Eduardo Montes
El chantaje de los banqueros

Al entrar el proceso electoral en su etapa final, el gobierno federal, su partido, sus candidatos, las cúpulas de empresarios y banqueros metidos a la campaña electoral con camiseta priísta juegan su última carta. Intentan atemorizar a los electores, pronosticando de manera alarmista y con argumentos falsos, trastornos económicos, fuga de capitales, inflación, crisis si gana la oposición, sobre todo si ésta es la izquierda representada por Cárdenas y el PRD.

No es nueva esta táctica: en procesos electorales anteriores los sectores oficiales explotaron con éxito el voto del miedo al cambio, el ``más vale malo por conocido que bueno por conocer'', aunque las consecuencias fueron desastrosas para el país y para el pueblo. En 1994 la propaganda oficial consiguió éxito con esa maniobra paralizante de la voluntad y de la conciencia ciudadana: atemorizó a los electores con el triunfo de la oposición, obtuvo mayoría el 21 de agosto de ese año, pero inmediatamente después, al asumir el doctor Zedillo el gobierno se inició una de las crisis económicas más severas de este siglo, con consecuencias atroces para los niveles de vida de los asalariados y de las capas medias de la población, para los intereses de los pequeños y medianos empresarios. Sólo se salvó de ese desastre la élite de los negocios, algunos de cuyos integrantes sacaron sus capitales del país y siguieron concentrando capitales y poder.

Ante la perspectiva de que la oposición política de izquierda avance en las próximas elecciones, sobre todo en la capital del país, como lo indica la mayoría de las encuestas, nuevamente está en marcha una gran maniobra manipuladora del electorado. En ella participan hoy por primera vez y de manera abierta los jefes de las cúpulas empresariales y de banqueros, quienes de esta manera asumen, sin intermediarios, la defensa de sus intereses de clase y del inmovilismo político que les ha dado enormes beneficios sobre todo en los últimos tres lustros. Su objetivo es detener a Cárdenas en el Distrito Federal y limitar las posibilidades del PRD en las elecciones de diputados.

El pretexto inicial fueron las declaraciones del candidato del PRD a la jefatura del gobierno del DF sobre las Afores --el gran negocio del siglo de los banqueros mexicanos--, pero en los últimos días se presenta el programa económico del PRD como el petate del muerto para espantar a los electores. El señor Antonio del Valle, presidente de la Asociación de Banqueros de México en una declaración, no con el propósito de analizar ese programa sino de impresionar a la opinión pública, afirma que de aplicarse provocaría una crisis más grave que la iniciada en 1995. Con ello sugiere que la propuesta económica de ése partido es irresponsable, radical o aventurera.

Aunque propone debatir el programa del PRD --reto en buena hora aceptado por Andrés Manuel López Obrador--, es indudable la mala fe y la intención manipuladora del señor Del Valle. Alguno de sus juicios, como el de que el PRD propone reducir a la mitad el pago de la deuda externa, evidencian que no conoce la propuesta económica perredista o miente deliberadamente.

En verdad, ni Cuauhtémoc Cárdenas ni López Obrador son unos extremistas de izquierda, ni el programa económico del PRD se propone cambios radicales en la economía del país, aunque sí rectificaciones del rumbo encaminadas a la justicia social, a una redistribución menos injusta del ingreso, a construir la economía nacional sobre bases más sanas, asentadas en el mercado interno y en los intereses de la sociedad. Obviamente en esto y en algunos otros aspectos importantes, el enfoque perredista es contrapuesto al oficial y al de los banqueros y grandes empresarios. Se trata de una contradicción teórica pero sobre todo práctica. La terca realidad indica la necesidad de cambios en la estrategia económica, la de ponerle fin al dogmatismo oficial. Seguramente esa necesidad está inclinando a los electores --mayoritariamente, según las encuestas-- en favor de la oposición.

Ciertamente los empresarios, los banqueros, los hombres del gobierno tienen derecho a defender sus puntos de vista; lo ilegítimo es intentar secuestrar la voluntad ciudadana mediante el chantaje y la manipulación. Debe dejarse a los electores expresarse con libertad en las urnas.