ASTILLERO Ť Julio Hernández López

Rubén Figueroa Alcocer es, al mismo tiempo, gobernador con licencia del estado de Guerrero y activista de campaña en favor del PRI en el distrito de Iguala.

Pero no es el único caso de irregularidad política del estado de Guerrero, al que hoy arribará el presidente Ernesto Zedillo, pues también está la militarización de la entidad sin solicitud ni autorización del Congreso local --contra lo que imponen las normas constitucionales vigentes-- e, inclusive, el razonamiento del coordinador del citado órgano hacedor de leyes, el diputado Florencio Salazar Adame, quien considera, en referencia al Ejército Popular Revolucionario (EPR), que ``es muy difícil suponer que un movimiento subversivo se va a combatir siguiendo puntualmente la ley''.

El caso de Figueroa Alcocer es, según palabras del presidente priísta guerrerense, Porfirio Camarena, el de ``un hombre en ejercicio de sus derechos ciudadanos... con derechos plenos, desde el punto de vista político, y está haciendo uso de esos derechos'' al fungir como activista de campaña en favor de su compadre y subordinado, Héctor Vicario Castrejón, quien hoy es candidato a diputado federal por Iguala.

Pero ese ciudadano con capacidad íntegra para promover el voto en favor del partido y el candidato de sus preferencias, no tiene la misma plenitud cívica para retomar el cargo de gobernador para el cual le eligió la mayoría de sus conciudadanos y cuyo ejercicio protestó cumplir con apego a la Constitución. Es decir, Figueroa Alcocer ha sido rehabilitado políticamente para que ayude a ganar al candidato priísta de la zona de su influencia caciquil, pero no para retomar un cargo jurídicamente irrenunciable, posibilidad estremecedora pero afortunadamente imposible debido a la realidad política.

El pasado viernes 13, el corresponsal de Reforma en Acapulco, Sergio Flores, narró los comentarios que el directivo priísta Camarena le hizo respecto a la reaparición pública de Figueroa Alcocer: ``El gobernador (Angel Aguirre Rivero) me dijo, `¿qué hago con Rubén?', y entonces concluimos que debía ser acotado su lugar de acción en el cuarto distrito electoral con su candidato, con Vicario Castrejón''. Camarena dijo, además, que la condición política de Figueroa Alcocer es la de ``ex gobernador'', que su ámbito de acción está restringido ``a la zona donde tiene amigos'', que su poder ``es como el de un cacique'' y que ``involucrarlo'' en otras zonas hubiera provocado ``inconformidades en distintos sectores sociales, sobre todo por lo de Aguas Blancas''.

Eduardo Albarrán Orozco, corresponsal en Iguala del semanario El Sur, informó que Figueroa Alcocer estuvo el 26 de mayo reunido con empresarios joyeros a quienes solicitó apoyo para Vicario Castrejón, quien fue subsecretario de Finanzas del gobierno figueroísta y uno de sus hombres más cercanos. Luego, el 11, fue a una fiesta familiar del ex presidente municipal y también compadre, José Luis Román Román.

En ese contexto, el líder priísta Camarena respondió a los reporteros, cuando le preguntaron sobre el activismo del gobernador con licencia, que ``hasta donde yo sé, Rubén ha estado invitando a los priístas a la unidad, y a que participen en el proceso político en los términos que recomienda la ley. Está haciendo un trabajo positivo y beneficioso para el partido. No está haciendo nada público, son reuniones, hasta donde yo sé, domiciliarias, privadas, que las hace en respeto y en ejercicio de sus derechos ciudadanos''.

Iguala es presidida por el perredista Lázaro Masón Alonso. Los candidatos a diputados federales son, por el PRI, el citado Vicario Castrejón, y por el PRD, Sergio Tavira Román.

