El Departamento de Estado pidió revisar el caso Tristán, no aplazar la ejecución

Jim Cason y David Brooks, corresponsales, Washington, 13 de junio Ť Altos funcionarios de la administración de Bill Clinton confirmaron hoy que el Departamento de Estado envió una carta esta mañana al gobernador de Texas, George W. Bush, solicitando una aclaración sobre cuándo y cómo fueron notificadas las autoridades diplomáticas mexicanas del arresto de Irineo Tristán Montoya, tal como establece el convenio internacional para este tipo de casos.

``No hemos solicitado una postergación de su ejecución'', explicó un funcionario de la Casa Blanca a La Jornada. ``La secretaria de Estado no tiene el derecho legal de revocar un fallo de una corte de Texas. Lo que sí tiene derecho de hacer es señalar que esto se trata de un tratado que hemos suscrito y que los mexicanos han presentado dudas sobre si hemos cumplido con ese acuerdo''.

Karen Hughes, vocera del gobernador Bush, confirmó hoy que el mandatario recibió una carta firmada por el consejero legal en funciones del Departamento de Estado, Michael Mathison. ``Nuestros abogados han hablado con el Departamento de Estado y con el procurador general de Texas y estaremos respondiendo antes de la fecha de ejecución'', informó Hughes a La Jornada esta tarde. ``Probablemente será a principios de la semana entrante''.

Funcionarios gubernamentales informaron que los abogados del Departamento de Estado evaluarán la respuesta del gobernador Bush, cuando ésta sea recibida. Pero rehusaron especular sobre lo que sucedería si el gobernante texano confirma que las autoridades consulares mexicanas no fueron informadas del arresto de Tristán Montoya, tal como lo estipula la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares.

Ultimos recursos

Este intercambio epistolar, junto con una petición ante la Suprema Corte de Estados Unidos, son los últimos recursos que se han empleado para tratar de evitar que se lleve a cabo la sentencia a la pena de muerte del mexicano.

El caso de Tristán Montoya impone presiones conflictivas sobre los políticos en Washington. Funcionarios del gobierno indican que desean responder lo más posible a las solicitudes sobre el caso desde México, uno de los gobiernos aliados más cercanos de este país. Pero para los políticos, el contexto interno el caso también provoca interrogantes en torno a la separación de poderes (en este caso, entre el Ejecutivo y el Judicial), así como en torno a la doctrina cada día más defendida de los ``derechos estatales'' frente a ``los federales'' y de cierta manera, con las aspiraciones políticas de Al Gore y su equipo.

Varios funcionarios señalaron hoy que la Constitución de Estados Unidos establece explícitamente la independencia del Poder Judicial y prohíbe la intervención del Ejecutivo en casos particulares. Pero, pregunta el reportero, ¿qué pasa en el caso donde hay una probabilidad de que hubo una violación de los derechos fundamentales del acusado al ser forzado a firmar una confesión en inglés, idioma que no conoce? La respuesta de las autoridades federales: ``Este individuo tiene abogados; si ha ocurrido una violación de sus derechos le corresponde a sus abogados utilizar el sistema de juzgados para abordarlo''. Desde este punto de vista, una vez que las cortes hayan emitido su fallo sobre un asunto legal específico, el Ejecutivo no debe entrometerse e intentar revocar ese fallo. (Aunque en algunos casos de derechos civiles, la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia ha proporcionado apoyo a personas que afirman que sus derechos han sido violados).

Complicando el problema para los funcionarios en Washington en este caso está el creciente movimiento, apoyado por republicanos y demócratas, a favor de retirar poderes federales y ``regresarlos'' a los gobiernos estatales. ``Este caso presenta temas sobre derechos estatales'', explicó un funcionario federal. ``No podemos estar diciéndole qué hacer al gobernador de Texas''. Para el propio presidente Clinton sería políticamente difícil promover la doctrina de más poder para los estados y al mismo tiempo intervenir en lo que aquí se percibe como asuntos internos de un estado. Por cierto, la Casa Blanca rehusó comentar hoy sobre el caso y señaló que toda declaración acerca de Tristán Montoya será manejada por el Departamento de Estado.

En este asunto están las aspiraciones políticas del gobernador Bush. Según versiones periodísticas, Bush podría estarse preparando para buscar la candidatura republicana para la presidencia en el 2000. Si lo lograra, se encontraría enfrentando a Al Gore, y es poco probable que el vicepresidente gustaría regalarle un tema como éste a Bush, particularmente cuando 77 por ciento de los estadunidense apoya, según encuestas, la pena de muerte. Se recordará que el propio Clinton interrumpió en 1992 su programa de actividades para regresar a Arkansas, para asegurarse de que se llevara a cabo una ejecución sin demora, y así no dejar ninguna ambigüedad sobre su posición.