SRE: con Tristán, EU violó la Convención de Viena

Roberto Garduño E. Ť El gobierno mexicano lamentó ``profundamente la ejecución'' de Irineo Tristán Montoya, y reiteró ``su oposición a la aplicación de la pena capital'' por considerarla ``cruel e inhumana''.

En un comunicado emitido por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el gobierno mexicano adujo que la ejecución del connacional se llevó a cabo no obstante los esfuerzos que realizó la cancillería por medio de la embajada de nuestro país en Washington, de los consulados en Houston y Brownsville, Texas, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), del gobierno del estado de Tamaulipas y de la abogada defensora Bonnie Lee Goldstein.

Demanda infantil frente a la embajada de Estados Unidos, previa
a la muerte de Irineo Tristán Montoya en la prisión de Huntsville,
Texas. Foto: Carlos Ramos Mamahua

La cancillería --se informó-- instruyó a la embajada de México en Washington para ``que presente una nota de protesta ante el gobierno de Estados Unidos, porque en opinión del gobierno mexicano la ejecución constituye una violación al artículo 36 de la Convención de Viena sobre relaciones consulares, en perjuicio del derecho a un debido proceso legal de los detenidos''.

Muchos fueron los esfuerzos que realizaron esas instancias para alcanzar la libertad de Irineo Tristán, sobre quien pesaba la pena de muerte por el delito de homicidio. Ayer a las 18 horas, el mexicano perdió la vida mediante inyección letal.

Hasta ayer la intervención del gobernador de Texas para conmutar la pena era improbable, pues a la fecha en ningún caso de pena capital ningún mandatario se ha manifestado al respecto. La siguiente es la postura de la SRE en relación a ese hecho:

``En el estado de Texas no existen antecedentes que indiquen que, desde el restablecimiento de la pena de muerte, la Junta de Perdones y Libertad Condicional haya recomendado al gobernador (en turno) conmutar la pena o aplazar alguna ejecución, por lo que hasta la fecha este último no ha tenido que pronunciarse al respecto en ningún caso''.

El gobierno mexicano recordó, mediante el comunicado oficial, que desde el mes de julio de 1986, cuando Irineo recibió la sentencia de pena de muerte, se promovieron ante las diferentes instancias múltiples recursos jurídicos para agotar los mecanismos legales y salvar la vida del joven tamaulipeco.

``Además de atender la apelación automática ante la Corte Estatal de Apelaciones del estado de Texas --explicó la cancillería--, se promovieron diferentes recursos ante cortes estatales y federales, y ante la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos.

``Adicionalmente, la abogada Goldstein, en representación del gobierno de México, presentó una solicitud de recomendación de ``clemencia ejecutiva'' para la conmutación o aplazamiento de la ejecución ante la Junta de Perdones y Libertad Condicional, y por tanto, el gobernador del estado de Tamaulipas y el secretario José Angel Gurría dirigieron sendas misivas a George Bush, quien tiene la facultad de conmutar una sentencia de pena capital por cadena perpetua, previa recomendación en ese sentido de la Junta de Perdones en ese estado''.

El canciller mexicano utilizó el último recurso para lograr una prórroga de la ejecución. Ayer envió al gobernador de Texas una misiva solicitándole hacer uso de su facultad de posponer por única vez, por treinta días, la aplicación de la inyección letal, ``a fin de contar con el tiempo adicional para completar la investigación relacionada con los efectos de las irregularidades de su proceso''.

Una vez que se cumplió la ejecución, el gobierno mexicano externó su firme compromiso y la inquebrantable convicción ``de proteger a todos los mexicanos, y en particular a quienes sean objeto de sentencias y de pena de muerte en el extranjero, lo que ha permitido a lo largo de los años salvar 17 vidas de compatriotas condenados a la pena capital. La Secretaría de Relaciones Exteriores mantendrá su política de apoyo a los connacionales que enfrenten esta sentencia, en el marco de los procesos legales respectivos''.

La pena de muerte en Texas

La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos emitió en 1976 un fallo en el sentido de que la pena de muerte no violaba la Constitución de ese país. Con base en esa disposición, el estado de Texas reinició a partir de 1982 la ejecución de los prisioneros sentenciados a dicha pena.

Desde hace quince años, en Texas han sido ejecutadas 131 personas: 64 anglosajones, 46 afroamericanos, un asiático y 20 hispanos. Entre estos últimos los mexicanos Ramón Montoya, cuya ejecución tuvo lugar el 25 de marzo de 1993, e Irineo Tristán Montoya, ejecutado el día de ayer.

Jim Cason y David Brooks, corresponsales, Washington, 18 de junio Ť Abogados estadunidenses y especialistas de Amnistía Internacional (AI) sostienen que Estados Unidos ha violado ``de forma sistemática'' la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, al no obligar a sus autoridades a notificar a extranjeros detenidos en este país su derecho para obtener asistencia legal de sus consulados, tal como se argumentó en el caso de Irineo Tristán Montoya.

Sin embargo, funcionarios de la administración Clinton entrevistados hoy por La Jornada, rechazaron que Estados Unidos viole sistemáticamente la convención internacional, y señalaron que su compromiso de cumplir con esas obligaciones fue reiterado este miércoles, en una reunión binacional con México.

