Alarmante, la agresión contra ellos, reconoce Meissner
Antonio Vázquez y Fabiola Martínez Ť En los últimos seis meses las violaciones a los derechos humanos y laborales de los trabajadores migrantes y sus familias han alcanzado niveles ``tan alarmantes'', que incluso la comisionada nacional del Servicio de Inmigración y Naturalización de Estados Unidos, dependiente del Departamento de Justicia, Doris Meissner, reconoció esta grave situación.
En una carta enviada a Philip Montes, director regional de la oficina Oeste de la Comisión de Derechos Civiles (humanos) de los Estados Unidos, la funcionaria recomienda seguir documentando los agravios en contra de los migrantes ``para mejorar el aspecto vital de nuestro servicio al público y para dar un mejor trato a la gente con la que tratamos todos los días''.
Doris Meissner acepta respecto de las denuncias presentadas por organizaciones no gubernamentales que ``nada puede ir más allá de la verdad''. La comisionada se comprometió por ello a corregir las deficiencias en la función de la organización policiaca para evitar más abusos.
Isabel García, presidenta de la Cámara Estatal de Protección de Derechos Humanos en Arizona, relató lo anterior durante los trabajos del Foro Internacional en Defensa de los Derechos Plenos de los Trabajadores Migrantes y sus Familias y entregó a La Jornada copia del documento firmado por la comisionada Meissner.
Sin embargo, Isabel García acusó al gobierno estadunidense de reclutar ``a la ligera'' a los nuevos integrantes de la Patrulla Fronteriza. Dijo que no se aplican exámenes psicológicos a los aspirantes y que sólo basta ser egresado de preparatoria para ingresar a la corporación, situación que ha incrementado el clima de ``temor y terror entre los hispanos''.
Los migrantes reciben toda clase de agresiones físicas y verbales que incluyen insultos, detenciones e inspecciones ilegales, hasta abusos como violaciones sexuales e incluso asesinatos.
Destacó que en los últimos seis meses en el estado de Arizona las organizaciones defensoras de los derechos humanos han registrado el asesinato de seis jóvenes (dos guatemaltecos y cuatro mexicanos) presuntamente a manos de policías fronterizos. Estos casos no han sido llevados a la corte.