Pemex y Roberto Madrazo no aceptaron planteamientos: Roccatti

Triunfo Elizalde y Elena Gallegos Ť ``La población mexicana reclama justicia; reclama que se le dé a cada cual lo suyo; no basta que se juzgue y sancione al delincuente, sino también es necesario que los derechos de las víctimas se garanticen plenamente'', expresó ayer, ante el presidente Ernesto Zedillo, Mireille Roccatti, presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, al leer el informe anual de esa institución, que comprende el periodo mayo 1996-mayo 1997.

``La sociedad -agregó- no se conforma con que se castigue al homicida, al violador, al que lesiona, al que roba o al que corrompe a un niño; sino que exige, además, la reparación, protección y reparación física y sicológica de las víctimas de esos delitos'', por lo que es comprensible que nada exaspere más al ciudadano que ``la indiferencia, la burocracia y la dilación injustificada de quienes, estando obligados a prestar un servicio público, se apartan de la legalidad y se convierten en encubridores, o peor aún, en transgresores de la norma que están obligados a respetar y hacer cumplir''.

Mireille Roccatti, reiteró ante el jefe de Ejecutivo que, como consecuencia de las recomendaciones pendientes de cumplimiento y calificadas de incumplimiento negligente, persiste la inejecución de órdenes de aprehensión, la omisión o deficiencia de acciones en el sistema penitenciario, la falta de conclusión de procedimientos administrativos de responsabilidad y la dilación en la integración y determinación de averiguaciones previas, que en sí ``propician el abuso y la impunidad''.

Señaló que el retraso en el cumplimiento de las recomendaciones pendientes o incumplidas por negligencia corresponde a los gobiernos de Baja California, Chihuahua, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Veracruz y Zacatecas, así como al Departamento del Distrito Federal y los municipios de Pénjamo, Guanajuato, y Torreón, Coahuila.

El número de recomendaciones calificadas de incumplimiento negligente disminuyó en relación con el ejercicio inmediato anterior (mayo 1995-mayo 1996), por lo que de 55 que existían ahora sólo figuran 49, correspondientes: siete en cada caso, a los gobiernos de Chihuahua, Guerrero y Michoacán; cuatro, Baja California; tres por estado a Sonora y Tabasco; dos a Veracruz, Morelos y Distrito Federal; uno por gobierno a Durango, Colima, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa y Zacatecas, y a las presidencias municipales de Torreón y Cuautla, Morelos.

Asimismo, dijo que las dos autoridades que no aceptaron recomendaciones fueron la Dirección General de Petróleos Mexicanos y Roberto Madrazo Pintado, gobernador de Tabasco. Después de decir que los motivos por los cuales las citadas autoridades no las aceptaron figuran en el contexto de los anexos del informe, subrayó: ``Los argumentos que al respecto versaron no justifican la no aceptación de las recomendaciones y, en cambio, propician la impunidad''.

Por considerarlo necesario, Roccatti reiteró que las recomendaciones de la CNDH ``no pretenden, en modo alguno, desacreditar a las instituciones ni constituyen una afrenta o agravio a las mismas o a sus titulares; por el contrario, deben ser concebidas como instrumentos indispensables en las sociedades democráticas y en los estados de derecho para lograr su fortalecimiento mediante la legitimidad que, por su cumplimiento, adquieren autoridades y funcionarios ante la sociedad''.

Hizo notar también que, si bien el sistema de justicia penal se ha modernizado para ampliar la eficacia de garantías procesales a los inculpados, procesados y sentenciados, es evidente que las víctimas del delito, a pesar de gozar de ciertos derechos constitucionales, siguen siendo la parte más desprotegida, lo que implica que los derechos reconocidos en la Carta Magna no se ejercen plenamente ni existen las instituciones para su garantía y defensa.

Roccatti aseguró que de mayo de 1996 a mayo de 1997 se recibieron 8 mil 509 quejas, que sumadas a las mil 323 que estaban en trámite a finales de mayo del año pasado elevaron el total a 9 mil 832, de las que se concluyeron 8 mil 456 y están en trámite mil 376 quejas. En los siete años que tiene la CNDH se han recibido 53 mil 619 quejas, de las que 11 mil 6 se han referido a asuntos de naturaleza penal.

Respecto de la tortura, informó que actualmente ocupa el lugar número 24 en la frecuencia de presentación de quejas, ya que sólo se recibieron 46, de las cuales, una vez calificadas, se integraron 25 expedientes y en siete casos se emitieron recomendaciones.

En el periodo citado, la CNDH emitió 126 recomendaciones dirigidas a los gobiernos de Veracruz (11), Guerrero (10), Chiapas (8), Jalisco (7) y Tabasco (6); a la vez, se destinaron ocho a la Subsecretaría de Protección Civil, Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación; y el resto se repartió entre otras autoridades. En sus siete años de existencia, la Comisión Nacional ha emitido un total de mil 179 recomendaciones.

Llama la atención que de entre las 126 recomendaciones que la CNDH emitió en el último lapso, 24 fueron elaboradas para pedir a gobiernos estatales, municipales y federales la adopción de medidas tendentes a lograr la readaptación social de la población penitenciaria. Ello como resultado de sus visitas permanentes a las 435 prisiones que hay en el país, y donde se ha podido comprobar que se violan los derechos humanos de los internos de manera casi impune.

Más adelante, la ombudsman enfatizó que, como resultado de la lucha contra la impunidad entablada por la CNDH, se logró que en los últimos 12 meses las autoridades aplicaran sanciones administrativas o penales a 278 servidores públicos federales y estatales, con lo que suman 2 mil 742 burócratas sancionados desde que se fundó la institución.

También derivado de las visitas a los centros de reclusión, la Comisión Nacional logró, dentro de su programa de atención a personas de origen indígena, que 252 pertenecientes a diversas etnias obtuvieran los beneficios de preliberación y libertad, con lo que el total de indígenas liberados asciende a más de 800 en los últimos tres años.

En un lenguaje ``para entendidos'', la presidenta de la CNDH elogió primero la función que en la promoción y defensa de los derechos fundamentales de los mexicanos llevan a cabo las organizaciones no gubernamentales, a las que felicitó. Sin embargo, más adelante dijo:

``Los problemas que surgen en la sociedad afectan a todos. Las causas generadoras las señalan muchos; los estudios y proyectos de solución serios se realizan por pocos, y la práctica continua, para resolverlos, es ocupación de unos cuantos. Ello explica, aunque no justifica, el que se viertan opiniones que, antes de construir, destruyen y, sin aportar, cuestionan''.

No obstante, la presidenta de la CNDH terminó diciendo que ``los derechos humanos, en tanto que realidad compartida, exigen la participación comprometida de nuestras sociedades y de nuestros gobiernos; voluntad ciudadana y voluntad política en torno a los mismos valores y en pro de los mismos objetivos''.