Suspende el INAH proyecto de los grupos Inbursa y Carso en Cuicuilco
Patricia Vega Ť En estricto apego a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, y debido a irregularidades de carácter administrativo, la noche del jueves fueron suspendidas temporalmente las obras del desarrollo inmobiliario que el grupo financiero Inbursa y el grupo empresarial Carso llevan a cabo en un predio de propiedad privada, colindante con la zona arqueológica de Cuicuilco.
Representantes de los mencionados grupos recibieron un oficio girado por el Departamento Jurídico del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), en el que se notificaba la orden de suspender temporalmente la construcción de las mencionadas obras urbanísticas hasta que se cumpla con el requisito de presentar ante el Instituto, para su autorización, el proyecto arquitectónico integral, tal como lo marca el artículo 43 de la citada ley de carácter federal.
El procedimiento a seguir consiste en que se entregue al INAH el proyecto arquitectónico integral del desarrollo urbanístico, diseñado por el arquitecto Teodoro González de León, y luego de su análisis por las autoridades correspondientes, el proyecto sea aprobado sin enmiendas o se hagan las observaciones que se consideren pertinentes para que éstas sean corregidas.
Ante la controversia generada por el rechazo de diversos grupos de la sociedad civil a la construcción de un centro comercial y del proyecto inmobiliario Loreto y Peña Pobre, en las inmediaciones de la zona arqueológica de Cuicuilco, el INAH publicó recientemente un desplegado dirigido a la opinión pública, en el que aclara su posición ante las mencionadas obras, señalando que ``hasta el día de hoy, en la porción del terreno en que se pretende se realicen las futuras construcciones, no se han encontrado vestigios de edificaciones prehispánicas. Solamente se han localizado algunos fragmentos de cerámica, de lítica y de figurillas correspondientes a la época teotihuacana, en un área colindante con la zona arqueológica de Cuicuilco. Estos materiales corresponden a un periodo posterior a la destrucción de Cuicuilco por la erupción del volcán Xitle''.
Sin embargo, en el mismo desplegado se apunta que los estudios científicos efectuados hasta ahora revelan la existencia de un ``cuerpo de agua'', de cuando menos dos metros de profundidad, que detuvo el flujo de la lava del volcán, muy cerca de los actuales límites de la zona arqueológica y que es, precisamente, el lugar en que se plantea levantar las nuevas construcciones.
Si bien la ausencia de monumentos arqueológicos no faculta al INAH para suspender las mencionadas obras, el Instituto sí puede hacerlo cuando se cometen irregularidades de carácter administrativo, como las señaladas al principio de esta nota.
Movilización de la sociedad civil
Sin duda, uno de los puntos más controversiales del proyecto es la construcción de una torre de diversos niveles que hace suponer una afectación visual y volumétrica de la zona arqueológica. Pero será hasta que se conozcan los planos en detalle cuando se pueda emitir un juicio al respecto.
Lo cierto es que desde febrero, mes en que se inició la construcción, se han hecho movilizaciones de vecinos residentes de Villa Olímpica y diversos actos públicos --el más reciente fue encabezado por Jesusa Rodríguez-- para criticar y exigir la suspensión del proyecto, por considerarlo atentatorio contra el patrimonio arqueológico. Asimismo, diversos intelectuales y políticos han prometido su intermediación para lograr una solución satisfactoria del conflicto.
Mientras tanto, el Grupo Carso ha asegurado, en distintas versiones periodísticas, que debido a que las obras del Centro Comercial y del Proyecto Loreto y Peña Pobre no violan el uso del suelo ni los convenios acordados para su construcción, ni tampoco atentan contra los vestigios arqueológicos de Cuicuilco, seguirán adelante con su construcción.
De acuerdo con un reportaje de Francisco Ortiz Pardo, publicado por la revista Proceso (No.1070, del 4 de mayo de 1997), ``una resolución publicada en el Diario Oficial el 30 de noviembre de 1994 --último día de gobierno de Carlos Salinas de Gortari-- concedió a Carlos Slim, socio mayoritario del Grupo Carso, el cambio de uso del suelo para construir y remodelar edificios para oficinas, vivienda y una plaza comercial en terrenos que formaron parte del primer centro habitado del Valle de México: Cuicuilco''.
Como se sabe, durante el sexenio salinista Jorge Gamboa de Buen se desempeñó como director general de Reordenación Urbana y Protección Ecológica del DDF --precisamente la oficina que aprueba los cambios de uso de suelo-- y que ahora representa los intereses del Grupo Carso.