El proceso electoral que culminará con los comicios del 6 de julio entró ya en su fase final. El próximo fin de semana, el Zócalo de la ciudad de México será el escenario de los actos de cierre de campaña de los principales candidatos a la jefatura del gobierno del DF; reuniones semejantes se realizarán en las capitales de los estados donde están en juego las gubernaturas. Una semana después las propuestas de los partidos contendientes, los desvelos y esfuerzos de sus candidatos, así como sus aspiraciones de gobierno, serán sometidas a la prueba decisiva del voto ciudadano. Si se produce con libertad, sin mediatizaciones ni temores, sin las presiones ilegales como las que ejercen cuerpos policiacos y militares en zonas de Chiapas y Guerrero, el voto ciudadano va a decidir el rumbo del país en los próximos tres años y sentará las bases para la importante cita política del año 2000.
La confrontación es enérgica, sin precedentes en una campaña intermedia en la cual no está en juego la Presidencia de la República. Nunca antes el bloque económico y político en el poder había intervenido con tanta decisión en defensa de sus posiciones políticas y de su modelo económico de desarrollo. En ninguna campaña electoral anterior el Presidente se había convertido, como ocurre hoy con el doctor Zedillo, en un activista encargado de una intensa actividad propagandista encaminada a favorecer al partido oficial y sus candidatos: lo mismo lanza ataques indirectos contra la oposición, cuyas propuestas las califica de utópicas y demagógicas, que viaja al interior del país para hacer promesas --por ejemplo, en la Montaña de Guerrero-- de que ahora sí se van a combatir la pobreza, el atraso y la marginación, o felicita al equipo campeón de futbol, algunos de cuyos integrantes curiosamente se convierten en propagandistas del partido del gobierno.
Es comprensible el activismo presidencial y de otros integrantes del gobierno, así como de algunos líderes empresariales y de la banca en defensa del inmovilismo, sobre todo en materia económica. Antes confiaban en la invencibilidad del PRI, en el control corporativo de los trabajadores del campo y la ciudad al servicio de los intereses gubernamentales; tenían fe ciega en la capacidad manipuladora de los medios de comunicación que mediatizaban el voto ciudadano --todavía lo hacen en alguna medida--, y contaban con una reserva segura: los votos de las zonas más atrasadas del país: Chiapas, Tabasco, Oaxaca, Guerrero y los barrios marginales de las grandes ciudades. Pero la situación ha cambiado en los últimos años y se ha perdido la confianza en el poderío priísta. La oposición ha avanzado en varios estados y las encuestas registran los cambios y los riesgos para el sistema de partido casi único y de un presidencialismo sin acotamientos. De ahí el nerviosismo en el núcleo central del gobierno y su activismo político sin precedentes.
La preocupación mayor del equipo del doctor Zedillo es el repunte del PRD en el país y el avance incontenible de Cárdenas en el DF, como lo confirman las últimas encuestas de Reforma y de la UAM Xochimilco. Con el PAN, el oficialismo tiene bases hasta para la alianza estratégica, como la existente durante el salinismo y los primeros dos años del gobierno de Zedillo. Con el PRD las cosas son diferentes. Desde posiciones moderadas de izquierda, este partido no propone cambios radicales, pero sí rectificaciones y acentos distintos en la política económica, que para los extremistas y dogmáticos del neoliberalismo resultan inadmisibles, pero sí atractivas para quienes han sufrido los atroces resultados de 17 años de neoliberalismo.
Sin proponérselo seguramente, los ataques del líder de los banqueros contra el PRD, mostraron la identidad de intereses de este sector con el gobierno, y que la izquierda representada por el partido del sol azteca es la única alternativa electoral frente al poder del PRI y su estrategia de desarrollo.
En esta confrontación --en su recta final--, entre el inmovilismo y la posibilidad de renovación democrática de la sociedad, economía incluída, hay razones para el optimismo, pero los electores dirán la última palabra el 6 de julio.