No procede la revisión del caso Tristán, determina el gobierno texano

Jim Cason y David Brooks, corresponsales, Washington, 16 junio Ť Irineo Tristán Montoya enfrenta en Texas sólo dos opciones a 72 horas de ser ejecutado: una postergación proclamada por el gobernador de su cita en la sala mortal por un periodo de 30 días, o la muerte, confirmaron hoy a La Jornada su abogada y una vocera del gobernador George W. Bush.

En ese estado, el gobernador no tiene facultades ejecutivas para declarar unilateralmente la conmutación o un perdón de una sentencia penal, y sólo la Junta de Perdones puede dictaminar una conmutación de sentencia o clemencia. Según informó esta noche Karen Hughes, vocera del mandatario, Bush comentó hoy que cuenta sólo con la autoridad de postergar, por una sola ocasión y por un periodo de 30 días, una ejecución.

Hughes reiteró que el gobernador no ha tomado aún esta decisión sobre el caso de Tristán Montoya, y que expuso que sólo lo considerará el día en que está programada la ejecución del mexicano.

El gobernador, dijo Hughes a La Jornada en entrevista telefónica desde Austin, Texas, tiene la autoridad ``de conceder una prórroga de 30 días si él determina que las cortes no han tenido suficiente tiempo para considerar el caso... Pero no tomará la decisión hasta el miércoles''. Informó que, según las leyes en Texas, el Ejecutivo no puede conmutar una sentencia, a menos que la Junta de Perdones emita una recomendación en ese sentido, y agregó que la junta aún no considera esta opción en el caso de Tristán Montoya.

Hughes indicó también que ``el gobernador ha dicho que no será presionado'' en este caso ante la conminación del Departamento de Estado, el gobierno de México u organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional, sino que decidirá al evaluar los méritos del caso y tras asegurarse de que el proceso ha sido apegado al proceso judicial estatal.

Interrogada sobre si el gobernador alguna vez ha usado su derecho a conceder la prórroga de 30 días, Hughes respondió que ``nunca lo ha hecho durante su gobierno''.

Bonnie Goldstein, la abogada de Tristán Montoya, afirmó que existe una tercera opción, pero que tiene pocas probabilidades: su apelación ante la Suprema Corte. ``Este caso podría ser el milagro'' en el cual la Suprema Corte decide interceder. Interrogado sobre por qué la justicia estadunidense parece no considerar las dudas y problemas legales del caso, Goldstein comentó en entrevista que ``el Congreso, en su sabiduría infinita, ha decidido limitar las posibilidades de apelaciones múltiples en casos de pena de muerte'', y promulgó una nueva legislación que hace que este tipo de caso ``tenga la probabilidad de un cubo de hielo en el infierno'' de ser revisado.

Aseveró que se cuenta con suficientes elementos para ``retorcer'' a cualquier juzgado, pero que simplemente por ``motivo de tiempos'' no se han podido presentar. ``Sólo porque no contábamos en 1992 con la información que tenemos ahora, no tenemos el derecho de presentarla''.

Entre esos elementos señala la de mala conducta de miembros del jurado que condenaron a muerte al mexicano, entre los cuales uno admitió recientemente haber hablado con la familia de la víctima, y otro no había informado que conocía a la misma -ambas cosas inaceptables durante un proceso legal.

Goldstein dijo que el gobernador si está recibiendo muchas preguntas y cuestionamientos de medios mexicanos, grupos de derechos humanos, civiles y otras. Sin embargo, reconoció que los medios estadunidenses no se han enfocado mucho

sobre el caso. Y se preguntó si la prensa de Estados Unidos estaría igual de desinteresada si se tratara de uno de sus ciudadanos el que tuvo un proceso legal similar al de Tristán en otro país, ``claro que no'', se respondió.

En Texas, al parecer, hasta este lunes no hubo demoras: hoy a las 18:00 fue ejecutado David Wayne Stalls, mañana está programada la ejecución de Eddie James, el miércoles....

David Aponte y Elizabeth Velasco; Carlos Figueroa y Martín Sánchez, corresponsales Ť El gobierno de Texas resolvió que no procede la revisión del caso de Irineo Tristán Montoya, mexicano sentenciado a muerte para mañana a las 18 horas, por presuntas violaciones a la Convención de Viena en materia de asuntos consulares.

