Piden evitar el traslado de 16 indios a Almoloya

Triunfo Elizalde Ť El Secretariado Internacional de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) pide la intervención de la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional de Derechos Humanos para impedir que los 16 indígenas de la región de Los Loxichas, detenidos en prisiones de Oaxaca, sean trasladados al penal de máxima seguridad de Almoloya de Juárez, estado de México.

Llevar a cabo ese traslado equivaldría a negarles el derecho a permanecer en un sitio de detención distinto de los destinados a la ejecución de penas, como dispone el artículo 18 constitucional, se puntualiza en el comunicado dirigido a Emilio Chuayffet, Jorge Madrazo y Mireille Roccatti. Además, quedarían aislados de sus familiares y defensores, ya que entre los estados referidos hay más de 500 kilómetros de distancia.

Los zapotecas encarcelados son Laureano Ramírez García, Prisciliano Enríquez Luna, Amado Valencia Juárez, Virgilio Cruz Luna, Roberto Antonio Juárez, José Pacheco Contreras, Silvano Pacheco Pacheco, Gerardo Ramírez Hernández, Jordán Almaraz Silva, Arnulfo Alvarez Valencia, Antonio Pacheco Sebastián, Genero López Ruiz, Santiago Pérez Almaraz, Guillermo Pacheco, Benito Almaraz y el menor Amado Ortiz Pacheco.

Benito Almaraz fue detenido el 23 de abril de este año y al parecer ``sería el único contra quien habría existido en ese entonces una orden de aprehensión'', mientras el resto fue capturado de manera ``arbitraria''. El menor Amado Ortiz, en tanto, está recluido en el Consejo Tutelar de la ciudad de Oaxaca.

En el mensaje enviado a los tres funcionarios se comenta que según informes dirigidos a la OMCT, ``los detenidos fueron víctimas de actos de tortura física y síquica, aplicados con la finalidad de forzarlos a admitir culpabilidad en la comisión de presuntos delitos penales, por los cuales se les ha iniciado proceso ante el Quinto Juzgado de Distrito de Oaxaca, bajo el expediente número 106/96''.

Preocupa al Secretariado Internacional de la OMCT que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ``considerando la peligrosidad de los detenidos'', haya resuelto su traslado a un juez de distrito de la ciudad de Toluca y que además los procesados sean recluidos en la prisión de alta seguridad de Almoloya, que se encuentra a 550 kilómetros del estado de Oaxaca.

Tal decisión, agrega, ``podría significar además un obstáculo serio en derecho para la defensa de esas personas. Tanto por la precaria o nula confidencialidad de las entrevistas de los procesados y sus abogados como por la presunta ausencia de interpretes de confianza que aseguren la comunicación confidencial, aspecto que es imposible subsanar mediante la interpretación de otros codetenidos, como ocurre en las cárceles normales donde se permiten las entrevistas conjuntas de modo que la traducción de quienes hablan español favorezca la comunicación con los abogados''.

Con base en lo anterior, la mencionada organización de las Naciones Unidas pide, en este caso y en otros similares en los que existen posibilidades de que los detenidos hayan sido víctimas de malos tratos físicos, que ninguna declaración obtenida mediante tortura pueda ser invocada en juicio y que, dado el caso, se decrete la nulidad de toda acción de carácter judicial o administrativo a la que aquélla hubiere dado lugar.

Igualmente, demanda una investigación exhaustiva o imparcial de los actos de tortura que se alegan, con la finalidad de determinar responsabilidades, identificar a sus autores, enjuiciarlos jurídicamente y aplicarles las sanciones penales, civiles y administrativas previstas por las leyes. También solicita que ninguna persona sujeta a detención preventiva, sea recluida o permanezca en sitios destinados a la extinción de las penas.