El descubrimiento, ayer, de una gran cantidad de videocasetes que difaman al Partido de la Revolución Democrática, en una empresa ubicada en esta capital, constituye un hecho grave en sí mismo y es indicativo de hasta dónde han llegado los grupos empeñados en conducir la contienda electoral por el camino de la desinformación, la guerra sucia, las distorsión de declaraciones de partidos y candidatos rivales, la calumnia y la introducción de temor e incertidumbre entre la ciudadanía.

Por si hiciera falta, el hallazgo prueba la existencia de una organización delictiva provista de grandes recursos, empeñada en torcer, por medios ilícitos, las preferencias electorales de la ciudadanía y en sustituir el debate de ideas y propuestas por una difusión masiva de mentiras. En esta medida, no sólo nos encontramos ante una acción que viola las leyes, sino ante un atentado contra el desarrollo democrático del país, la ética y la decencia políticas.

Dadas las circunstancias del descubrimiento, los organismos electorales -el IFE, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales- tienen la obligación perentoria de investigar y determinar las responsabilidades y las autorías de esta acción ilícita, así como de castigar a los culpables de manera ejemplar, sin importar si se trata de personas físicas o morales, organismos o institutos políticos.

Por otra parte, no puede dejar de señalarse que al hallazgo realizado ayer se suman actos como la instalación de carteles atemorizantes y calumniosos --como los que aparecieron el martes, firmados por el Movimiento de Solidaridad Iberoamericana, en diversos puntos del Distrito Federal-- y el uso indebido e inmoral de nombres de entidades, instituciones o medios, que han realizado individuos u organizaciones con propósitos oscuros. Un caso concreto es una pretendida encuesta sobre preferencias electorales que, en nombre de La Jornada, han venido realizando individuos sin escrúpulos en diversas zonas populares de la capital del país. Al respecto, cabe aclarar que esta casa editorial no ha realizado ningún ejercicio estadístico de este tipo; que descalifica de manera rotunda esta usurpación y se deslinda de quienes pretenden utilizar el nombre y el prestigio periodístico de este diario con fines inconfesables.

Por lo que hace a las acciones orientadas a degradar la civilidad política del actual proceso, el partido oficial tiene parte de responsabilidad en la medida en que, desde sus órganos de prensa y propaganda, ha recurrido a la diatriba, el insulto y la calumnia, como en su momento lo señaló el IFE al imponerle --junto al PAN-- una multa por este motivo.

Quienes realizan estos actos lamentables, ya sea en forma abierta, como lo ha hecho el órgano oficial del PRI, o de manera furtiva, como los videocasetes descubiertos ayer, debieran reflexionar sobre el hecho de que sus empeños podrían resultarles contraproducentes e, incluso, terminar por revertírseles, habida cuenta de la existencia de una sociedad con madurez política creciente que reclama de los partidos y candidatos programas y planteamientos concretos para la atención de sus necesidades y demandas, no diatribas y panfletos.

Si bien estas campañas no lograrán su objetivo de manipular las decisiones ciudadanas en materia política ni sus inclinaciones de voto, sí abren espacios a fenómenos indeseables y regresivos que podrían viciar el proceso comicial en su conjunto. Ante esta situación, la sociedad debe mantenerse alerta para aislar y rechazar esas manifestaciones de atraso e incultura políticas, provenientes de quienes, ante el temor de perder la partida, al parecer optan por propinarle un manotazo al tablero.