Los políticos han dicho muchas cosas en el curso de la actual campaña por la gubernatura de la ciudad de México. Hay entre esas declaraciones una que ha sido poco advertida y que vale la pena retomar. Fue Castillo Peraza quien en uno de sus discursos argumentó que los ciudadanos habíamos llegado a tener una imagen negativa de la cosa pública (el término es mío), cuando que el problema reside en la mala administración que de ella se ha hecho por parte del gobierno y sus funcionarios.
La reciente devaluación general de lo público en la organización de la sociedad puede asociarse con el afianzamiento de las políticas que comúnmente se conocen como neoliberales. En México puede apreciarse desde 1982, cuando la crisis puso en evidencia los límites de una serie de políticas que hoy de modo despectivo se denominan como populistas. El conjunto de las medidas de política económica y las diversas reformas a las instituciones y al propio Estado que se han aplicado desde entonces, han alterado fuertemente el balance entre los ámbitos de lo público y lo privado en el país. De alguna forma parece haber una cierta actitud vergonzante con respecto a la acción estatal, paradójicamente proveniente del propio aparato del Estado, y que favorece esa imagen adversa acerca de lo público que ha ido adquiriendo la población.
Castillo Peraza hace bien en volver a plantear el asunto y debería, tal vez, haberlo hecho de modo más enfático, puesto que aborda un tema que hoy es central para el reordenamiento de la economía, de las relaciones políticas, de la procuración de justicia, de la administración de los bienes nacionales y hasta de los valores de la convivencia en el marco de la creciente desigualdad social que priva en el país. Podría haber sido, además, un buen tema de campaña y es interesante que provenga de un movimiento político que se ubica en la derecha, aunque ello no quiera decir que necesariamente con ese discurso, tal y como se presentó, se puedan ganar suficiente votos para contribuir a ganar la elección. Como planteamiento económico, Castillo Peraza lo desglosó en varias partes, entre las que destaco las tres siguientes: controlar los mercados no es nacionalizar, las privatizaciones no son sinónimo de pérdida de control por parte del Estado, y es el propio Estado el ámbito desde el que se exigen responsabilidades y no desde el que se sustituyen responsables. Es precisamente el carácter abstracto de propuestas como éstas lo que hace difícil que con ellas se ganen votos.
Ha sido muy difícil, si no es que imposible, para los responsables de la trunca reforma del Estado en el país, asimilar que el capitalismo no funciona sin Estado. Esto no significa que éste deba tener un determinado tamaño o desempeñar funciones invariables, decirlo no convierte a nadie en adorador del Estado o en emisario del pasado ni promotor de ideas que han probado ya su ineficacia. Estos elementos son parte de un discurso de despistados que puede ser bueno como retórica; decirlo complace a quienes lo oyen y puede sacarse una ventaja, pero cancela el ineludible debate entre lo público y lo privado en el orden social y hasta en las condiciones de la acumulación del capital que haga posible el crecimiento económico. Significa darse cuenta, entre otras cosas, de que los espacios que cede el Estado no necesariamente son ocupados por el sector privado. Véase, por ejemplo, lo que ocurrió con el desplome del ahorro privado en la época de la euforia reformadora del sexenio pasado. No aceptarlo constituye un error dogmático con altos costos políticos, y provoca también una enorme vulnerabilidad productiva y financiera asociada con la larga crisis que padece la economía mexicana. Ello lleva, entonces, a las constantes rectificaciones, a inventar al país cada vez que se presenta un nuevo episodio de esa crisis. Los costos son ya casi incalculables y esos también incluyen la pérdida de votos.