En una misiva enviada al Departamento de Estado, argumentó que no tenía la obligación de cumplir el contenido del protocolo internacional por no ser parte firmante del mismo. De esa manera evadió la petición formulada por Washington para revisar el caso del connacional.

Sin embargo, el gobernador de Texas, George W. Bush, declaró antes a la prensa que el caso sería discutido entre su gobierno, la representación de la autoridad mexicana y el Departamento de Estado.

Resulta ``inapropiado'' que el gobierno texano ofrezca una opinión a las autoridades federales de Estados Unidos sobre si estos elementos pudieron haber tenido algún efecto en el juicio del mexicano Irineo Tristán, expuso Bush.

El jueves 12 de junio, el Departamento de Estado solicitó al gobernador realizar ``una investigación respecto a la posible violación, por parte de la policía de Brownsville, de la obligación que establece la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, de informar a cualquier detenido de su derecho a comunicarse con los representantes consulares de su país''.

Con anterioridad, la embajada de México en Washington presentó una nota diplomática en la cual argumentó que la falta de notificación a Tristán Montoya ``lo privó de un derecho legítimo, cuyo ejercicio pudo haber tenido como consecuencia una sentencia diferente a la impuesta''.

En tanto, la Corte de Apelaciones Criminales de Texas rechazó ayer una nueva apelación presentada por los abogados de Tristán. Con el recurso, la defensa buscaba suspender la aplicación de la inyección letal. El consulado de México en Houston informó que la defensa solicitó nuevamente ante la Corte Suprema de Estados Unidos el aplazamiento de la ejecución, a través de un habeas corpus.

Paralelamente, las representaciones consulares mexicanas en Brownsville y Houston enviaron al juez de primera instancia, Robert Garza, una declaración denominada affidavid, para exponer el rechazo del gobierno de México a la pena de muerte, ``sanción cruel e inhumana''.

Son 36 los condenados a muerte

Sin embargo, el número de mexicanos sentenciados a muerte en Estados Unidos aumentó a 36 en las últimas cuatro semanas. De acuerdo con datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 70 por ciento de la población estadunidense está a favor de la pena de muerte, y ``dicha actitud puede variar, según el estado que se trate''.

Entrevistado durante una gira por Laredo, Texas, Bush señaló que Tristán Montoya va a tener todos los derechos en este país, se va a discutir con el Departamento de Estado y con el gobierno mexicano''.

Se le preguntó en torno al perdón otorgado al mexicano Ricardo Aldape Guerra y señaló que ``es posible'' que se dé algo similar. Empero, dijo estar de acuerdo con la pena de muerte porque ``es una ley de Texas y quiere que piensen que quien mate a un texano lo va a pagar con su vida.

Bush dijo que en caso que Tristán Montoya sea ejecutado la madrugada del 18 de junio, este caso no afecta las relaciones y la amistad entre los dos países y estados.

Carta a Laura Bush

En la ciudad de México, diputados de PRI, PAN, PRD y de la Comisión de Participación Ciudadana solicitaron ayer la intervención del gobernador de Texas para que se suspenda la ejecución del mexicano Irineo Tristán, a fin de que sea revisado el caso.

Al presentar una carta enviada a Laura Bush, suscrita por más de 100 legisladoras y mujeres mexicanas que le solicitan interceder ante el gobernador de esa localidad, manifestaron su más enérgico rechazo a ese tipo de prácticas, las cuales podrían ``complicar'' la relación de México con Estados Unidos.

El diputado priísta Víctor Manuel Rubio aseguró que el caso de Tristán debe ser bien estudiado y aun en el supuesto de encontrar pruebas de delincuencia, nada justifica la pena de muerte por ser un acto ``salvaje''. Además, deja sin posibilidad de rectificar la sentencia si el acusado es inocente, como sucedió con el mexicano Ricardo Aldape Guerra.

Se agotaron las instancias legales

En Ciudad Victoria, Tamaulipas, el titular de la Comisión de Derechos Humanos local, Eduardo Garza, dijo que se agotaron las instancias legales en Estados Unidos, donde se pugnó por la condonación y aplazamiento de la pena de muerte al connacional, pero que fue nula la respuesta de las autoridades estadunidenses.