Renuncia el gobierno a la defensa de derechos, acusan grupos civiles
Claudia Herrera Beltrán y Elizabeth Velasco Ť Las modificaciones que impulsa el gobierno mexicano en el interior de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desataron ayer pronunciamientos de rechazo por parte de organizaciones no gubernamentales mexicanos. En tanto, más de 180 ONG del mundo comenzaron a distribuir en Perú y en sus respectivos países una declaración contra modificaciones de este tipo, en la que piden el fortalecimiento de los órganos internacionales de protección a los derechos humanos.
Las propuestas de que los ombudsman nacionales sean el conducto para presentar quejas ante la CIDH en lugar de las ONG, de limitar la admisibilidad de los casos y de aumentar la confidencialidad de las decisiones del organismo interamericano, fue calificada por dos representantes de esas organizaciones como ``una renuncia del gobierno a la universalidad de los derechos humanos'' y un intento por evitar que no se conozcan a nivel internacional las violaciones a los derechos humanos que se cometen en este país.
La secretaria técnica de la Red Todos los Derechos para Todos (que se integra por 46 organizaciones no gubernamentales), Rocío Culebro, consideró que la CNDH en vez de servir de ayuda sería un obstáculo para la canalización de denuncias ante la CIDH. ``Por depender del Poder Ejecutivo, la CNDH se convertiría en juez y parte'', advirtió.
A su vez, el primer visitador del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Rafael Alvarez, opinó que el gobierno mexicano ``está cometiendo un grave error'', porque renuncia a la vocación que por años ha tenido de defensa de los derechos humanos, así como a sus principios de política exterior. Esto, en su opinión, puede provocar que México pierda credibilidad en el exterior.
Dijo que las ONG han trabajado de manera coordinada con la CNDH en varias ocasiones, y que por ello se han dado cuenta de que es una institución ``pro gobierno'', con facultades restringidas, que retrasa la resolución de los casos y cuyas recomendaciones son desoídas porque son de ``carácter moral''.
Alvarez advirtió que los organismos no gubernamentales defenderán su acceso al sistema interamericano de derechos humanos -integrado por la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos- porque en México las instituciones de justicia ``están colapsadas'' y, en consecuencia, los recursos internos se agotan con facilidad.
Por su parte, Culebro señaló que con la iniciativa de darle más peso a las comisiones de derechos gubernamentales, los países pretenden tener más control sobre las quejas y así impedir que se haga justicia a las víctimas de estos abusos.
Los cambios buscan complicidad
En tanto, el secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores de esa organización, Héctor Sánchez, opinó que los cambios que propone el gobierno mexicano buscan hacer cómplice de su ``silencio'' a la CIDH y frenar la gran fuerza y presencia que las ONG se han ganado en la sociedad mexicana.
Agregó que si el gobierno desea estos cambios, antes debe aportar pruebas para demostrar su acusación en el sentido de que la CIDH actúa equivocadamente en este país, y le demandó suscribir los acuerdos internos que en la materia ha acordado con la OEA.
Más de 180 organismos internacionales, redes nacionales y organizaciones no gubernamentales del mundo aprovecharon para lanzar en Perú -sede de la Asamblea General de la OEA- una declaración titulada Una oportunidad para los derechos humanos, en la que hacen un llamado a los gobiernos a reflexionar sobre el proceso de reforma del sistema interamericano comenzado en el seno de la OEA y hacen propuestas que se contraponen a las que han presentado los representantes gubernamentales de México y Perú.
Este pronunciamiento conjunto se dio a conocer en México mientras organizaciones de Argentina, Belice, Chile, Colombia, Nicaragua, Panamá, Perú, Estados Unidos, Uruguay y Venezuela hacían lo propio en sus respectivos países.
Las organizaciones (entre ellas Human Rights Watch/Americas, el Cejil y la Federación Internacional de Derechos Humanos) se mostraron preocupadas con la propuesta de reforma que pretende fusionar la Comisión a la Corte Interamericana, limitar la admisibilidad de los casos, aumentar el carácter confidencial de las decisiones del organismo y restringir la representación de ONG e individuos.
Hicieron un exhorto para la búsqueda de una mayor eficacia del sistema interamericano de protección a derechos: fortalecimiento de la Comisión y la Corte interamericanas, flexibilidad en la admisibili- dad de los casos, reconocimiento de las ONG como entidades consultivas y asignación de recursos necesarios.