Ruy Pérez Tamayo
El sector público y el apoyo a la ciencia

Mi colega y buen amigo, el doctor Carlos Manivel, profesor de patología en la escuela de medicina de la Universidad de Minnesota, EU, tuvo la gentileza de enviarme una copia de un artículo que apareció en el periódico New York Times el 13 de mayo de este año, firmado por el prestigiado periodista científico William J. Broad, con el título ``Un estudio encuentra que la ciencia pública es pilar de la industria''. Broad señala que, en años recientes, en el vecino país del norte la industria privada ha rebasado el gasto del gobierno en investigación científica, por lo que algunos miembros del Congreso, tanto demócratas como republicanos, han sugerido que el apoyo del sector público a la ciencia es ya cosa del pasado y se disponen a recortar el presupuesto que se dedica a este fin entre 14 y 20 por ciento en los próximos cinco años. La idea de que la investigación científica que realmente resuelve problemas concretos y resulta en mejor tecnología y más patentes de procesos y productos explotables comercialmente es la que se lleva a cabo en los laboratorios de las industrias privadas, mientras que en ese renglón la ciencia practicada en instituciones de educación superior ocupa un triste y hasta remoto segundo lugar, está muy generalizada en los altos niveles del poder no sólo empresarial sino también del sector académico. Pues bien, resulta que una compañía privada de investigación, la CIH Research inc., ha estado estudiando desde hace 17 años, en forma crítica y objetiva (o sea, científica) si esta idea es real o no, por medio de un análisis de las patentes registradas en ese país. Los resultados de este estudio ya están circulando en forma de manuscrito en EU, y serán publicados formalmente en la revista Research Policy, ditada en Inglaterra. Broad cita varias opiniones favorables de expertos que han revisado el texto, y además presenta suficientes cifras para convencernos de que se trata de un verdadero parteaguas en la concepción de las relaciones entre la llamada ciencia pública o académica, la ciencia privada o empresarial, y los resultados comercializables de la investigación científica. La compañía CIH Research Inc.analizó las referencias que aparecen en las primeras páginas de las 397 mil 660 patentes norteamericanas en dos periodos, 1987-1988 y 1993-1994, encontró 242 mil citas científicas y examinó las publicadas en los últimos 11 años, que eran el 80 por ciento del total. La búsqueda por computadora en bases de datos ligó 109 mil de estas referencias con revistas específicas, autores y sus direcciones; después de eliminar citas redundantes y artículos sin al menos un autor norteamericano, el estudio se redujo a 45 mil artículos. Un ejército de investigadores revisó cada publicación para establecer la fuente de su financiamiento, y el resultado fue contundente: el 73.3 por ciento había sido apoyado por el sector público, mientras que sólo el 20.4 por ciento provenía del sector privado y el 6.3 por ciento era de origen extranjero. Hasta la compañía IBM (famosa por su generoso apoyo a su propia investigación y por sus numerosas patentes) sólo se refirió a sus publicaciones en el 21 por ciento de sus patentes.

El artículo de Broad se basa en el concepto utilitario de la ciencia, que sólo la concibe como un instrumento para generar tecnología y, por medio de ella, para contribuir al desarrollo económico de la sociedad. A eso se debe que su resumen del estudio de la compañía CIH Research Inc. sea tan positivo. Habrá que esperar a que el trabajo completo se publique para examinar rigurosamente sus premisas, su metodología y sus resultados. Y para los que nos preocupamos por su relevancia para nuestro país, también habrá que establecer semejanzas y diferencias.

Leyendo el artículo del New York Times no pude evitar las comparaciones entre algunos problemas del financiamiento de la ciencia en EU y nuestro país. Desde hace varios años se ha popularizado el reclamo de que la iniciativa privada aumente su contribución económica al desarrollo de ciencia y la tecnología en México, con resultados entre pobres y negativos. El reclamo ha sido oficial, lo que despierta la sospecha de que se hace no por razones de conveniencia pública sino por insuficiencia numismática (o más precisamente, por distribución política del presupuesto). Ahora resulta que en el país más desarrollado y poderoso del mundo, la ciencia más productiva (según criterios de costo-beneficio) no es la generada en los laboratorios de la iniciativa privada sino en los de las instituciones académicas. Creo que esta es una lección que debemos ponderar todos los mexicanos, pero especialmente los empresarios, los investigadores científicos y los funcionarios académicos. Y quizá también el Conacyt, aunque temo que sus políticas no se afectan por estudios del tipo que he comentado.