La ciudadanización del Instituto Federal Electoral -es decir, el establecimiento de su autonomía respecto al gobierno federal y la entrega de su dirección a un grupo colegiado de ciudadanos de reconocida probidad y sin afiliación partidaria- fue resultado de la necesidad de contar con autoridades electorales creíbles, independientes y capaces de ordenar la vida partidaria del país al margen de intereses facciosos. Se dio, así, un importante primer paso hacia el objetivo, compartido por la enorme mayoría de la sociedad, de dirimir las diferencias políticas del país y conformar los órganos de gobierno por medio de la expresión ciudadana por excelencia, el sufragio, en una época en la cual la nación ha dejado de reconocerse en una sola fuerza política hegemónica.

No es ocioso recordar que uno de los puntos más débiles del llamado ``sistema político mexicano'' era la ausencia de una verdadera autoridad electoral -autoridad no en el sentido de sus atribuciones legales, sino en el de depositaria de la confianza del electorado y de los partidos- y que el actual perfil del IFE fue concebido justo para subsanar tal ausencia.

Pero la constitución de la autoridad electoral no se reduce a una reforma constitucional o legal o a una acción administrativa, sino que constituye un proceso fundamentado en el consenso de las fuerzas políticas y de los votantes.

No existen, sin duda, instituciones ni funcionarios infalibles, y por ello deben existir, ante todas las instituciones públicas, mecanismos de apelación y revisión de las decisiones. Así ocurre en el esquema en vigor de autoridades electorales, en donde el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tiene atribución para ratificar o rectificar las determinaciones del IFE.

Es claro que el uso de tales recursos debiera limitarse a situaciones de excepción. En el caso de las reiteradas inconformidades del Partido Revolucionario Institucional ante acuerdos de los consejeros ciudadanos y, más grave aún, los intentos de descalificación moral contra esos funcionarios, se percibe más la búsqueda de socavar la autoridad de la institución electoral que el legítimo ejercicio de derechos partidarios.

Es paradójico que el partido que durante décadas se benefició de su fusión con el Estado -y de su control sobre los organismos electorales- y que llevó al descrédito a las instituciones que precedieron al IFE ciudadano, promueva ahora un golpeteo contra los esfuerzos de los consejeros ciudadanos por hacer de la actividad electoral y partidista un ámbito transparente, equitativo y apegado a derecho, y busquen contraponerlos, de manera casi sistemática, con los magistrados del TEPJF.

En las circunstancias actuales, cuando empiezan a convertirse en realidad en el país las elecciones con resultados creíbles, los triunfos indiscutibles y las derrotas asumidas, resultan necesarios los esfuerzos de voluntad de todos los partidos por acatar las normas y disposiciones electorales provenientes de la autoridad electoral.

El trabajo del IFE y de sus consejeros ciudadanos, así como el del Tribunal Electoral, constituyen aportaciones invaluables a la democratización del país. Por ello resulta preciso refrendar el voto de confianza que la sociedad y los propios partidos les han otorgado y dejarlos desarrollar su labor.