El choque del EPR con el Ejército paralizó la vida en El Quemado

Maribel Gutiérrez, corresponsal, El Quemado, Gro., 8 de junio Ť Temerosos por la presencia de cientos de soldados que patrullan caminos en tanquetas y peinan a pie el monte, los habitantes de este poblado del municipio de Atoyac no han podido trabajar desde el martes 27 de mayo, día del enfrentamiento entre el Ejérci-

to Mexicano y el Ejército Popular Revolucionario (EPR) en El Guanábano, a 5 kilómetros de esta localidad.

Ayer comenzaron a salir a sus parcelas. Se les vio caminando en campos en torno al pueblo, donde aparecieron de repente militares en vehículos artillados, apuntando sus armas a todas partes.

El despliegue militar se ha mantenido en la última semana. La tregua declarada por el EPR a partir del 4 de junio no repercutió en los movimientos del Ejército Mexicano en esta área.

Donde comienza la brecha de terracería que sube a El Quemado, entre Cacalutla y Poza Honda, hay un retén. Los soldados revisan a cuantos pasan, a pie o en vehículos. Aquí, los militares establecieron un retén y un campamento provisional el día del enfrentamiento; ahora hay un asentamiento fijo que concentra decenas de vehículos castrenses. Barricadas de madera y costales con arena hacen pensar que la base podría ser permanente.

Las patrullas en caminos de la sierra han sido constantes. Los militares incursionan de pronto en localidades de aún mayor población, como Cacalutla, donde el sábado fueron desplegados decenas de soldados, que ocuparon las calles con armas preparadas para disparar, como esperando un ataque.

Seis kilómetros adelante, hacia la sierra, se localiza otro campamento a los lados de la brecha, donde están desde hace diez días ocho tanquetas.

A lo largo del camino, los campesinos pueden ser detenidos en cualquier momento por soldados, revisados y sometidos a interrogatorios tan sólo por estar fuera del pueblo. Nada se queda sin supervisar, principalmente la comida que los labriegos llevan.

``No podemos trabajar, sólo vemos las parcelas. Para ir a trabajar tenemos que llevar bastimento. Salimos muy temprano, comemos allá al mediodía, para quedarnos en el campo hasta la tarde. Desde que andan aquí los soldados no podemos llevar bastimento, porque nos detienen y nos acusan de llevar comida a los del EPR'', dice el comisario, Rubén Pino Rojas.

Muestra un documento con fecha del 31 de mayo, firmado por 186 ciudadanos, casi todos los jefes de familia de El Quemado, y por el gobernador Angel Aguirre Rivero, quien se comprometió a gestionar la principal petición de los campesinos de esta área: ``Que el Ejército no viole los derechos humanos''. La petición se envió el 6 de junio al presidente Ernesto Zedillo.

En los primeros días de la ocupación militar, los pobladores de El Quemado sólo pedían que los soldados no cometieran atropellos. Pero luego de más de una semana, la presencia castrense intimida a la población. ``Mejor sería que no estuviera el Ejército,

y no hubiera intimidación'', comenta el comisario.

Campesinos de filiación priísta explican que además de que no pueden trabajar, tienen incertidumbre por los efectos que tendría la militarización en las elecciones del 6 de julio.

Plantean: ``Nunca habíamos visto un enfrentamiento con el Ejército tan cerca de aquí, a sólo 5 kilómetros. Ni habíamos visto tantos soldados como ahora. No sabemos cómo va a reaccionar la gente, no sabemos si vayan a tener miedo de ir a votar''.

Comentan que aunque el EPR declaró una tregua, ``aquí el Ejército sigue igual y le tenemos más miedo, porque aquellos amigos andan en su lucha, pero no se meten con el pueblo. Aquí los retenes siguen, donde registran a la gente''.

Las clases en las escuelas no se han regularizado desde el enfrentamiento. En particular las del jardín de niños, cuyas maestras anunciaron al comisario que no asistirán mientras esté el Ejército, pues temen que los soldados cometan contra ellas algún atropello.

El comisario y los vecinos insisten en que el principal problema es que ya empezó la temporada de lluvias, y no han podido sembrar maíz ni frijol, los principales cultivos.

Los campesinos tienen miedo de salir, y se han removido los recuerdos de la represión del Ejército contra la guerrilla de Lucio Cabañas, y cuando en septiembre de 1972, en helicópteros militares, se llevaron de El Quemado a 80 ciudadanos acusados de colaborar con el Partido de los Pobres. 24 de ellos estuvieron cuatro años y medio en la cárcel, y hubo seis desaparecidos.

Esta semana entregaron a las autoridades municipales y estatales un documento en el cual piden que el Ejército no viole los derechos humanos, y exponen que el día del enfrentamiento fueron detenidos y torturados durante 20 horas el campesino Paulino Padilla Rosario, de 38 años, y su hijo Antonio Padilla Gatica, de 15, a quienes obligaron a conducir a los soldados a una cueva cerca de El Guanábano, en donde los militares esperaban encontrar armas de los eperristas, pero sólo hallaron guano de murciélago.

Continúa desaparecido un campesino detenido por soldados

En la cabecera municipal de Atoyac, Cornelio Barrientos Cortés informó que su hermano Martín, de 19 años, sigue desaparecido, y ninguna autoridad militar o civil da noticia de su paradero.

Señaló que, este viernes, Martín Barrientos fue visto por su hermana y otros vecinos cuando lo sacaban de la presidencia municipal de Atoyac. Indicó que iba custodiado por civiles, que lo subieron a una camioneta blanca.

Martín Barrientos es el único de los detenidos por el Ejército después de los enfrentamientos con el EPR que sigue desaparecido. Fue arrestado el 28 de mayo, durante una incursión de militares aerotransportados a El Cucuyachi, quienes tomaron el pueblo en busca de los eperristas. Esa comunidad está ubicada en el área del conflicto, separada sólo por un cerro de El Guanábano, donde ocurrió el choque del 27 de mayo.