Cancillería: sólo víctimas de abusos deben ser los demandantes

David Aponte y Claudia Herrera Beltrán Ť La Secretaría de Relaciones Exteriores expuso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que las organizaciones no gubernamentales carecen de personalidad jurídica para presentar denuncias sobre violaciones a los derechos humanos ante ese organismo. Con su falta de acreditación, las ONG colocan a los gobiernos aludidos en estado de ``indefensión'', argumentó.

Por separado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) confirmó ayer su interés en trabajar coordinadamente con los organismos no gubernamentales para la presentación de quejas ante la CIDH.

El secretario ejecutivo de la CNDH, Héctor Dávalos Martínez, dijo en entrevista: ``Somos dos mitades: ellos actuando como organismos de conciencia y nosotros actuando como un organismo de derecho podemos sumar esfuerzos''.

En un documento entregado a la CIDH, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) propuso que sólo las víctimas de presuntas violaciones actúen como demandantes en las instancias internacionales de protección de los derechos humanos o, en su defecto, soliciten la inter- vención de alguna ONG.

``Cuando las ONG toman de oficio los casos de presuntas violaciones de derechos humanos, lo único que parecerían buscar es atraer la atención pública y de los grupos políticos para lograr sus objetivos primarios, que son su financiamiento y la búsqueda de un coto de poder, para obtener capacidad de influencia dentro del país en que realizan sus actividades'', manifestó.

El asunto de la admisibilidad

La SRE consideró que la práctica de la CIDH se ha alejado de los procedimientos internacionales en la materia, fundamentalmente en la admisión de las denuncias. El organismo recibe las presuntas quejas sin ofrecer una opinión relativa a la admisibilidad. Por tanto, el gobierno de México presentó una serie de iniciativas para reglamentar la recepción de las mismas.

El consultor jurídico de la dependencia, Miguel Angel González Félix, dijo que la autoridad mexicana no busca ``limitar'' el trabajo de las ONG, sino ordenar mecanismos y procedimientos en la CIDH.

Por separado, el subsecretario de Asuntos Bilaterales, Juan Rebolledo Gout, manifestó que la comunicación de la SRE con las ONG es ``muy intensa'' en México y fuera del país. ``Nosotros creemos que eso es sano... pero hay que adaptarse y ajustarse a los acuerdos internacionales que hemos firmado'', señaló.

En abril, la cancillería presentó en Washington a la CIDH una propuesta de 17 hojas para regular los procedimientos de admisión de denuncias, sobre todo para uniformar la decisión de la admisibilidad antes de estudiar el fondo del asunto. Eso permitiría a los gobiernos y particulares obtener certeza y seguridad jurídica para defender sus alegatos.

Al respecto, opinó que las ONG no han mostrado tener personalidad jurídica para presentar denuncias de supuestas violaciones a los derechos humanos ni la CIDH ha solicitado pruebas de la representación legal de las mismas. De tal forma, únicamente los afectados deberían acudir a los organismos internacionales.

La SRE también cuestionó los procedimientos de la comisión de la OEA en la atención de demandas de motu proprio, derivadas de publicaciones de la prensa internacional; el hecho de que la comisión no ha esperado el agotamiento de los recursos internos de los países miembros, y la falta de competencia para solicitar medidas cautelares a favor de personas que están en peligro.

Respecto a la presentación de pruebas, indicó que los medios son inconsistentes, porque el organismo internacional sólo tiene las presuntas evidencias presentadas por las ONG -muchas veces con exageraciones y distorsiones- y no contienen los informes del gobierno en cuestión.

Las interpretaciones de la comisión han provocado incertidumbre para las partes. ``En razón de lo anterior, el gobierno de México debe pugnar y negociar bajo consenso con otros gobiernos y la CIDH un reglamento claro y preciso para todas las figuras jurídicas, creando tal vez un proyecto modelo de código procedimental que contenga, además de los requisitos y las fases del cuasiproceso, diversos procedimientos incidentales (archivo de casos)'', agregó.

En tanto, el secretario ejecutivo de la CNDH, Héctor Dávalos Martínez, admitió la importancia de las organizaciones no gubernamentales en la detección de violaciones a los derechos humanos, pero consideró que las mismas tienen dificultades para recabar evidencias, pues muchas veces se les oculta la información.

Para evitar ``la dispersión de esfuerzos'', el ombudsman nacional podría colaborar con los defensores no gubernamentales de derechos en la recabación de pruebas, a fin de presentar ante la Comisión Interamericana -instancia dependiente de la OEA- expedientes ``bien integrados''.

El funcionario rechazó que la CNDH sea un órgano ``oficialista'' que se proponga obstaculizar la presentación de denuncias ante los organismos internacionales de defensa de derechos. ``Es cierto que no siempre podemos atender favorablemente las expectativas de las ONG, pero por eso no pueden ponernos una etiqueta de oficialistas'', afirmó.