Desalentar el voto en zonas opositoras, meta del Ejército en Guerrero: 5 ONG

Alma E. Muñoz Ť El ``hostigamiento militar'' en Guerrero pretende inhibir el voto el 6 de julio en la zona de gran apoyo a la oposición, aseguran cinco organismos no gubernamentales y la Secretaría de Derechos Humanos del Partido de la Revolución Democrática (PRD), en un informe sobre una visita que realizaron al estado desde el 29 de mayo hasta el primero de junio, para recabar datos acerca de la violación de derechos humanos en la entidad.

El informe dice que las autoridades agredidas pertenecen al PRD y son víctimas ``de una constante difamación y hostigamiento'', donde se trata de involucrarlas como miembros del Ejército Popular Revolucionario (EPR) o en actividades de apoyo a este grupo armado, a partir de una lista negra de subversivos que existe en poder los altos mandos militares.

Dice también que las comunidades cercanas a los lugares donde se han visto guerrilleros ``han sido prácticamente sitiadas mediante un amplio despliegue militar'', y se realizan tareas de investigación a base de tortura, secuestro, desaparición forzada, detenciones arbitrarias, allanamientos de moradas, robo, amenazas de muerte a los familiares de las víctimas y hostigamiento.

Ante los hechos, otra delegación de 20 observadores de los derechos humanos se trasladó nuevamente a Guerrero, el viernes pasado, para recabar más datos.

Las agrupaciones representadas -el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, los Comités de Derechos Humanos de Tabasco y el José María Morelos y Pavón de Chilapas, el Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, el Comité La Voz de los sin Voz de Coyuca de Benítez y la Secretaría de Derechos Humanos del PRD-- resumen su visita con pocas palabras: ``represión indiscriminada por parte del Ejército Mexicano en contra de autoridades municipales, ejidales, comunales, organizaciones campesinas, líderes sociales y población civil en general''.

Según los observadores, los objetivos del hostigamiento castrense, a un mes de las elecciones, son claros: ``inhibir la participación de los habitantes en las zonas de alta votación para los opositores''.

Esto, siempre de acuerdo con el informe, que fue actualizado hasta el 11 de junio, significa ``un desacierto, pues podría interpretarse como el agotamiento de los cauces legales y pacíficos para expresar el descontento social producido por el abandono en que se encuentran estas comunidades''.

Recuerda que, ya en 1995, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional de la Secretaría de Gobernación sostuvo que ``la organización de grupos armados se ha visto protegida por la actividad política o de supuesta gestoría de organismos sociales y de defensa de los derechos humanos, incluyendo algunos miembros del PRD y PRT'', lo cual, añadió, ``ataca indiscriminadamente a cualquier grupo u organización social o política por encima de la ley''.

A partir de una lista negra de subversivos, según los testimonios recabados por los organismos no gubernamentales y el PRD, el Ejército emprendió la búsqueda de supuestos miembros del EPR.

``Entran a las casas y con engaños detienen a los campesinos, que son trasladados en vehículos militares con los ojos vendados, atados de las manos; los tiran en el piso de los vehículos y se sientan sobre ellos durante horas''. Posteriormente los conducen a un lugar desconocido: ``a todos los amarran del cuello con la misma cuerda, les dan a beber agua, los colocan contra un muro, los cubren con una lona y los golpean en el abdomen hasta que casi pierden el conocimiento''.

Después ``los llevan a una habitación y empiezan a torturar al primero, a los demás los hacen salir, posiblemente con la intención de que no escuchen los interrogatorios''.

En esta etapa, ``el torturador obliga a la víctima a aceptar que ha estado en un enfrentamiento y apoya al EPR con armas, realizando juntas y asambleas, alojando guerrilleros en sus domicilios, dándoles de comer, guardando sus armas y uniformes. Además, sabe donde se encuentran las cuevas o escondites de los guerrilleros''.

Con este antecedente, el informe pone en una lista de desaparecidos al maestro Leonardo Bardomiano Morales y los campesinos Freddy Nava Ríos y Martín Barrientos Cortés, este último actualmente libre.