Faltan cuatro domingos para el 6 de julio, todas las encuestas coinciden en que Cuauhtémoc Cárdenas ganará de calle la gubernatura del Distrito Federal, y los expertos del PRI hacen y deshacen toda clase de sumas y restas, y se mesan los cabellos y transpiran, y vuelven a sumar y restar, fumando como locos porque las cuentas no les salen. En el padrón de la ciudad de México figuran, inscritos, con foto y huella digital, 5 millones 987 mil ciudadanos. Suponiendo, en el mejor de los casos, que voten sólo 4 millones, ¿qué significará esto en números fríos?
De acuerdo con los cuatro sondeos más recientes, la Fundación Rosenbluth, el periódico Reforma y el Centro de Estudios de Opinión de la Universidad de Guadalajara (CEO), Cárdenas tiene el apoyo tentativo de 40 por ciento del electorado, mientras la Casa Berumen precisa que no, que sólo el de 35.
Los pronósticos de Reforma y CEO, por otro lado, convergen en que el abanderado del PAN, Carlos Castillo Peraza, marcha en segundo lugar con un promedio de 19 por ciento, y en que Alfredo del Mazo corre detrás de él con un apurado 17.5 por ciento, en promedio también. Berumen, en cambio, discrepa, al vaticinar a Del Mazo un 20 por ciento cerrado, situando a Castillo cinco puntos más abajo que el candidato del PRI.
Si las elecciones fuesen el día de hoy, siguen diciéndose los expertos, y si acudieran a las urnas 4 millones de personas, ¿cuál sería el verdadero volumen de sufragios para Cárdenas, Castillo y Del Mazo?
Cárdenas, 1 millón 180 mil votos (40 por ciento); Castillo, 760 mil (19 por ciento), y Del Mazo, 680 mil (17 por ciento). ¿Y cuál sería la cosecha del Partido del Trabajo, que tras la renuncia de Francisco González Gómez, su ex candidato al gobierno de la capital, se desplomó de 1.7 por ciento a 0.3?
-No desperdicies papel -me dice el tonto del pueblo, tras la reja de prácticas del juzgado 11 de Tecamacharco, donde Su Señoría le informará muy pronto cuánto tiempo le falta para salir.
Sentado en la banca del policía de guardia, apoyando la espalda contra el muro de mosaicos blancos que absorbe la transpiración de su camisa, el licenciado Tito Penélope, defensor de oficio, intenta ponerse en los zapatos de los expertos del PRI. El tonto, la secretaria del juzgado, el policía de guardia y yo lo escuchamos como ausentes, aturdidos por el calor.
Entre sueños, lo veo cuando toma de su portafolios un ejemplar del periódico Ovaciones, segunda edición, del martes 10 de los corrientes, y lo extiende y lo dobla en una página cuya número no reconozco, para leernos un comentario que no alcanzo a saber de quién es: ``Alfredo del Mazo ha logrado amarrar ya 1 millón 500 mil votos, con los cuales está seguro de triunfar el próximo 6 de julio''.
-El columnista -agrega el licenciado Penélope- explica líneas abajo que las estructuras del PRI han comprometido el voto de cientos de miles de ciudadanos muy pobres, y que éstos ayudarán a Del Mazo a cambio de despensas, becas, vales para las lecherías Conasupo o dinero en efectivo.
-Ay, sí, pero el voto es secreto -dice la secretaria-. Nadie puede saber por quién votamos.
-Los priistas sí pueden -replica Penélope-. El que quiera ganarse cien o doscientos pesos votando por el PRI, lo único que tiene que hacer es meter en la urna una boleta, previamente marcada a favor del PRI, que un representante del PRI le entregará cerca de la casilla. Así, cuando la persona llega a votar, recibe una boleta limpia, se la guarda en la ropa, deposita la que ya está tachada, y al terminar esta sencilla operación, regresa al sitio donde lo espera el representante del PRI, muestra la boleta limpia y cobra su dinero.
-¿No te parece que esto ya lo sabemos de sobra? -me dice el tonto del pueblo, al verme escribiendo a toda velocidad.
-De acuerdo -acepto-, pero esta página se lee en Internet, y fuera de México pocos conocen estos detalles.
A finales del año pasado, el gobernador priísta de Chiapas, Julio César Ruiz Ferro, gastó 10 millones de pesos para asegurar que el Congreso estatal lo ratificara en su cargo, al que ascendió en febrero de 1995 y en calidad de interino. En diciembre, sin embargo, con este propósito de conseguir el respaldo legislativo suficiente para convertirse en gobernador sustituto y prolongar su mandato hasta el año 2000, regaló un coche último modelo a cada uno de los diputados locales, y una camioneta de carga a cada una de las organizaciones campesinas afiliadas al PRI. El resto, porque 10 millones de pesos no se acaban tan fácilmente, lo destinó a la prensa.
De esta suerte, Ruiz Ferro se ha transformado en el máximo operador de la clase política chiapaneca -aunque los jefes reales son otros-, y desde esta fortaleza ha tomado por su cuenta el control del proceso electoral. En Chiapas, como en los viejos tiempos, el gobernador vigila, dispone, alienta y manipula todo lo concerniente a los comicios. Pero, a diferencia de los viejos tiempos, el secretario de Gobernación, comisionado por el Presidente de la República para supervisar estas astucias, carece de autoridad sobre Ruiz Ferro.
Esto sería irrelevante, considerando que en términos formales la Secretaría de Gobernación ha perdido la atribución de organizar, ejecutar y calificar las elecciones. Pero lo grave del caso Chiapas es que el Instituto Federal Electoral (IFE), organismo creado por el régimen para desempeñar las funciones que antes le correspon-dían a Gobernación, ha sido excluido igualmente por Ruiz Ferro, toda vez que el gobernador imparte instrucciones directas a los seis consejeros ciudadanos que personifican al IFE chiapaneco.
