La militarización en Guerrero, peor que en los 70: un testigo de Aguas Blancas

José Gil Olmos Ť Marino Sánchez, testigo directo de la matanza de Aguas Blancas, asegura que fue un operativo judicial y militar el que se llevó a cabo hace dos años en ese lugar donde fueron asesinados 17 miembros de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS). ``El gobierno federal lo sabía'', sostiene el dirigente campesino de 53 años, quien además afirma que la militarización en Guerrero es ``peor'' ahora que la que se vivió en los años 70, en los tiempos de Lucio Cabañas, y que por ello no hay condiciones para realizar elecciones limpias en julio próximo.

Desde hace dos años, Marino decidió salir de Tepetixtla, su pueblo natal y donde surge la OCSS. En la sierra sur de Guerrero dejó a su familia huyendo de las órdenes de aprehensión que se giraron en su contra y de las amenazas de muerte que, dice, recibió del entonces gobernador Rubén Figueroa. Durante este tiempo, el dirigente y fundador de la OCSS --una de las organizaciones que el gobierno federal ha vinculado con el Ejército Popular Revolucionario (EPR)-- ha radicado en la ciudad de México apoyado por diversos organismos sociales. Y hasta ahora accede a una entrevista.

Al hacer una evaluación de la matanza de Aguas Blancas, Marino Sánchez señala que el gobierno federal ``no tiene voluntad política'' para resolver los problemas de Guerrero y tampoco para castigar a los ``verdaderos culpables'': el gobernador con licencia, Rubén Figueroa, y su ex secretario general de Gobierno, Rubén Robles Catalán.

La mañana del 28 de junio de 1995, Marino viajaba con el contingente de la OCSS que se iba a manifestar en Coyuca de Benítez en demanda de apoyos para labrar la tierra. Como testigo directo de los hechos de Aguas Blancas, asegura que el operativo fue diseñado por autoridades judiciales y militares, entre ellas por el general Arturo Acosta Chaparro, quien en los 70 se encargó de suprimir el movimiento guerrillero que encabezaba Lucio Cabañas.

``El general Acosta Chaparro eliminó la guerrilla en la década de los 70, y sabemos que estuvo en Aguas Blancas, fue su obra. El gobierno lo ha cubierto, lo ha ocultado porque nunca ha sido llamado a juicio. Por eso pedimos que se le abra una investigación a fondo para ver hasta dónde ha contribuido en los asesinatos.

``Sabemos que antes de la matanza tuvo una reunión con Rubén Figueroa y los funcionarios de alto nivel. No fue una casualidad el asesinato de nuestros compañeros, fue un plan bien trazado por parte del gobierno y consideramos que participó Acosta Chaparro, porque es de los que no se tientan en corazón para matar a un campesino. Nosotros vimos que no sólo participó Acosta Chaparro, sino agentes judiciales, a mí me consta, participaron en la masacre y nunca fueron llamados a juicio porque la misma élite en el poder los encubrió. Consideramos que hubo mucha participación de diferentes agrupaciones''.

--¿Consideraría que fue un operativo judicial pero también militar?

--Pienso que fue un operativo judicial y militar porque no solamente se veía que había gente de Gobernación, de alto rango. Indudablemente hubo participación de Seguridad Nacional, del Ejército. Aunque uno no conoce a todo tipo de gobierno, ya no estamos tan ignorantes como en otros tiempos, sabemos identificar a cada clase de persona, por eso considero que hubo participación de Inteligencia Militar.

--¿El gobierno federal sabía lo que estaba pasando?

--Sí.

Marino, quien ha cambiado de imagen desde su estancia en la ciudad de México, asegura que la situación en Guerrero ha empeorado por la militarización, los asesinatos, desapariciones y encarcelamientos que vienen sufriendo desde entonces los campesinos de diversas zonas del estado.

``Creemos --dice-- que en Guerrero no hay condiciones para las elecciones claras y transparentes porque el gobierno ha invadido las comunidades con los militares y la gente no podrá ejercer su voto libremente, teme a las represalias del Ejército y la policía''.

Sin embargo, no descarta los comicios como una forma de lucha social y sostiene que la OCSS mantendrá su lucha legal porque no desean que se repitan la represión, los asesinatos, las desapariciones y los fusilamientos ``que estaban siempre a la orden del día en los 70''.

Acusado junto con Benigno Guzmán de ser integrante de la dirigencia del EPR, Marino rechaza esta aseveración oficial al señalar que forma parte de una ``guerra sucia'' y precisa que el surgimiento de los grupos armados ``es por los grandes males que padece el país''.

Miembro de la OCSS, reconoce que la organización está ``disminuida'' pero no vencida, porque ha entrado en una etapa de fortalecimiento al establecer puentes de coordinación con organizaciones de alcance nacional.

Finalmente advierte la posibilidad de ser aprehendido o asesinado porque ``en Guerrero ser un campesino pobre se paga con la muerte y así se ha demostrado. En Tepetixtla hemos luchado por el bien del pueblo y hemos pagado las consecuencias con la sangre de nuestros compañeros. Ser un campesino pobre es un delito y desgraciadamente nosotros somos pobres y ese es nuestro delito, ser pobres''.

Marchan mujeres en Chilpancingo en pro de los derechos humanos

Raúl García, corresponsal, Chilpancingo, Gro., 25 de junio Ť Unas 70 mujeres marcharon hoy para exigir la desmilitarización del estado, el cese a violaciones a los derechos humanos en la búsqueda de supuestos guerrilleros y que el gobierno federal y el EPR busquen mecanismos para promover el diálogo de pacificación.

Emma Cerón Díaz, de Mujeres Guerrerenses por la Democracia, dijo en nombre de todas las organizaciones que el Ejército Mexicano es responsable de cometer abusos de poder contra la ciudadanía en la región guerrerense de La Montaña, y exigió castigo a los soldados que han cometido esos actos.