La inseguridad pública que padecemos las mujeres y los hombres que vivimos y trabajamos en el Distrito Federal nos aterroriza e irrita. Nos cuesta mucho trabajo comprender por qué el delincuente no está donde debe, es decir, en la cárcel. ¿Por qué las víctimas tenemos que pagar el costo económico y social del delito? ¿Por qué algunas autoridades que debieran cumplir y hacer cumplir la ley no lo hacen?

Las campañas políticas, sin duda, han sido ilustrativas en cuanto a las propuestas que cada candidato a la jefatura del gobierno del Distrito Federal ha desarrollado en materia de seguridad pública. Todos están de acuerdo en que se requiere mayor participación ciudadana, y los ciudadanos también compartimos plenamente esa necesidad.

¿Cómo deberá ser esa participación? A partir de esta interrogante los ciudadanos debemos empezar a involucrarnos. Ya no podemos dejar que sólo la autoridad marque o defina las acciones de participación de la sociedad. Somos nosotros, los que sentimos cada día el crimen y la inseguridad, los que debemos decidir cuál será nuestro papel y cómo lo desarrollaremos.

Los que aspiramos a recobrar la confianza y desterrar el miedo de salir a la calle tenemos la responsabilidad de comprometernos en la tarea de opinar, proponer soluciones, criticar las políticas, vigilar la ley y el actuar de los servidores públicos, y denunciar las irregularidades, corrupciones y negligencias de aquellos que utilizan una investidura pública para traficar con la buena fe o buscar el beneficio propio. En síntesis: democratizar la justicia.

La oportunidad que tenemos los capitalinos de elegir a quien nos gobernará los próximos tres años no se centra únicamente en el sufragio, va más allá. Nos compromete a analizar y opinar sobre el programa del próximo gobierno.

Es importante reconocer los avances que se han tenido. No podemos borrar de la memoria los logros en materia de delitos sexuales o de la especialización del Ministerio Público, la Policía Judicial y los peritos, por citar algún ejemplo. Hoy, contamos con un programa de seguridad pública y, por primera vez, con uno de procuración de justicia que se basa en cuatro estrategias: legalidad, profesionalización, especialización y modernización. Cualquiera que gane el próximo 6 de julio está obligado a respetar, continuar y enriquecer su aplicación.

De la lectura de las plataformas de gobierno que los candidatos de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) han planteado a la sociedad, se puede observar lo siguiente:

El PAN propone una amplia reforma a todo el marco jurídico que, si bien en algunos ordenamientos es necesaria, en otros es excesivo. En relación con la administración de justicia, es de suma importancia el punto referente a la posible colegiación obligatoria de los abogados. El programa para rescatar el sistema de readaptación social y reclusorios es adecuado, sobre todo en la obligatoriedad en el trabajo, la carrera penitenciarista y el establecimiento de mecanismos para la verificación del cumplimiento de penas alternativas. Desafortundamente esa estrategia pierde su seriedad al estigmatizar al homosexualismo o lesbianismo en las prisiones como ``conductas atentatorias contra la dignidad de la persona humana''.

El PRD divide en tres niveles la intervención en la problemática de la seguridad pública: los primeros dos, seguridad pública y justicia, incluyen acciones novedosas y viables como responsabilizar a las autoridades policiacas de un territorio determinado y no sólo en delegaciones; racionalizar la planeación y presupuesto de los recursos de la policía de acuerdo con la incidencia territorial y tipo de delitos, y desarrollar la justicia contencioso-administrativa descentralizada territorialmente. Sin embargo, no se observan planteamientos como el de la justicia de barandilla y la readaptación social, ocasionando con ello cierta incongruencia entre el discurso de campaña y la plataforma de gobierno, ya que en el primero se han establecido estrategias fundamentales para el acceso a la justicia, como equilibrar el horario de trabajo del Ministerio Público con el del juez o atacar frontalmente la corrupción del policía y la estructura jurídico-administrativa.

No obstante, el tercer nivel establece una concepción del alcance que debe tener la justicia sin restringirla al procedimiento penal. Al hablar de responsabilización, moralización del servicio y gestión públicos, se abre la posibilidad de llegar al fin último del derecho: la justicia social.

El PRI esquematiza de manera muy particular los puntos a realizarse en el tema de la seguridad y la procuración de justicia, dividiendo las acciones en propuestas de corto y largo plazos, confundiendo el ámbito de competencia entre las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia, amén de la ambigüedad en los términos o plazos que tendrá cada programa. Eso hace más increíble el compromiso de su candidato de abatir la delincuencia en un año.

Aun cuando la gran mayoría de las propuestas ya existen y han tenido logros, se destacan importantes principios: que el DF tenga la autoridad para otorgar los beneficios preliberacionales y abatir el rezago en el cumplimiento de las órdenes de aprehensión.

La plataforma priísta, expone programas que pretenden hacer reformas ``sustanciales'' a través del simple cambio de nomenclatura, pero con el mismo principio de continuismo, llegando a extremos de violaciones a preceptos constitucionales de profundo sentido social como la figura del Ministerio Público, al proponer la creación del Instituto Policial de Investigaciones contra el Crimen.

Esta apretada síntesis destaca la parte esencial de cada propuesta. Si se aspira a gobernar por y para la sociedad será imperativo diseñar políticas públicas que fortalezcan a las instituciones y no a los hombres o a los partidos.

El ejercicio del poder deberá reunir los principios de transparencia y eficacia no sólo para responder a la demanda social, sino que permitan el pleno derecho ciudadano de ser parte en la toma de decisiones y corresponsables en el respeto de las garantías, los derechos humanos y, sobre todo, de la seguridad y convivencia sociales