Las expresiones sobre política y economía formuladas ayer por el jefe del Ejecutivo federal con motivo de la toma de posesión de Eduardo Bours como nuevo presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), resultan significativas en sí mismas y por el momento en que se presentan: en la recta final del proceso electoral que culminará en la elección del 6 de julio y luego de que el presidente de la Asociación de Banqueros de México (ABM), Antonio del Valle, descalificó el programa económico del Partido de la Revolución Democrática y auguró que su aplicación produciría una nueva catástrofe económica.
En el terreno político, los señalamientos del presidente Ernesto Zedillo contribuyen a poner en su justa perspectiva las presentes campañas electorales. Ciertamente, el debate político actual, a diferencia de lo que ocurría en comicios anteriores, está menos centrado en las preocupaciones sobre las alteraciones de la voluntad popular y en asegurar el respeto al voto, y más en las propuestas y plataformas de los contendientes. Ello constituye, a no dudarlo, un hecho positivo, posibilitado en buena medida por el establecimiento de la autonomía de la autoridad electoral, que incidirá en la normalización y estabilización democráticas del país.
Es cierto, por otra parte, que el llamado ``fin de las ideologías'' en el entorno mundial ha conllevado una significativa reducción de las diferencias en torno a los modelos de desarrollo económico propuestos por las diversas corrientes políticas, hasta el grado de que, en algunas naciones industrializadas, los proyectos económicos de conservadores, liberales, socialdemócratas y laboristas se vuelven a veces poco distinguibles unos de otros.
Por lo que concierne al escenario político mexicano, no es fácil encontrar en él las concepciones económicas ``extremistas e inviables'' a las que hizo referencia el mandatario; independientemente de las simpatías partidarias particulares, debe reconocerse que las principales fuerzas electorales del país están proponiendo fórmulas razonadas, argumentadas y atendibles, incluida la propia política económica del actual gobierno, la cual, a falta de documentos partidarios específicos y desarrollados, ha sido recogida como plataforma económica por el Partido Revolucionario Institucional.
En otro sentido, deben resaltarse los propósitos formulados por el nuevo presidente del CCE en su discurso de toma de posesión, cuando anunció ``una nueva etapa'' y una ``redefinición'' del empresariado. Es dable considerar que durante décadas éste ha vivido -al igual que los llamados ``sectores'' obrero, campesino y popular- bajo organizaciones cupulares, el CCE incluido, que han formado parte orgánica del sistema político corporativo, y cuyo funciona- miento no necesariamente ha obedecido a una lógica de promoción gremial, sino al control político de los agremiados y al ejercicio de una desproporcionada capacidad de presión y chantajes económico y político, del todo ajena a la institucionalidad establecida en las leyes del país.
Una expresión tardía de ese corporativismo empresarial fue, precisamente, el alineamiento de la ABM, por designio de su presidente en turno, en posturas claramente marcadas por una pasión partidista y electoral contra el PRD.
Ciertamente, los empresarios -al igual que todos los ciudadanos- deben estar en condiciones de ejercer a plenitud sus derechos políticos individuales. Pero el accionar de sus agrupaciones -cámaras, consejos, asociaciones, federaciones y confederaciones- debiera quedar estrictamente circunscrito a los asuntos gremiales y sectoriales. Otro tanto debe ocurrir, por supuesto, con las organizaciones sindicales y agrarias. La desarticulación del corporativismo aún existente en diversos ámbitos de la vida nacional es condición indispensable para avanzar en la normalización democrática referida ayer por el Presidente, tarea en la que casi toda la sociedad está de acuerdo.