La inminente entrada en vigor de la nueva Ley del Seguro Social ha puesto en el debate público nuevamente el tema de la seguridad social y su relativo, el de las Afore.

Han sido los banqueros, nacionales y extranjeros, la Asociación de Afores, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) y algún despistado diputado del Partido Revolucionario Institucional, quienes repen- tinamente ocuparon los medios de comunicación para hacer una defensa a ultranza de los supuestos beneficios de las Afore y de la nueva Ley del Seguro Social.

Esta defensa se ha centrado en los aspectos meramente económicos de la contrarreforma de la seguridad social y en las amenazas, muy de moda en actual campaña político-electoral, de que cualquier cambio a la contrarreforma ya aprobada traerá como consecuencia la desestabilización y la debacle para México.

Sin excepción, han hablado de la inmediata salida de capitales hacia el extranjero, de la resistencia de capitales foráneos y nacionales para aumentar su inversión en México, de la detención del crecimiento económico y de muchas otras catástrofes que aseguran se darán si hay cambios en la Ley del Seguro Social que entrará en vigor el primero de julio próximo.

Sin embargo, todos han ocultado al unísono la fuerte polémica desplegada entre economistas de diversa filiación sobre la dudosa validez de las premisas que ligan causalmente los fondos de pensiones con la expansión de los mercados de capitales y de este último con el crecimiento económico.

No olvidemos que la creación del Sistema de Ahorro para el Retiro en 1992, como sistema de capitalización individual, no sólo no revirtió la tendencia decreciente del ahorro interno como proporción del PIB, sino que aquél se contrajo aún más llegando a representar un 12 por ciento en 1995. Y que el crecimiento emergente del mercado nacional de valores entre 1982 y 1992, que aumentó más de 20 veces en el total de capitalización de los intercambios bursátiles a nivel mundial, fue completamente ajeno a la presencia de un régimen privado de pensiones.

Se trata entonces de una polémica ayuna de consenso sobre un asunto crucial; si los fondos de pensiones pueden ser el sustento para el desarrollo del mercado de valores, en un contexto en el que son desconocidas las garantías para evitar socavar el sistema financiero nacional. Nuestro sistema financiero perdura dominado por los rumores y la especulación haciendo poco certeras sus funciones de regulación y repartición de capitales, por lo que no puede precisarse ni el nivel de volatilidad ni el costo de las acciones.

Otras de las preocupaciones sin resolver es el impacto del mercado financiero sobre la tasa de inversión, sobre la perspectiva temporal de las empresas, sobre la competitividad internacional y sobre el desarrollo económico, en un escenario en el que el Banco de México continúa privilegiando una política monetaria de estabilización cortoplacista que amenaza la inversión productiva orillando a los instrumentos financieros a la inversión especulativa. A lo que hay que añadir la falta de respuesta en torno a cómo va a costearse el déficit público provocado por el costo de transición al sistema de capitalización individual.

Los defensores a ultranza de la nueva Ley del IMSS en vez de politizar el asunto de las Afore deberían comprometerse en un debate público sobre sus inconsistencias. En esta discusión no puede dejarse de lado, ni desconocerse, como ellos lo hacen, que el objetivo primordial de la seguridad social es mejorar la calidad de vida y el bienestar futuro de los trabajadores afiliados al IMSS, y por afiliarse, así como el de los jubilados y pensionados actuales del Seguro Social.

Una vez más hay que insistir que la nueva Ley del IMSS lo único que garantiza al trabajador es una pensión mínima equivalente en pesos a la que otorga actualmente el sistema vigente (alrededor de 800 pesos mensuales) pero, mientras para pensionarse en el actual sistema se requieren cotizar un mínimo de 500 semanas (un poco menos de 10 años) con la nueva ley se necesitan mil 250 semanas (un poco más de 24 años); un cambio importante sin duda cuando se tienen que cotizar 14 años más para alcanzar lo mismo.

La desatinada propaganda de las Afore se ha empecinado en soslayar, y más bien trata de ocultar que los más de millón y medio de pensionados actuales verán afectados sus derechos con la nueva Ley del IMSS; la revalorización de sus pensiones se hará en febrero de cada año y no como en la actualidad, cada vez y en la misma fecha en que se aumentan los salarios mínimos, con ello los jubilados deberán esperar un año completo para ver modificadas sus pensiones.

Aunque con la nueva ley efectivamente no se va a perder lo cotizado en el caso de que sí se llegue a los 60 años de edad sin haber cotizado los 24 años requeridos, como lo dice la agresiva publicidad de las Afore, lo que se pierde es el derecho a la pensión después de diez años de cotizaciones; pérdida de un derecho trascendental para los trabajadores.

Estos y otros muchos derechos se pierden con la nueva ley y son el principal argumento para sostener que, independientemente de las causas económicas, de suyo dudosas, los trabajadores tienen razón para no estar de acuerdo con la reforma de la seguridad social aprobada en diciembre de 1995 y para manifestar su oposición en las más diversas formas; no para no cumplir las leyes, sino para modificarlas buscando que no se afecten ni sus derechos, ni su futuro, así como tampoco el de sus familias.