La Jornada miércoles 18 de junio de 1997

ASTILLERO Ť Julio Hernández López

El abogado Cuauhtémoc López Sánchez tardó dos horas en pasar de presidente en Chiapas de la priísta Fundación Colosio a la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

El martes 10 del presente mes, a las tres de la tarde, López Sánchez fue nombrado ombudsman de su entidad. A las ocho de la noche rindió protesta, pero antes, ``alrededor de las seis de la tarde'', según dijo ayer telefónicamente a Astillero, presentó su renuncia a la presidencia de la fundación colosista a la que había llegado en febrero de 1996.

López Sánchez asegura que no hay impedimento legal para su designación, pues la ley de la materia no obliga al apartidismo, pero diversas organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos humanos expresaron su preocupación por el activismo partidista del nuevo ombudsman, según reportó el corresponsal Juan Balboa.

El impugnado tiene una amplia carrera jurídica, pues fue abogado general de la UNAM cuando era rector Octavio Rivero, gerente jurídico de Pemex cuando lo dirigía Francisco Rojas, y maestro de la Facultad de Derecho de la UNAM durante 25 años. Pero, además, ha tenido una carrera política y administrativa en Chiapas ligada a Patrocinio González Garrido pues, el mismo día que éste tomó posesión de la gubernatura sureña, López Sánchez hizo lo propio en la presidencia del Supremo Tribunal de Justicia, cargo que ejerció hasta el 12 de enero de 1991, cuando renunció para ser postulado candidato priísta a la diputación federal, que ganaría, por el distrito con cabecera en San Cristóbal de las Casas.

Como presidente del Supremo Tribunal de Justicia, López Sánchez fue acusado de generar una fuerte represión contra los movimientos sociales y populares, y de aplicar rigurosamente ordenamientos jurídicos que sancionaban expresiones de inconformidad política como marchas, plantones y manifestaciones.

Aun cuando exento de objeciones jurídicas, el nombramiento del nuevo ombudsman provocó en Chiapas la reacción adversa de las bancadas de diputados panistas, perredistas, y el de un priísta, Juan Roque Flores, quien a la semana de ese episodio renunció al PRI y pasó al PRD.

Pero la misma mano que operó el nombramiento del ombudsman --aun cuando pretendió encubrirse haciendo aparecer a López Sánchez como parte de una terna impropiamente propuesta por la Universidad Autónoma de Chiapas-- fue la misma que había preparado antes una maniobra para deshacerse de un diputado local que era incómodo para el poder estatal y federal por su empecinamiento jurídico en considerar que se habían traicionado los acuerdos de San AndrésÉ

El 30 de abril, mientras volaba del Distrito Federal a Tuxtla Gutiérrez, Juan Roque Flores no se imaginaba que en la capital chiapaneca estaba siendo destituido como representante del Congreso de su entidad ante la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa).

Al siguiente día, cuando quiso dar noticia a sus compañeros de los resultados de la reunión entre la Cocopa y la Comisión Nacional de Intermediación (Conai), a la que había asistido en la ciudad de México, las noticias las recibió él, al enterarse de su destitución, acordada en una sesión de la Comisión Permanente del Congreso chiapaneco.

Roque Flores había sido nombrado representante de los diputados chiapanecos ante la Cocopa por unanimidad de las cinco fracciones legislativas. Su sucesor, Carlos Alonso Hernández, lo fue en la Permanente sólo con el voto de cuatro diputados priístas y uno panista.

El cambio no fue de personas, sino de estilos y esencia: Roque Flores realizaba reuniones con los diputados de los diferentes partidos para luego llevar a la Cocopa los consensos o, en su defecto, la postura específica de cada partido. Tal actitud molestaba a los sectores duros de la negociación pacificadora de San Andrés, quienes deseaban que el diputado representante llevara a la Cocopa la postura del partido mayoritario y del gobierno chiapaneco, no la de todos los partidos, con sus matices y diferencias.

El endurecimiento político en Chiapas ha sido agudizado con decisiones políticas como las dos mencionadas, en un contexto altamente volátil que ha producido serias dudas sobre la viabilidad del proceso electoral, sobre todo en la zona norte, en la que las embestidas del grupo Paz y Justicia han generado una tensión social extrema. El gobernador Julio César Ruiz Ferro mostró con claridad su capacidad de convocatoria cuando intentó instalar tres mesas de discusión sobre los conflictos de aquella región y no logró que funcionara ni una.

Julio César Ruiz Ferro, el mismo que fue funcionario de la Conasupo cuando era dominada por Raúl Salinas de Gortari.

Ruiz Ferro, que ofrece flores de bienvenida a Patrocinio González Garrido al nombrar a una persona de su grupo en la comisión de derechos humanos.

A un Patrocinio que ha reaparecido en Chiapas para decir a quienes quieren oírlo que no ha vuelto como político sino, simplemente, y para conocimiento del tonto del pueblo al que esperamos que Jaime Avilés notifique oportunamente, como un simple empresario sembrador deÉ eucaliptos en el SoconuscoÉ

Astillas

A 24 horas de que se decida la suerte de Irineo Tristán Montoya, la procuraduría de justicia de Texas ha preguntado simple y sencillamente por qué si hubo violaciones procesales en el caso, las autoridades mexicanas las hacen valer hasta ahora y no once años atrás, y, además, manejó la tesis de que México no es firmante de la Convención de Viena, aunque la embajada mexicana en Estados Unidos refutó esta última versiónÉ Plenamente establecido como lo fue en anterior columna, Carlos Salinas de Gortari no podrá votar el próximo 6 de julio, pero sería interesante saber si acaso el PRI se inconformó por borrar del padrón electoral a tan distinguido militante. En el país hay 18 centros regionales de información electoral, uno de ellos con sede en Monterrey, pero sólo el interesado, y los partidos políticos, pueden solicitar datos específicos. Si el PRI no quisiera ahondar en el caso, los demás partidos podrían exigir oficialmente los datos correspondientesÉ Fernanda Anaya, hija de Guadalupe Gómez Maganda, y José Antonio Alvarez Guiloche, hijo de Joaquín Alvarez Ordóñez, se casaron en semanas pasadas. Los testigos fueron: Augusto Gómez Villanueva, Pedro Ojeda Paullada, Jorge de la Vega, Gustavo Carvajal, Rafael Rodríguez Barrera, Eladio Aguirre Rivero, María de los Angeles Moreno, Beatriz Paredes, Genaro Borrego, Xavier Olea Muñoz ``y un descorbatado Rubén Figueroa Alcocer''. Otra boda, en fecha y lugar diferentes, fue la de Juan Manuel Gómez Morales con Paola Vite Bocazzi. El es hijo de Gómez Villanueva. Los testigos fueron no Luis Echeverría, como todo mundo supondría, sino Miguel de la Madrid, además de Miguel Alemán Velasco, Juan José Osorio Palacios y Manuel Jiménez Guzmán. Los datos de ambas bodas provienen de la columna El Breve Espacio, de Mario de la Reguera, en la revista Actual, publicación en la que, además, viene en su número reciente una fotografía de Gustavo Díaz Ordaz, hijo, acompañado de su esposa Eugenia, en una cena de gala organizada por Roberto Hernández, de Banamex, para ayudar a niños con cáncerÉ

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