En 4 meses, 30 quejas por abusos de inspectores de Vía Pública

Raúl Llanos Samaniego Ť Los inspectores de Vía Pública se han convertido en los principales responsables de abusos y extorsión contra prostitutas, niños de la calle y ambulantes, según dirigentes de organizaciones civiles y de derechos humanos, mientras que subdelegados jurídicos reconocen que este cuerpo de servidores públicos se ha reforzado con ex luchadores, ex boxeadores y ex policías, cuyo nivel de escolaridad es apenas de primaria y con un perfil ``altamente agresivo''.

De hecho, ``sus métodos de trabajo'' motivaron cerca de 30 quejas ante la Contraloría Interna del Departamento del Distrito Federal, de enero a abril de 1997, y la destitución de varios inspectores por recomendación de la Comisión de Derechos Humanos capitalina.

Para el subdirector de Vía Pública en la Cuauhtémoc, Antonio Romero, la justificación a esta situación es una: ``la disputa por las calles es violenta, en muchas ocasiones casi a muerte y ahí se da uno cuenta de que no puede contar con hermanitas de la caridad. Entonces, el perfil del inspector de Vía Pública es de gente que se ha ido acondicionando a esa misma violencia''.

Información recabada entre funcionarios de Vía Pública de esa demarcación revela que este tipo de inspectores --también conocidos como verificadores-- carecen de capacitación y adiestramiento regular, perciben ingresos promedio de mil a mil 200 pesos mensuales, realizan operativos en camionetas catalogadas como carcachas y a todo esto se suma la carencia de lineamientos definidos para su contratación.

Las quejas por corrupción y extorsión son numerosas por parte de organizaciones de vendedores ambulantes, mientras que el Consejo Ciudadano en Cuauhtémoc ha denunciado ante el subdirector de Vía Pública, Antonio Romero, que continuamente los inspectores realizan sus operativos cotidianos bajo el influjo de algún tipo de droga.

Nuria Fernández, integrante de la Brigada Pro Derechos Humanos-Observadores por la Paz en el Distrito Federal, afirma que los inspectores han distorsionado su función de evitar la expansión de vendedores ambulantes y prostitución, y ``se han convertido en un grupo parapoliciaco'', conformado por gente despedida de corporaciones policiacas o que se dedicaba a la lucha o al boxeo, con el riesgo que eso representa.

Testimonios recabados por La Jornada entre seis inspectores de esa jurisdicción, encabezada por Carlos Vega Memije, indican que a pesar de las declaraciones oficiales, ``es de ley pasar por la charola, que es el cobro diario que se le hace a los vendedores ambulantes; es de cinco pesos por choya''.

``Además --agregan-- está el niño, que es el entre semanal que tienen que hacer los delegados de cada líder de los vendedores ambulantes directamente con los jefes, entonces imagínese cuánto dinero se junta, y para saber a dónde va a parar todo ese dinero''.

Con la única exigencia de guardar el anonimato debido a las muy seguras represalias, los inspectores declaran precisamente en dónde se queda parte de lo que se colecta: ``Juan Sánchez, quien coordina los inspectores del Centro Histórico, exige semanalmente 100 pesos, según para los desayunos de campaña de Alfredo del Mazo''.

Acercamiento de perfil

En entrevista con subdelegados jurídicos y responsables de Vía Pública de varias delegaciones reconocen que no existen políticas concretas que rijan la contratación de los inspectores ni los requisitos o preparación que deberán tener.

Francisco Lazcano Alcántara, subdelegado territorial de la zona 6 en la Gustavo A. Madero, considera que las características de un inspector están bien definidas, ``tienen un perfil muy desgraciado''.

Carlos Gutiérrez Avila, jefe de Vía Pública de la zona 5 de la misma jurisdicción, señala: ``las prestaciones que tiene esta gente son muy bajas y derivó en situaciones que le fueron formando una mala imagen a estas personas; se les tacha de corruptos, de agresivos, de abusivos. Desafortunadamente ésa es la imagen que se tiene de ellos''.

Antonio Romero, subdirector de Vía Pública en Cuauhtémoc, reconoce que varios inspectores de esta zona tienen niveles educativos de primaria y sus salarios deprimidos contribuyen a situaciones de corrupción.