Estas buenas personas, que fueron nombradas directamente por el gobernador, son: Francisco Rodríguez Piñeiro, dueño de las ferreterías Ferecentro, sin experiencia política ni electoral; Pacífico Orantes Hernández, médico de prestigio, sin experiencia política ni electoral; Alberto de la Rosa Salazar, ex magistrado del Tribunal Superior de Justicia del estado, sin experiencia electoral; Francisco Castillo Acevedo, político sin experiencia electoral; Roger Robles Cruz, veterinario afamado, sin experiencia electoral; Blanca Estela Parra Chávez, joven activista sin experiencia electoral, y Mario Villegas Nájera, el vocal ejecutivo del organismo, algo así como el José Woldenberg de Chiapas, es la pieza maestra del gobernador.
Así, Ruiz Ferro ordena, Villegas Nájera cumple, los demás acatan o, a veces, protestan, pero terminan aceptándolo todo porque ignoran la complejísima técnica jurídica del proceso electoral, cuyo dominio de especialista milimétrico en el tema le permitió a Woldenberg llegar a donde está.
Enrique Ibarra Pedroza, representante del PRI ante el consejo estatal del IFE y, por supuesto, hombre de confianza de Ruiz Ferro y aliado de Villegas Nájera, declaró el 6 de junio que existen ``buenas condiciones para realizar una jornada electoral normal y pacífica'' en aquella entidad (La Jornada, 7/06/97).
Pero la postura de Ibarra Pedroza, avalada por el gobernador y su aparato publicitario, contrasta con la opinión de Jaime Cárdenas y Emilio Zebadúa, los dos consejeros ciudadanos designados por el IFE nacional para estudiar el clima imperante en Chiapas, donde la presencia militar continúa incrementándose en la selva, en torno de las comunidades zapatistas, al mismo tiempo que en el norte del estado las guardias blancas al servicio de los latifundistas aumentan las provocaciones y los enfrentamientos contra los zapatistas, en el contexto de la secreta guerra civil que se desarrolla desde 1995 en los municipios cercanos a Palenque, y que esta semana, nada más, provocó otra decena de muertos.
En agosto de 1994, durante las elecciones para presidente de la república y gobernador del estado, en Chiapas desaparecieron más de 500 casillas. En algunos lugares, los campesinos fueron inducidos a votar por el PRI mediante el procedimiento que el licenciado Penélope mencionaba líneas arriba, pero a la hora de cobrar por el servicio fueron pagados con fotocopias de los nuevos billetes que entonces comenzaban a circular y que ellos no conocían.
El fraude electoral que elevó al poder a Eduardo Robledo fue tan escandaloso, que las comunidades indígenas zapatistas se decepcionaron profundamente de esta forma de participación democrática. Al año siguiente, en las elecciones para presidentes municipales, los pueblos indios de Chiapas designaron a sus autoridades de acuerdo con la más antigua tradición, y se olvidaron de votos y urnas. Quienes, por el contrario, sí participaron en los comicios, fueron los militantes indígenas del PRI, una minoría notable en los Altos de Chiapas, donde la mayor parte de las alcaldías, hasta la fecha, son gobernadas por los zapatistas, al margen de la otra legalidad.
Gracias a esta experiencia, las comunidades afines al Ejército Zapatista de Liberación Nacional llevan casi cuatro años gobernándose en forma autónoma, sin depender de la estructura municipal que administra Ruiz Ferro. Por ello, en la selva, el norte y los Altos, las tres regiones de Chiapas donde la influencia del EZLN es más palpable, a las comunidades indígenas les tienen sin cuidado las próximas votaciones de julio. Allí, casi todos los votos que caigan dentro de las urnas serán para el partido del régimen.
¿Quiénes votarán en la selva, el norte y los Altos de Chiapas? Ante todo, los soldados, cuyos cuarteles, guarniciones y campamentos se han multiplicado como hongos de lluvia. El proceso, en este sentido, será útil para saber al fin cuántos efectivos militares se encuentran en las zonas del conflicto. Lo harán, asimismo, las comunidades priístas y los inumerables agentes de las oficinas federales que trabajan incansablemente desde 1994 en labores de contrainsurgencia.
El principal afectado por esta situación, desde luego, será el PRD chiapaneco, que esperaba, como si hubiese hecho algo para merecerlo, el voto duro del zapatismo. Pero las consecuencias también serán para el PRI, que antes de 1994 poseía en Chiapas una reserva estratégica de alrededor de 500 mil electores cautivos, mismos que sumados a los 300 mil que le eran fieles en Tabasco, y a 200 mil más dispersos en Campeche y Quinana Roo, constituían el llamado ``granero electoral del sureste'', calculado en casi un millón de boletas seguras.
A cuatro semanas del 6 de julio, Chiapas es ya el escenario de una contienda cívica empañada por la militarización, que será fuente de incontables irregularidades y proyectará su sombra fraudulenta sobre el resto del proceso nacional. Las voces más sensatas y autorizadas aconsejan suspender los comicios allí donde objetivamente no hay condiciones para efectuarlos. Sin embargo, aunque el IFE estuviese de acuerdo con esta medida, no hay nada que hacer porque en Chiapas todo está en manos de Ruiz Ferro, es decir, de la franja del salinismo que no pide instrucciones en Bucareli o en Los Pinos, sino en la hermosa Dublín, que el próximo lunes recordará una vez más a Ulises.