Elena Gallegos Ť Mariano Palacios Alcocer asegura que el PRI retomará la reforma del Estado; dice que a nadie debe sorprender que las fuerzas representadas en el Congreso establezcan alianzas en los temas coincidentes y que ello no debe llevar a estigmatizaciones, pero adelanta que su partido no ``negociará cuestiones de principios''. Ejemplifica: el paquete educativo del PAN tendrá en contra ``una fundada postura nuestra''.

La propuesta de agenda legislativa de su partido:

Echaremos a andar un paquete de propuestas para la reforma del Estado pactada desde inicios del gobierno con los diversos partidos y que ha tenido un avance importante en materia político-electoral. Estas propuestas tendrán que ser objeto de discusión, deliberación, análisis y búsqueda de consensos entre las fracciones.

Desde el punto de vista constitucional será conveniente una revisión que tenga que ver con la ampliación y modernización de nuestro régimen de garantías, propiciando un disfrute más amplio de las libertades, de los derechos humanos y de los derechos indígenas. Será necesaria además una redefinición y profundización de las áreas estratégicas del Estado.

El PRI sostendrá también el fortalecimiento de los derechos de los trabajadores, preservando conquistas irrenunciables. Se defenderá el carácter laico de la educación pública y el acceso a los beneficios de la salud y la vivienda.

Plantearemos una revisión del sistema nacional de contribuciones como fórmula de equidad social y regional para auspiciar un desarrollo armónico, y se analizarán los sistema de competencias entre los distintos niveles y órganos de poder.

Otro de los puntos fundamentales es la revisión de la ley y reglamentos que norman la vida del Poder Legislativo, para permitirle una dinámica acorde con los tiempos que vive el país, garantizando fórmulas de gobernabilidad que concilien trabajo legislativo, deliberación política y capacidad de fiscalización del ejercicio del gasto del Ejecutivo.

Respecto de la reforma del Legislativo, explicita: La forma de operar del Congreso exige una revisión a la luz de su nueva composición y de la nueva dinámica que el país le impone. Será indispensable profesionalizar a los trabajadores administrativos y de carrera, e intensificar los espacios de diálogo y de discusión de una manera equitativa, plural, tolerante e incluyente. Tendrá que sentarse una dinámica de equilibrios en la composición de las comisiones, disponiendo de los elementos de apoyo para tener un trabajo informado, responsable y eficaz.

El manejo de los fondos de las cámaras deberá ser objeto de una reglamentación adecuada para garantizar transparencia, honestidad, equidad y eficacia. Se debe vigorizar la capacidad fiscalizadora para dar garantías al equilibrio de poderes, y enfatizar el carácter prioritario para la atención de las iniciativas generadas por las legislaturas de los estados y de los miembros del Congreso.

Será necesario consensuar un código de responsabilidades, de ética política consustancial a cualquier tarea de representación política, por los actos u omisiones que pudieran cometerse en el desempeño del trabajo legislativo, sin menoscabo de las garantías que el fuero constitucional otorga.

Postura frente a la corrupción: Hay en nuestra plataforma un planteamiento concreto que se refiere a un órgano de auditoría superior. Sabemos que el Ejecutivo tiene a la Secodam, su contraloría interna, pero desde el punto de vista de los equilibrios estratégicos del Estado es indispensable una institución superior como la planteada en la iniciativa del Ejecutivo --enviada al Congreso en noviembre de

1995--, ampliamente rescatable y seguramente enriquecida con el estudio y las aportaciones de las distintas fracciones.

Las relaciones con el Ejecutivo: Un sistema más evolucionado y moderno de normalidad democrática deberá caracterizarse por tres elementos: cumplimiento estricto de las competencias establecidas en la Constitución y en las leyes; vigencia del principio de división y equilibrio de poderes, y diálogo y comunicación política entre los responsables de las distintas funciones de gobierno y de las tareas parlamentarias.

En cuanto a la necesidad de alianzas, señala: Debe reconocerse la capacidad de alianzas y disensos en el Congreso, y esto se dará de acuerdo con el contenido de los temas que se traten. Por lo tanto, no deberá estigmatizarse que algunos partidos tengan coincidencias sobre un tema y puedan no tenerlas en otro. Posiciones de consenso permitirán mayor legitimidad en los acuerdos que bajo el carácter de leyes se dicten, pero el ejercicio de la mayoría simple, cuando se reconoce esta fórmula de validez, es igualmente legítimo. Hay cuestiones de principios en las cuales el PRI no puede ni negociar ni claudicar.