ONG: las policías de 21 estados y el DF, ``saturadas'' de oficiales militares

Triunfo Elizalde La Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh) y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (Cmdpdh) coinciden en que la militarización de los mandos de los cuerpos policiacos en la mayor parte de los estados del país sigue aumentando.

Estiman que actualmente en 22 de las entidades federativas las corporaciones civiles encargadas de guardar el orden público, que por disposición del Ministerio Público deben investigar los delitos y llevar a cabo las aprehensiones de presuntos delincuentes, previa orden judicial, ``están saturadas de oficiales militares retirados o con permisos para desempeñar comisiones especiales''.

Según la Cmdpdh, simultáneamente a la creación de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, ``el gobierno comenzó un proceso de militarización de la seguridad pública, que consiste, principalmente, en involucrar a la fuerza militar en labores de auxilio a la autoridad civil, incorporando en los mandos medios y superiores de diversas instituciones policiales a miembros del instituto armado''.

Agrega que a finales de 1996, de acuerdo con información confiable, en 19 estados y el Distrito Federal también en los mandos medios y superiores de los cuerpos de seguridad ya estaban en manos de militares, y lo mismo sucede actualmente en dos entidades más. De hecho, hace un año era del conocimiento público que por lo menos 78 militares de alta jerarquía ocupaban cargos policiales y tenían mando sobre 48 mil 784 efectivos. Se estima que tan sólo en la Secretaría de Seguridad Pública del Departamento del Distrito Federal hay 153 militares en cargos de mando de primer nivel.

Ante tal panorama, los operativos conjuntos de corporaciones policiacas y fuerzas armadas autorizados por el actual esquema de seguridad pública han permitido comprobar que quienes las dirigen y participan desconocen diversos preceptos constitucionales, pues por un lado se viola el artículo 21 constitucional, referente a la garantía que exige legalidad en todo acto de autoridad, ya que corresponde exclusivamente al Ministerio Público la persecución de los delitos.

Por otra parte, agrega, en esos operativos conjuntos se estaría violando el artículo 102 en concordancia con el 104, ambos constitucionales, ``porque es anticonstitucional que el Ministerio Público Federal intervenga en la persecución de los delitos del orden común, y viceversa''.

Tanto para la Cmdpdh, como para la Limeddh, lo expresado en días pasados por el jurista Eduardo López Betancourt, en el sentido de que en el ámbito nacional, ``mientras se adecuan los instrumentos jurídicos internos'', se militarizan (en 75 por ciento los cargos de mando) las corporaciones policiacas, y se instrumenta la Coordinación Nacional de Seguridad Pública, ``fortaleciendo la capacidad represiva del Estado'', es precisamente ese el temor de la sociedad en su conjunto.