El reciente triunfo de los partidos de izquierda en Francia ha reavivado la discusión acerca de si será posible que la Unión Monetaria Europea, que implica la sustitución de las monedas nacionales por la moneda única, el euro, pueda entrar en vigor en la fecha prevista por el Tratado de Maastricht: el 1 de enero de 1999. Según el calendario establecido en Maastricht, el 2 de mayo de 1998, o sea, en menos de un año, la Unión Europea deberá decidir qué países formarán parte del primer grupo que se integrará a la Unión Monetaria. Esta decisión se tomará según el cumplimiento de los criterios establecidos para formar parte de la Unión.

Estos criterios están básicamente orientados a asegurar que el euro nazca como una moneda fuerte y estable, por lo que establecen límites precisos en términos de aumento de los precios y de las variables monetarias y fiscales clave. Según lo acordado en Maastricht, para que un país pueda integrar la Unión Monetaria, su tasa anual de inflación no deberá superar el 2.4 por ciento, la tasa nominal de interés será, como máximo, del 9 por ciento anual, mientras que el déficit y el endeudamiento públicos deberán, a lo más, equivaler al 3 y 60 por ciento, respectivamente, del Producto Interno Bruto.

El problema consiste en que, en la actualidad, sólo un país de la Unión Europea cumple con estos criterios: Luxemburgo. Y evidentemente, la Unión Monetaria con sólo este país como miembro sería una ficción.

Por otra parte, ya Suecia y el Reino Unido han anunciado que no estarán en el primer grupo que adoptará el euro, lo que les permite conservar mayores grados de libertad en la definición de sus políticas fiscales y monetarias. Un caso particular está representado por Dinamarca, país que negoció una cláusula especial que le permite adoptar el euro cuando le convenga a sus intereses, mientras que ya está claro que Grecia no podrá, en ningún caso, formar parte de este primer grupo de países por estar muy lejana del cumplimiento de los criterios de Maastricht.

En suma, de los 15 países que conforman la Unión Europea, ya está claro que cuatro no se integrarán a la Unión Monetaria el 1 de enero de 1999 y que sólo uno cumple inequívocamente con las condiciones establecidas, mientras que los restantes diez miembros de la Unión sólo las satisfacen parcialmente.

La situación detallada con respecto a estos diez países es la siguiente: en este momento todos ellos cumplen con los criterios establecidos con respecto a la inflación y la tasa de interés, pero ninguno con los referidos al aspecto fiscal. Austria, Italia, España y Portugal superan los límites establecidos tanto con respecto al déficit en el presupuesto público como con relación al endeudamiento fiscal, mientras que Irlanda y Holanda no cumplen el criterio del endeudamiento, y Finlandia muestra un déficit en el presupuesto público que supera levemente el límite del 3 por ciento establecido en Maastricht. Quedan Francia y Alemania, los países que son clave en la Unión Europea. Es claro que si uno de ellos quedara fuera de la integración de la Unión Monetaria, ella no podrá nacer.

En estos dos países el problema está representado por el déficit en el presupuesto público: tanto en Francia como en Alemania equivale al 4 por ciento del producto, superando holgadamente el límite de 3 por ciento que se fijó en Maastricht. Sin embargo, para ninguno de ellos será fácil cumplir con esta meta.

El gobierno alemán, obsesionado por la estabilidad monetaria y la firmeza del euro, ha sido inflexible en señalar que los criterios para formar parte de la Unión Monetaria son inflexibles. En particular, el ministro de Finanzas, Theo Waigel, ha insistido en que el 3 por ciento de déficit en el presupuesto público es el 3 por ciento, y que una décima más significa quedar fuera de la Unión. La decisión de reducir el déficit en el presupuesto público alemán llevó a Waigel a proponer la revaluación de las reservas de oro y divisas del Banco Federal Alemán, y a considerar los ingresos derivados de esta operación contable como ingresos públicos, lo que le permitiría a Alemania reducir el déficit y acercarse a los criteros de Maastricht.

Esta maquinación financiera no prosperó, en virtud de la firme oposición del banco central de Alemania, que no aceptó que los criterios de Maastricht se cumplan a través de operaciones de ingeniería financiera. En esta polémica, el banco central defendió firmemente su autonomía con respecto a las decisiones del gobierno, impidiendo que el gobierno alemán la violara por segunda vez. La única ocasión en que el Bundesbank se ha sometido a una decisión gubernamental sin fundamento económico se dio con motivo de la reunificación del país, al aceptar que el tipo de cambio entre los marcos occidental y oriental fuera de uno a uno, paridad completamente irreal, pero que sirvió de señuelo para que los alemanes del Este aceptaran entusiasmados su integración a la Alemania Federal. En esta ocasión el presidente del banco central alemán resistió con éxito a las presiones gubernamentales y defendió su probidad, que, según se cuenta, lo conduce al extremo de que al recibir una carta registrada privada en su oficina pública, firma el recibo con el bolígrafo que es de su propiedad personal, con el propósito de no gastar el que es del gobierno.

Otra vía para aumentar los ingresos públicos es el incremento de los impuestos, pero este camino está prácticamente cerrado, dado que el Partido Liberal, que le permite la mayoría parlamentaria al gobierno, se opone férreamente a todo incremento en los impuestos. Entonces, una decisión de este tipo significaría la caída del gobierno. Por último queda la posibilidad de reducir los gastos, en particular los de orden social, pero esto conduciría a aumentar el desempleo, que ya supera los 4 millones de personas, y a sacrificar aún más los niveles de vida de los sectores más vulnerables.

La posición del nuevo gobierno francés ha sido más ampliamente documentada por la prensa. Una de las promesas de la campaña de Lionel Jospin ha sido el concederle una elevada prioridad a la creación de empleos, que es el desafío más grande que está enfrentando toda Europa. Pero esto no es fácil de conciliar con las políticas monetarias y fiscales restrictivas que se derivan de los criterios de Maastricht. De ahí la insistencia del gobierno francés de tratar en forma especial el problema de la creación de empleos en la reunión de jefes de gobierno de los países comunitarios celebrada en Amsterdam en el transcurso de esta semana.