Carlos Fuentes
Leyes humanas para inmigrantes humanos

El primer acto jurídico del nuevo gobierno francés de Lionel Jospin nos afecta, directa e indirectamente, a los mexicanos. Se trata de las nuevas disposiciones en materia de inmigrantes indocumentados.

El alcance de la nueva legislación es el siguiente:

Reconoce el derecho a vivir en Francia de los trabajadores extranjeros que hayan fundado una familia en el país, y que trabajan en Francia desde hace varios años sin haber conseguido regularizar su situación.

Así de sencillo. Así de humano. Así de racional.

Las disposiciones del gobierno Jospin y de su ministro del Interior, Jean Pierre Chevenement, reconocen que en las sociedades democráticas los trabajadores extranjeros ilegales realizan trabajos indispensables y se arraigan de manera irrevocable. Si esta situación no se reconoce, se crea una peligrosa, inhumana y acaso explosiva categoría de personas sin derechos. La nueva legislación francesa se propone, por el contrario, establecer un ``estado de derecho humano'', de acuerdo con disposiciones anteriores de la Comisión Europea de Derechos Humanos y de la Comisión Nacional Francesa de Derechos Humanos.

La primera sostiene el derecho de todo trabajador inmigrante, documentado o no, de vivir en familia. La segunda toma en cuenta la vocación de los trabajadores de hacerse franceses. Estar casado con francés o francesa comprueba dicha vocación. Otro factor decisivo para regularizar al indocumentado es que éste aspire a una vida familiar normal y, por último, que la trayectoria del indocumentado demuestre que se trata de personas bien insertadas en la sociedad francesa.

¿No son estas las razones que, con el antecedente francés, un país como México puede invocar en contra de los abusos, tanto legales como de facto, que las autoridades norteamericanas infligen al trabajador migratorio mexicano?

La reciente ley de migración de Estados Unidos le niega a los indocumentados, e incluso a los trabajadores legales, muchos derechos que las nuevas disposiciones francesas les otorgan. No basta que las autoridades norteamericanas digan, como lo declaró en México el presidente Clinton, que Estados Unidos es un país de inmigrantes pero también es un país de leyes. Si las leyes norteamericanas renuncian a los criterios de humanidad, civilización y simple sentido común de leyes como la francesa, esto quiere decir que Estados Unidos es un país de inmigrantes, pero también de leyes injustas hacia los inmigrantes.

Un estudio reciente de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos subraya que los inmigrantes han fortalecido el crecimiento económico de EU, han aumentado la oferta de trabajo, han reducido los precios de bienes y servicios y han restringido el aumento de salarios para los trabajadores norteamericanos poco calificados --no para los que trabajan en las industrias tecnológicas y de crecimiento. Añade la academia que si de manera inmediata el inmigrante recibe hoy beneficios superiores a los impuestos que paga (dato negado por otras investigaciones), a la larga cada inmigrante individual paga 80 mil dólares más en impuestos que en servicos recibidos.

El tema de la migración laboral será uno de los asuntos centrales de la agenda para el nuevo milenio. México y EU, por su particular relación fronteriza y la vasta disparidad de sus economías, tienen una oportunidad de dar ejemplos positivos y orientadores. Estados Unidos no puede refugiarse en una legalidad legal pero injusta; hasta las leyes de ``pureza de sangre'' de los reyes católicos en el siglo XV y las de Hitler en el siglo XX, eran, estrictamente, ``legales''. Pero eran injustas, inhumanas y, al cabo, derogables por la dinámica misma de la historia.

El nuevo gobierno francés nos da ejemplo, a mexicanos y norteamericanos, del camino a seguir para que el inmigrante en el siglo XXI cumpla su función económica y social, que es la de ser el puente entre la aldea global sin rostro y la aldea local de acusado perfil cultural.