Ana María Aragonés
Luto por Irineo

Irineo Tristán Montoya fue ejecutado por inyección letal en la prisión de Huntsville, Texas, ayer a las 18 horas. Ninguna de las peticiones de clemencia llegadas de muchos lugares para el gobernador Bush lograron su objetivo y, ante la negativa de la maxima autoridad del Estado para detener la sentencia, el mexicano se enfrentó a la muerte.

Hace unos meses nos encontrábamos ante la misma posibilidad de un desenlace funesto para Ricardo Aldape, quien sin embargo corrió con mejor suerte y ahora está a salvo, entre su familia, en suelo mexicano. ¿Qué pasó, en cambio, con Irineo Tristán, por qué no fue posible salvar la vida de este hombre? Entre ambos casos había coincidencias: ambos pasaron por juicios repletos de irregularidades en los que la violación de sus derechos elementales fue norma; ambos eran trabajadores migrantes que, como en todos los casos, iban al país vecino en busca de un mejor horizonte de vida; ambos eran pobres y desamparados, como sucede con la mayoria de nuestros connacionales que cruzan la frontera.

¿Acaso nuestro país, nuestro gobierno y nuestra sociedad no ejercieron tanta presión en el caso de Irineo como en el caso de Aldape? Si así hubiera sido, ello habría contribuido a marcar la diferencia en el destino de ambos, y sería motivo para sentir un profundo dolor y una enorme amargura ante una realidad que no tiene retorno.

Por otra parte, en el caso de Aldape la defensa no sólo documentó las irregularidades del proceso sino que exhibió nuevos argumentos de inocencia que finalmente orillaron a la fiscalía a desistirse de la acción penal. En cambio, la defensa de Irineo no pudo presentar indicios de la no culpabilidad de éste y centró su estrategia en el señalamiento de las violaciones a los derechos del sentenciado, la más importante de ellas, la ausencia de notificación a las autoridades consulares mexicanas del arresto correspondiente. Así, el destino de Irineo quedó sujeto al laberinto de las cortes estatales y judiciales, mayoritariamente partidarias de la pena de muerte, autónomas del Ejecutivo Federal estadunidense y, por ende, mucho más inmunes a las presiones y a las protestas por parte de México. En esa circunstancia, la única acción posible para salvar la vida de Irineo era una orden del gobernador George W. Bush de aplazar la ejecución por 30 días. Pero el jefe del gobierno texano consideró que no había razón para ello, en la medida en que la Convención de Viena --que estipula la obligación de dar aviso al consulado respectivos cuando se arresta a un extranjero-- es vinculante para la Federación, mas no para los estados.

Con todo, no puede ocultarse la poca voluntad que mostró Washington para involucrarse en el caso y evitar la ejecución. Ello no es, precisamente, un galardón para el gobierno de la potencia mundial que se pretende adalid de la democracia, quepresenta a su país a ojos del mundo como la más civilizada de las sociedades y que, sin embargo, aprueba los procedimientos justicieros más arcaicos y barbaros: ojo por ojo y diente por diente.

Hay que recordar que otros 12 mexicanos en Texas están condenados a muerte. No esperemos a los últimos minutos para tratar de salvarles la vida. No es el caso de pretender modificar las leyes de otro país pero, en el caso de la pena de muerte en Estados Unidos, se trata de una práctica reñida con los principios consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y debe, por consiguiente, ser erradicada, tanto de esa nación como de la faz de la tierra.

Debemos ponernos en marcha para evitar que vuelva a suceder un caso tan lamentable y triste como el de Irineo. Ya no podemos volverlo a la vida, pero su muerte debe tener algun sentido, y éste puede ser el de incitarnos a luchar para la erradicación completa de tan brutal castigo.