En Guerrero se habla de que la recurrencia a Figueroa Alcocer para ayudar al PRI podría extenderse al distrito 3, para frenar a la ex alcaldesa de Atoyac, María de la Luz Núñez Ramos, ahora candidata a diputada federal por el PRD. Los figueroístas han desarrollado una especial animadversión contra Núñez Ramos debido al papel que jugó en la denuncia de los hechos de Aguas Blancas.

Un legislador justifica la violación de las leyes

La militarización del estado de Guerrero ha generado constantes denuncias por violaciones de derechos humanos y un ambiente que podría inhibir la libre expresión ciudadana el próximo 6 de julio.

El tema ha llevado a una intensa discusión de la cual da cuenta en su número más reciente el semanario El Sur, dirigido por Juan Angulo Osorio. El reportero Rafael Solano menciona que una propuesta leída en la tribuna del Congreso guerrerense por el diputado perredista Saúl López Sollano, pidiendo el retiro inmediato del Ejército de tierras guerrerenses, por ser su presencia ``inconstitucional'' e ``ilegítima'', llevó al coordinador de la bancada mayoritaria, que es el priísta Salazar Adame, a expresar conceptos justificatorios de la violación de las leyes en el combate a grupos insurrectos.

Frente al señalamiento perredista de que el artículo 119 de la Constitución General de la República establece que la intervención del Ejército en un estado debe ser a pedido del Congreso local o, en receso de éste, del Ejecutivo estatal, y que no se ha- bían cumplido tales supuestos, el priísta se preguntó: ``¿Será posible que un estado pudiera suprimir un movimiento subversivo siguiendo los pasos puntuales de la ley, para que los que la violentan comparezcan ante las autoridades?''.

Otra pregunta que se hizo Salazar Adame fue si para detener a un ``subversivo, guerrillero o como le quieran denominar, primero tendrían que identificar a cada uno, y luego pedirle a un juez que liberara una orden de aprehensión, y después ir al domicilio de los supuestos inculpados a pedirles que se presenten a las autoridades''.

Tal supuesto sería altamente desventajoso, pues ``en tanto el Estado estaría sujeto al cumplimiento escrupuloso de la ley, los criminales, los que subvierten el orden, quienes emboscan al Ejército (Mexicano), tendrían toda la libertad para actuar''. Por otra parte, añadió, ``por supuesto que estamos contra la violación de los derechos humanos, pero desgraciadamente es una consecuencia de la subversión armada'', y ``cuando un grupo subversivo toma las armas, va a encontrar la respuesta del Estado por la misma vía, es un hecho real e histórico''.

La visita presidencial

La gira del presidente Zedillo --a la que no estará invitado el ciudadano en plenitud de derechos, Rubén Figueroa Alcocer-- le llevará a anunciar en Olinalá un nuevo programa de desarrollo social, para lo cual le acompañará Carlos Rojas. La visita a Olinalá es altamente significativa por cuanto esa zona es considerada bastión del eperrismo. En 1994, en Temalacatzingo, se descubrieron campos de entrenamiento guerrillero que, después se sabría, eran del entonces desconocido EPR. En esa zona, además, hubo una emboscada contra policías motorizados, cuya corporación había participado en la matanza de Aguas Blancas. En Olinalá, inclusive, la población se ha manifestado enérgicamente contra los excesos represivos y han advertido su disposición para enfrentar directamente tales abusos.

Ayer, por otra parte, los consejeros electorales locales realizaron una Caravana por la paz en La Montaña, que los llevó a visitar Tixtla, Chilapa, Atlixtlac y Tlapa, invitando a la gente a votar sin temor y por el partido que deseen.

En tanto, en colonias populares de Acapulco se ha denunciado que jóvenes que dicen ser del Instituto Federal Electoral, pero que no muestran identificación, visitan domicilios pidiendo el número de credencial de elector --aunque ya llevan nombre, domicilio y el número de credencial en listas nominales de votantes-- y el partido por el que piensan votar. De los casos tienen conocimiento los vocales ejecutivos del IFE en los distritos 9 y 10, Enrique Moreno Castro y José Antonio Balderas, respectivamente.

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