradora.

Ricardo García Sáinz, coordinador del Frente de Defensa de la Seguridad Solidaria, exigió a las autoridades hacendarias revisar las ofertas de las 17 Afores existentes. Señaló que incluso la Afore Siglo XXI ha desatado una campaña de desinformación y represión para amedrentar y confundir a los afiliados al IMSS.

Sin identificar fuente y sólo mencionando que se trata de ``algunos funcionarios'' de la Secretaría de Hacienda, el ex director general del IMSS denunció el inicio de una campaña de ``represión y amenazas''.

La campaña, explicó, pretende hacer creer a los trabajadores que si no se dan de alta en cualquier administradora antes del 1o. de julio pagarán más comisiones o la Consar les designará una Afore sin que tengan opción de elegir más adelante otra posibilidad.

García Sáinz, uno de los principales opositores a la reforma del sistema de seguridad social en México, comentó que esta campaña va encaminada a presionar a los trabajadores para que se afilien lo más pronto posible.

Recordó que de las 17 posibilidades que tienen los empleados para orientar sus ahorros, la cuenta concentradora del Banco de México es la única que no cobra comisión, pues hacerlo sería contrario a la legislación que norma su funcionamiento. Por ahora, agregó, ``esta es la mejor alternativa''.

Alberto Briseño Ruiz, decano de la materia de Derecho de la Seguridad Social en la Facultad de Derecho de la UNAM, consideró que ``la gran pelea'' por conquistar los ahorros de los trabajadores deriva del cuantioso monto que sumarían, calculado en más de 21 mil millones de pesos, suficientes para salvar de la quiebra técnica a varias de las instituciones financieras del país.

Al señalar que el nuevo sistema de ahorro para el retiro es lesivo para los em- pleados, el especialista calculó que las inversiones que se realicen en las Afore darán rendimientos inferiores a los que otorgan los Cetes e incluso las Udis, con variaciones porcentuales que oscilan entre 17 y 12 por ciento, respectivamente, ``lo que sería una pérdida para el trabajador''.

Quien ingrese en una Afore ``la autoriza a hacer con su dinero lo que ésta quiera'', y al no existir una ley que fije las condiciones y responsabilidades de las administradoras, el inversionista ``no interviene ni tiene posibilidad de adecuar cláusulas a sus intereses particulares''.

Reglas más claras

Organizaciones sindicales agrupadas en el Congreso del Trabajo, independientes y otros grupos que deberán invertir a partir del próximo 1o. de julio parte de su ingreso en alguna de las administradoras, exigieron reglas más claras y que se precisen los mecanismos del manejo del dinero.

Lo anterior, para evitar que ocurra ``el desvío de fondos'' derivado de las aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), calculado en más de 71 mil millones de pesos. Esta cifra ha pasado por diversos bancos, ha generado intereses y a la fecha nadie sabe dónde se encuentra ni para qué ha sido utilizada.

Las organizaciones y grupos consultados consideran que los contratos celebrados entre los trabajadores y las diversas administradoras que manejarán sus retiros ``están viciados de origen, tienen nulidad absoluta y por tanto son inexistentes''.

Fundamentan esta declaración en que no existen datos exactos sobre la constitución de las Afore; no se precisa un número de escritura ni el notario que las protocolizó, y tampoco existen datos en el registro público de comercio.

Lo peor de todo: existen clausulados en los que los trabajadores aceptan expresamente que, por la naturaleza de las inversiones en acciones de las sociedades de inversión especializadas de fondo para el retiro y de aquellas inversiones que éstas realicen en el mercado de valores, inclusive sobre instrumentos de deuda, no es posible garantizar rendimientos y que, por lo tanto, sus inversiones están sujetas a pérdidas o ganancias derivadas de las fluctuciones del mercado financiero.

Trabajadores del IMSS mencionaron al respecto que, al igual que el resto de las administradoras, los recursos que maneje la Afore XXI serán también canalizados o invertidos en instrumentos bursátiles para estar en condiciones de otorgar rendimientos a los ahorros individuales. Por esta razón tendrán los mismos riesgos de perder o ganar al ingresar sus recursos en los mercados financieros.

A punto de entrar en vigor la nueva ley del Seguro Social, el CT anunció un programa de asesoría gratuita sobre las Afore que incluye un cálculo individualizado sobre el pago de comisiones y el rendimiento que ofrece cada una de las 17 administradoras en función de la aportación y la antigüedad de cotización en el IMSS.