Impedirán los caciques la elección en Chamula

Las autoridades apelan a los ``usos y costumbres''

Juan Balboa Ť En las paredes de las viviendas de los ricos del pueblo --comerciantes-- y de los pobres, en edificios públicos, postes de energía eléctrica, en el recinto del gobierno municipal, en todo San Juan Chamula, considerado el laboratorio indigenista del gobierno mexicano, sólo existe, al igual que en los últimos 50 años, la propaganda de una sola organización política: el PRI.

Como es la ``tradición'' impuesta por los caciques-comerciantes de bebidas alcohólicas y maestros bilingües, a menos de 20 días de que se realicen las elecciones federales para elegir al nuevo Congreso de la Unión, ni un solo partido político de oposición --llámese PRD, PAN, PT, PC, PDCH-- ha sido autorizado para realizar su campaña electoral. Pocas personas insaculadas participaron en los cursos del IFE y aún está en duda que sean aceptados los representantes de casilla.

Durante medio siglo el PRI ha mantenido el carro completo en los comicios de San Juan Chamula. Hasta antes de 1994, fecha en que se registraron algunos votos a favor de la oposición, el partido oficial ganó todas las presidencias municipales, diputaciones locales y federales y la gubernatura con cien por ciento de los votos. La historia se repitió en las pasadas elecciones locales celebradas en octubre de 1995, cuando el PRI logró todos los votos válidos en las urnas.

Las autoridades políticas y religiosas --las primeras representadas por el edil Florencio Collazo-- se resisten a permitir el acceso a los partidos políticos y amenazan con no participar en las elecciones del 6 de julio, lo cual, según los candidatos a diputados por el PAN y el PRD, Jesús Caridad Muñoz y Mariano López Díaz, podría ser impugnado y afectaría el proceso electoral en el distrito 5.

Según datos proporcionados por Alianza Cívica, si los partidos políticos impugnan los comicios en San Juan Chamula, se corre el riesgo de que las elecciones en el distrito 5 sean anuladas, pues representa casi 20 por ciento del total de casillas --porcentaje suficiente para no hacer válido todo el distrito-- que serán instaladas en los diez municipios indígenas de Los Altos de Chiapas.

Focos rojos en el mapa distrital

Para los partidos de oposición el empadronamiento de miles de militares, la instalación de casillas cercanas a los campamentos castrenses, la impunidad de grupos paramilitares y el incumplimiento del gobierno federal de los acuerdos de San Andrés Larráinzar ha generado ``zonas de altísimo riesgo'', donde es difícil que se realicen los comicios.

El PRD, segunda fuerza política del estado y con posibilidades de triunfo en cinco de los 12 distritos electorales, señala en diferentes análisis que existen graves problemas para que se desarrollen los comicios en varios municipios de los distritos 1 (zona norte), 3 (zona de conflicto) y 5: ``no hay condiciones mínimas y un clima básico''.

De acuerdo con datos de ese partido, de organizaciones no gubernamentales, Alianza Cívica y gobiernos municipales autónomos de los tres municipios llamados de conflicto --que abarcan la zona norte, Los Altos de Chiapas y la selva Lacandona-- más de 130 mil chiapanecos podrían no votar ante la incertidumbre, la presencia militar y el ambiente hostil que priva en dichas regiones.

En Tila, Sabanilla y Tumbalá --tres de los nueve municipios del primer distrito-- es difícil que se efectúen las elecciones porque la mayoría de las casillas será instalada en comunidades identificadas con el grupo paramilitar Paz y Justicia, y otras más se ubicarán cerca de campamentos castrenses.

En el distrito 3, con cabecera en Ocosingo, el proceso se ve gravemente afectado por el empadronamiento masivo de soldados, la fuerte presencia de militares y la instalación de unas 25 casillas cercanas a cuarteles. Esta situación ``dificulta la posibilidad de que se puedan realizar de manera libre y con confianza las elecciones''.

El caso de los Altos de Chiapas, según los análisis, es diferente. En el distrito 5, tanto perredistas y zapatistas como priístas podrían no votar. En el caso de Chamula ``se sabe perfectamente que el grupo caciquil vinculado con el partido oficial está buscando impedir que se ejerza directamente el voto y se coacciona de esta manera apelando a la cuestión de usos y costumbres''.

La presencia militar inhibiría a unos 70 mil votantes de Ocosingo, Las Margaritas y Altamirano a participar en los comicios, de acuerdo con el padrón electoral de 1997. En cambio, si las autoridades priístas de San Juan Chamula y Mitontic, así como los gobiernos autónomos de San Andrés Larráinzar, Chenalhó y Pantelhó mantienen su decisión de no asistir a votar, cerca de 50 mil electores no ejercerán ese derecho.