El secretario asistente de Estado para Asuntos Interamericanos, Jeffrey Davidowy, y el subsecretario de Relaciones Exteriores de México, Juan Rebolledo, encabezaron hoy en esta capital una reunión del subgrupo sobre asuntos fronterizos de la Comisión Binacional México-Estados Unidos, en donde ambas partes subrayaron su compromiso de hacer cumplir esta ley internacional.

El vocero del Departamento de Estado, Nicholas Burns, informó que ambas delegaciones reiteraron ``su firme compromiso con los principios consagrados en el artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963, y el memorando de entendimiento mutuo sobre protección consular....''.

Agregó que el subgrupo ``reconoció que esta práctica es vital para la protección de sus respectivos ciudadanos'' y afirmó su compromiso de promover un continuo esfuerzo con sus autoridades estatales y locales para cumplir con sus responsabilidades en este rubro.

Mark Warren, encargado de Amnistía Internacional para este tipo de casos en Estados Unidos, dijo a este diario desde sus oficinas en Canadá, que unos 40 abogados que representan a personas sentenciadas en este país a pena de muerte --y a los que les fueron negados sus derechos en torno al tratado internacional-- enviaron una carta hace un mes a la secretaria de Estado, Madeleine Albright; a la procuradora general, Janet Reno, y al presidente Bill Clinton, detallando una situación de ``violación sistemática'' de Estados Unidos a la convención.

Los abogados firmantes solicitaron una respuesta sobre cómo se pretende resolver un problema en que la evidencia demuestra, según Warren, un ``fracaso general de Estados Unidos en cumplir con sus obligaciones bajo la Convención de Viena''. Añadió que si algún extranjero es notificado de este derecho, ``se debe más a un accidente que a una política de hacerlo'' en este país.

Copia de la carta junto con una solicitud de intervención fue enviada ayer a la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, en torno a Tristán Montoya, para demostrar que su caso ``es sólo una instancia de la violación sistemática de Estados Unidos a los derechos humanos otorgados por la Convención de Viena''.

Según Amnistía Internacional, existen 62 extranjeros provenientes de 15 países sentenciados a pena de muerte en Estados Unidos, cuyos derechos bajo la Convención de Viena han sido violados. William Chip Wright, abogado del mexicano Mario Murphy, quien está apelando de su sentencia de muerte en Virginia, es quien coordina este esfuerzo.

En entrevista con La Jornada, Wright informó que contando a Tristán, de los 62 extranjeros en esta situación, 36 son mexicanos. De estos últimos, dos sentenciados a pena de muerte podrían ser los próximos connacionales que enfrentarán la misma situación que presentó el caso de Tristán Montoya: Mario Murphy y Ramón Martínez Villarreal.

``El Departamento de Estado tiene la obligación de ser mucho más activo en hacer cumplir a las autoridades de Estados Unidos lo estipulado por la Convención de Viena'', afirmó Wright. Agregó que el acuerdo internacional ha estado vigente por más de 28 años, ``no es algo nuevo''. El caso de Montoya, aseveró el abogado, ``comprueba nuestra posición''.

La respuesta de Texas a la petición del Departamento de Estado, en la que niega aceptar que es firmante de la convención, ``es una visión que fue derrotada en este país en 1865'', en referencia a la Guerra Civil, ya que los estados, según la Constitución, tienen que respetar toda ley internacional suscrita por el gobierno federal, argumentó Wright.

Además, dijo, cuando Clinton estuvo en México con el presidente Ernesto Zedillo, se comprometió a cumplir con el artículo 36, en torno al pleno respeto de los derechos humanos de los inmigrantes. Hoy, con la ejecución de Tristán Montoya, ``un inmigrante mexicano murió y, por lo tanto, el presidente de Estados Unidos no ha cumplido con su promesa''.

Wright insistió: ``Si Estados Unidos de pronto se diera cuenta de que 36 de sus ciudadanos cuyos derechos bajo la Convención de Viena fueron violados en otro país y estaban por ser ejecutados, no lo aceptaría''. Añadió que ``es hipocresía esperar que otros países respeten los derechos de nuestros ciudadanos mientras nosotros pisamos los suyos aquí''. Concluyó que el gobierno estadunidense no puede enfatizar ante sus aliados ``que los derechos humanos son un asunto de importancia en las relaciones internacionales, mientras demostramos que en este país esos derechos no son un asunto de importancia'' en el contexto de cumplir con un tratado internacional.

Lo que los abogados trataron de demostrar ante Albright hace más de un mes, y ante la ONU esta semana en el caso de Tristán Montoya, es una violación sistemática de los derechos humanos, lo que le daría a la Comisión de Derechos Humanos la razón para evaluar el caso de Estados Unidos e intervenir.

El encargado de evaluar estas solicitudes en esa comisión de la ONU, Bacre Walye Ndiaye, es el responsable de Ejecuciones Arbitrarias, y alguien que recientemente emitió un informe crítico sobre la pena de muerte en Estados Unidos, dijo Warren.